El 3 de enero de 2026 marcó un antes y un después en la historia de Venezuela. Ese día, una operación militar estadounidense culminó con la captura de Nicolás Maduro, quien ostentaba la presidencia desde 2013. Este evento desencadenó una serie de transformaciones económicas y políticas en la nación, poseedora de las mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial.

Sin embargo, apenas seis meses después, el 24 de junio, Venezuela se vio sacudida por un nuevo y devastador acontecimiento: dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 golpearon el país de forma casi simultánea. Las cifras preliminares hablan de al menos 2,300 personas fallecidas, una cifra que las Naciones Unidas teme que pueda ser significativamente mayor, con hasta 50,000 personas desaparecidas. Miles de ciudadanos han quedado sin hogar y enfrentan una crítica escasez de alimentos y suministros básicos.

Estos dos sucesos, la intervención externa y el desastre natural, configuran un panorama sombrío para un país que ya se encontraba sumido en una profunda crisis económica y política. La situación se agrava por la cuestionada legitimidad de las elecciones de 2024, donde las autoridades afines al chavismo declararon la victoria de Maduro sobre la oposición.

El Poder Bajo Tutela Estadounidense

La relación entre Estados Unidos y Venezuela ha experimentado un giro radical. Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada tras la captura de Maduro y era considerada su mano derecha, mantiene ahora una relación cercana con funcionarios estadounidenses, recibiéndolos en el Palacio de Miraflores con aparente cordialidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado públicamente a Rodríguez, calificándola de colaboradora cercana y afirmando en repetidas ocasiones que Venezuela se encuentra bajo su control.

Analistas como Phil Gunson, del International Crisis Group, sugieren que el poder real reside en la administración Trump, dejando a Rodríguez con un margen de maniobra limitado. "El poder reside principalmente en el gobierno de Trump, y Delcy tiene poco margen de maniobra en realidad", señaló Gunson.

Desde la detención de Maduro, Venezuela ha implementado reformas destinadas a atraer la inversión extranjera, particularmente de compañías estadounidenses, en sectores estratégicos como la explotación de hidrocarburos y minerales. Según Gunson, "Estados Unidos se lleva el petróleo, vende el petróleo y determina hasta qué punto el dinero regresa, cuánto dinero regresa y en qué momento".

La falta de transparencia por parte de Washington sobre las ventas de petróleo venezolano, los ingresos recaudados y el destino de esos fondos, desde que asumió el control de las exportaciones, ha sido señalada por expertos como Roxana Vigil del Council on Foreign Relations (CFR). Gunson describe la situación actual de Venezuela como un "vasallaje", un estado completamente controlado por un "amo externo", planteando serias dudas sobre las verdaderas intenciones de Estados Unidos: si buscan únicamente el beneficio propio o si pretenden facilitar una transición política genuina.

Ausencia de Transición Democrática y Crisis Persistente

Previo a los devastadores sismos, Venezuela mostraba atisbos de recuperación económica, impulsada por la reactivación de las exportaciones petroleras. Sin embargo, estos beneficios no han permeado a la población general. La inflación, una de las más altas del mundo, se situó en un alarmante 524.5% anual en mayo de 2026. El salario mínimo, fijado en 240 dólares, resulta insuficiente para cubrir la canasta básica de una familia de cinco personas, estimada en 700 dólares según cálculos privados.

Tras la captura de Maduro, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, delineó una hoja de ruta de tres fases para Venezuela: estabilización, recuperación y transición democrática. En respuesta, el gobierno de Rodríguez ha mostrado algunas señales de apertura política. Desde el 8 de enero, se inició la liberación de cientos de presos políticos, y el 19 de febrero se promulgó una ley de amnistía que, en teoría, permitiría la excarcelación de miles de personas.

No obstante, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch han criticado la ley por sus deficiencias, que excluyen a muchos detenidos arbitrariamente y dificultan su aplicación práctica. Un reciente signo de diálogo entre el gobierno de Rodríguez y la exparlamentaria Dinorah Figuera sobre una transición democrática, con el respaldo de Estados Unidos, fue anunciado el 18 de junio por el Departamento de Estado.

Sin embargo, la percepción general es de escepticismo. "A pesar de todo eso, no hay realmente ningún inicio de que hubiera empezado el proceso de preparar el terreno para una transición política", advierte Gunson, quien sugiere que figuras clave como Delcy Rodríguez, su hermano Jorge, presidente del Parlamento, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, no tienen intenciones de ceder el poder voluntariamente.

Los Sismos Exponen la Fragilidad del Estado

Los terremotos del 24 de junio, calificados como el peor desastre natural en la historia reciente de Latinoamérica, han alterado drásticamente las perspectivas del país. El colapso de innumerables edificaciones ha dejado un saldo oficial de 2,295 muertos, mientras que la ONU estima que hay unos 50,000 desaparecidos. A pesar de la magnitud de la tragedia, el gobierno ha evitado referirse directamente a las personas desaparecidas, aunque ha informado que, durante los sismos, unas 30,000 personas se encontraban en La Guaira, de las cuales 6,461 fueron rescatadas.

La devastación causada por los sismos ha puesto de manifiesto la fragilidad de las infraestructuras y la capacidad de respuesta del Estado venezolano. La reconstrucción se perfila como una tarea titánica, que requerirá ingentes recursos y una coordinación internacional sin precedentes. La situación actual, marcada por la catástrofe natural y la intervención extranjera, hace aún más improbable una transición política estable y democrática en el corto plazo.

El futuro de Venezuela se presenta incierto, condicionado por la gestión de la crisis humanitaria, la reconstrucción del país y la compleja relación con Estados Unidos, cuyo control sobre los recursos petroleros del país parece consolidado. La esperanza de una recuperación real y una transición política genuina se ve, una vez más, postergada ante la magnitud de los desafíos.

En este contexto, la figura de Donald Trump emerge como un actor central en la configuración del futuro venezolano. Su administración, al controlar los flujos de petróleo y determinar la asignación de recursos, ejerce una influencia decisiva sobre la economía y la política del país caribeño. La falta de transparencia en estas operaciones genera preocupación y alimenta el debate sobre los verdaderos beneficiarios de esta intervención.

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, mientras las organizaciones de derechos humanos instan a una mayor rendición de cuentas y a la protección de la población civil. La reconstrucción de Venezuela no solo implica la edificación de infraestructuras, sino también la restauración de la confianza y la esperanza en un futuro más próspero y democrático.