En una audaz demostración de fuerza y desesperación, colectivos de la comunidad trans tomaron un salón dentro de la Secretaría de Gobernación (Segob) este jueves. La acción, que comenzó a las 5:56 horas, es una exigencia directa de diálogo con la secretaria Rosa Icela Rodríguez, ante la persistente falta de acuerdos y la ausencia de políticas públicas efectivas que aborden la violencia estructural que azota a esta población.

La protesta se da en pleno mes del Orgullo LGBTIQA+, un periodo que contrasta fuertemente con la cruda realidad que enfrentan las personas trans en México. Según cifras del colectivo Transcontingenta, en lo que va del año se han registrado al menos 15 transfeminicidios, una cifra alarmante que subraya la urgencia de la demanda.

El año pasado, 2025, primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue particularmente sombrío, con 33 crímenes de odio documentados contra mujeres trans. Estos datos, presentados por las propias organizaciones civiles, pintan un panorama desolador y justifican la radicalización de las acciones.

"Estamos aquí también por parte de ‘Las abuelas trans’, no nos hacen ninguna justicia. Lo único que pedíamos era que nos dieran una fecha para dialogar con Rosa Icela y ni eso pudieron cumplir", expresó una de las integrantes del plantón, visiblemente frustrada. La toma se inició tras una movilización en la avenida Bucareli y una mesa de trabajo que no logró concretar una fecha para la anhelada reunión con la funcionaria federal.

Victoria Sámano, activista y una de las voces principales en la protesta, declaró: "Estamos dentro de la Secretaría de Gobernación y no nos vamos a mover de aquí porque no nos quieren dar una fecha de reunión". Su determinación refleja la profunda decepción y la sensación de abandono que sienten muchas personas trans ante la inacción gubernamental.

Entre los grupos que integran esta manifestación se encuentran "Abuelas trans" y "Lleca", un colectivo y refugio que ha dedicado años a exigir una Ley Integral. Esta legislación busca combatir de manera frontal la discriminación y marginación que enfrenta la comunidad trans en todos los ámbitos de la vida.

La protesta también trae a colación la recomendación 42/2024 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en marzo pasado. En dicho documento, la CNDH instaba al Congreso de la Unión a modificar el artículo primero de la Constitución para incluir la identidad de género como una categoría sospechosa de discriminación. Además, se pedía garantizar medidas de protección y considerar la identidad de género como un agravante del delito de feminicidio en el Código Penal Federal.

Sin embargo, la realidad en los estados dista mucho de las recomendaciones. A pesar de los avances legislativos en algunas entidades, 22 estados de la república aún no garantizan el derecho básico a la identidad de género en documentos oficiales sin necesidad de un amparo. Esto significa que miles de personas trans continúan enfrentando barreras burocráticas y legales para ejercer su identidad.

El caso de Querétaro, gobernado por Mauricio Kuri del Partido Acción Nacional (PAN), es particularmente criticado. El gobernador vetó la Ley de Identidad Trans, aprobada tras nueve años de espera, argumentando que la ley, impulsada por la "izquierda radical", permitía cambios de sexo basados en la autopercepción. Esta justificación ignora que la ley aprobada contemplaba a mayores de 18 años y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha dictaminado la inconstitucionalidad de negar el cambio de identidad a menores.

La activista Victoria Sámano denunció que el gobierno de Kuri ha llegado a criminalizar a manifestantes trans, como ocurrió durante la Marcha del Orgullo en el estado, donde la activista María José González afirmó haber recibido amenazas de muerte. El veto en Querétaro obliga a las personas trans a recurrir a juicios de amparo, un proceso costoso e inaccesible para una población con altas tasas de desempleo y precariedad económica.

La presión sobre las instituciones se intensifica. El pasado 16 de junio, la SCJN emitió una advertencia al Congreso de Puebla para que cumpla una sentencia de 2022 que garantiza el acceso a la identidad a las infancias trans. De no acatarla, el recinto legislativo podría enfrentar multas significativas y la posible separación del cargo de tres diputados, demostrando que la justicia, aunque lenta, puede ser forzada.

La toma de la Segob es un grito desesperado por visibilidad y acción. Las personas trans en México no solo enfrentan violencia física y transfeminicidios, sino también una profunda discriminación estructural que se manifiesta en la negación de derechos básicos como el reconocimiento de su identidad. La exigencia de diálogo con Rosa Icela Rodríguez no es solo una petición, es un ultimátum ante la indiferencia y la falta de resultados tangibles.

La comunidad trans, a través de estas acciones contundentes, busca forzar la mano del gobierno federal y de los congresos estatales para que se implementen políticas públicas reales y se legisle en favor de sus derechos. La lucha por la igualdad y la no discriminación continúa, y la toma de la Segob es un capítulo más en esta batalla por la dignidad y el reconocimiento.

El contexto de violencia y discriminación se agrava con la falta de acceso a oportunidades laborales y educativas, perpetuando ciclos de pobreza y vulnerabilidad. La exigencia de una Ley Integral y el reconocimiento pleno de la identidad de género son pasos fundamentales para romper estas cadenas y construir una sociedad más justa e inclusiva para todas y todos.

La respuesta de la Secretaría de Gobernación será crucial. Si bien la toma de instalaciones es una medida extrema, refleja la profunda frustración de una comunidad que se siente ignorada y desprotegida por las instituciones encargadas de garantizar sus derechos humanos.