El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha asestado un nuevo golpe a la ya cuestionada administración de Samuel García, gobernador de Nuevo León, al determinar que incurrió en promoción ilegal con la difusión de su cuarto informe de gobierno. La decisión, unánime por parte de la Sala Superior, subraya una vez más la ligereza con la que Movimiento Ciudadano y sus figuras emblemáticas parecen abordar las normativas electorales, buscando siempre los resquicios para su beneficio político.
La resolución del TEPJF no es un mero tecnicismo; es una clara señal de que las prácticas de promoción personalizada y el uso indebido de recursos públicos, disfrazados de rendición de cuentas, no pasarán desapercibidos. El caso se centra en un evento realizado el 9 de noviembre de 2025, y su posterior transmisión en medios, que claramente excedió el periodo legalmente establecido en Nuevo León para la difusión de informes gubernamentales. Este plazo, que abarca siete días previos y cinco días posteriores a la presentación formal del informe, fue flagrantemente ignorado por el equipo de García.
La presentación oficial del informe de Samuel García tuvo lugar el 15 de octubre de 2025. Conforme a la Constitución local, la ventana para su difusión legítima se extendía únicamente del 8 al 20 de octubre. Sin embargo, el evento en cuestión, cargado de referencias directas a la gestión del cuarto año de gobierno, se llevó a cabo casi tres semanas después de la fecha límite. Esta acción no solo contraviene la ley, sino que también revela una estrategia deliberada para mantener al gobernador en el ojo público fuera de los tiempos permitidos, con claras implicaciones políticas.
La Sala Superior del TEPJF no solo señaló al gobernador, sino que también responsabilizó a los titulares de la Dirección de Comunicación Social y de la Secretaría Particular del Ejecutivo estatal, así como a dos concesionarias de televisión que facilitaron la transmisión. Esta extensión de la responsabilidad es crucial, pues demuestra que la infracción no fue un error aislado, sino una acción coordinada que involucró a diversas instancias del gobierno y a medios de comunicación, lo que agrava la falta.
El Patrón de la Irregularidad Naranja
Este incidente no es un hecho aislado en la trayectoria de Samuel García y, por extensión, de Movimiento Ciudadano. El partido se ha caracterizado por una constante búsqueda de protagonismo mediático, a menudo rozando o directamente cruzando la línea de la legalidad electoral. Desde campañas en redes sociales hasta eventos masivos, la estrategia parece ser la de saturar el espacio público con la imagen de sus figuras, sin importar las restricciones normativas. La “tarjeta amarilla” del TEPJF es un recordatorio de que, aunque se esfuercen por presentarse como una opción fresca y diferente, sus prácticas políticas a menudo replican los vicios de la vieja política.
La denuncia original provino de un ciudadano, quien no solo señaló la difusión extemporánea, sino también otras posibles infracciones como promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña, contratación indebida de tiempo en televisión y uso indebido de recursos públicos. Si bien el TEPJF no encontró elementos para acreditar las acusaciones de actos anticipados de campaña, al no advertir una intención directa de posicionar al gobernador frente a una contienda electoral específica, la sanción por la promoción ilegal del informe es, en sí misma, un indicativo de la falta de rigor y respeto por la ley.
La decisión del TEPJF de dar vista al Congreso local para que determine la sanción correspondiente es un paso importante. Sin embargo, la efectividad de esta medida dependerá en gran parte de la voluntad política de los legisladores de Nuevo León. Históricamente, los congresos locales han mostrado una tendencia a ser indulgentes con los gobernadores de su propio partido o con aquellos con los que mantienen alianzas, lo que podría diluir el impacto de la resolución del Tribunal Electoral.
Este episodio se suma a una serie de controversias que han rodeado a Samuel García desde el inicio de su mandato. Desde acusaciones de enriquecimiento ilícito hasta señalamientos por el manejo de recursos públicos, la administración de Movimiento Ciudadano en Nuevo León ha estado constantemente bajo el escrutinio público y legal. La imagen de un gobierno transparente y apegado a la ley que el partido naranja intenta proyectar se desmorona con cada nueva infracción confirmada por las autoridades electorales.
La insistencia de Movimiento Ciudadano en operar al margen de la ley, o al menos en los límites más laxos de la misma, genera una profunda desconfianza en la ciudadanía. La promesa de una “nueva política” se ve empañada por estas prácticas que recuerdan a los peores vicios del sistema. La sanción del TEPJF es un llamado de atención no solo para Samuel García, sino para todo el partido, que debe reflexionar sobre la coherencia entre su discurso y sus acciones.
En un contexto político donde la credibilidad de las instituciones y de los actores políticos está en constante cuestionamiento, este tipo de resoluciones son fundamentales para mantener un mínimo de orden y equidad. La promoción ilegal de un informe de gobierno, aunque pueda parecer una falta menor, es un síntoma de una actitud más profunda de desapego a las normas que rigen la contienda democrática. El TEPJF ha cumplido con su parte; ahora, la pelota está en la cancha del Congreso de Nuevo León, que deberá demostrar si está a la altura de la responsabilidad de sancionar a su gobernador, o si, como es costumbre, optará por la complacencia política.