La fecha marcada en el calendario, el 1 de julio, no significó un punto final para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Lejos de ello, se convirtió en el pistoletazo de salida para una nueva y prolongada etapa de negociaciones. Representantes comerciales de las tres naciones activaron el mecanismo de revisión previsto en el propio acuerdo, un proceso que, lejos de ofrecer certezas, ha extendido la incertidumbre sobre el futuro del pacto comercial que rige el destino económico de la región.

Marcelo Ebrard, el principal negociador mexicano, ha sido claro al señalar que el 1 de julio no era una fecha de conclusión, sino el inicio de la definición de una hoja de ruta para la revisión del T-MEC. Esta distinción es crucial, pues el artículo 34.7 del tratado contempla diversas vías de continuidad. La más directa, la prórroga automática por 16 años hasta 2042, requiere el consenso de las tres partes. En caso de no alcanzarlo, el acuerdo no se cae, sino que entra en un ciclo de revisiones anuales que podría extenderse hasta la fecha de expiración original del tratado en 2036, con la posibilidad de acordar su extensión en cualquier momento.

La tercera opción, la retirada de alguna de las partes, se considera la menos plausible debido a los elevados costos económicos y geopolíticos que implicaría para cualquiera de los signatarios. México y Canadá ya han cumplido con su parte, enviando durante junio las cartas formales manifestando su interés en extender el acuerdo. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota, Estados Unidos no había comunicado públicamente su postura, lo que genera un clima de expectación y especulación.

La postura del negociador estadounidense, Jamieson Greer, ha sido consistentemente cautelosa. Greer ha anticipado que no se daría una renovación automática el 1 de julio, sino que se daría paso a negociaciones bilaterales y separadas. Incluso, ha llegado a advertir que Estados Unidos podría considerar pasos para salir del acuerdo si esto sirviera para mantener abiertas las conversaciones, sugiriendo la necesidad de protocolos estadounidenses diferenciados para México y Canadá. Meses atrás, su mensaje fue aún más directo: no tenía sentido discutir una extensión si, a su juicio, un socio no cumplía con los términos del acuerdo. No obstante, estas declaraciones no se han traducido aún en hechos concretos, pues la negociación sigue su curso.

Fuentes cercanas al proceso sugieren que la estrategia de Greer se enfoca en lograr modificaciones al tratado sin necesidad de pasar por el escrutinio del Congreso estadounidense. Esto se buscaría a través de cartas paralelas o protocolos complementarios, descritos por la negociadora canadiense Janice Charette como piezas bilaterales "tipo Lego". Esta aproximación busca flexibilidad y agilidad en las negociaciones.

En el centro de la mesa de negociación, Estados Unidos presiona por elevar el contenido de componente estadounidense en los vehículos fabricados en la región a un 50 por ciento, una exigencia que tanto México como Canadá rechazan firmemente. A esto se suman otras fricciones en sectores como el acero, el aluminio y la industria automotriz. Para una administración que ha hecho del déficit comercial y del contenido nacional pilares de su política económica, aceptar una extensión sin modificaciones significativas equivaldría a renunciar a una importante palanca de negociación. Por lo tanto, el escenario más lógico no es un cierre abrupto, sino la continuación de las negociaciones.

El mercado financiero parece interpretar este escenario. Diversas instituciones financieras han fijado sus expectativas en la posibilidad de revisiones anuales, un camino que preservaría el marco vigente del T-MEC pero mantendría un velo de incertidumbre sobre la inversión. Banamex, por ejemplo, considera este escenario como el central, advirtiendo que el proceso podría extenderse hasta la campaña presidencial estadounidense de 2028, influenciado por las elecciones legislativas de noviembre. Banorte asigna una probabilidad ligeramente mayor a una fase de transición a través de revisiones anuales que eventualmente desemboquen en una extensión.

S&P Global Ratings coincide, ubicando como más probable que las negociaciones se prolonguen y obliguen a revisiones anuales del tratado. Barclays habla de un "acuerdo revisado" en lugar de un colapso, una visión compartida por Deutsche Bank y HR Ratings. Incluso el exsubsecretario Juan Carlos Baker recuerda que el mecanismo permite hasta diez revisiones anuales sucesivas, lo que podría extender el proceso hasta 2036.

En resumen, un bloque significativo de instituciones financieras no anticipa una ruptura inminente del T-MEC, pero tampoco una resolución rápida que brinde certeza total. El panorama que dibujan es de una prolongada "zona gris". A esto se suma una señal reportada por Bloomberg, basada en fuentes cercanas al proceso: a estas alturas, no existen propuestas formales sobre la mesa ni una hoja de ruta clara sobre los objetivos de mejora, lo que refuerza la idea de que el plazo del 1 de julio se dejará pasar sin una definición concreta.

La reflexión que surge es que la fecha del 1 de julio, que se presentaba como un punto de definición, podría convertirse en un símbolo de aplazamiento si el desenlace es el de las revisiones anuales, el escenario más probable. Paradójicamente, el mecanismo diseñado para otorgar certeza se transforma en una fuente institucionalizada de incertidumbre. El CSIS lo describe con precisión: operar bajo una "nube de incertidumbre sostenida" desalienta las apuestas de inversión a largo plazo en Norteamérica, lo que a la postre puede ejercer presión sobre el propio gobierno de Estados Unidos.

El costo de esta incertidumbre ya se hace visible. La variación anual de la formación bruta de capital fijo en México ha registrado cifras negativas desde 2024. La ambigüedad generada por la situación del T-MEC congela decisiones empresariales. Las compañías, que planifican a plazos de diez o quince años, se ven obligadas a pausar expansiones y contrataciones ante la falta de claridad. No es necesario que el tratado se rompa para que la inversión se vea afectada; basta con que el horizonte de certidumbre permanezca borroso.

Sin embargo, no todo es pesimismo. México conserva una ventaja competitiva significativa: enfrenta un arancel efectivo promedio cercano al 3.6 por ciento para ingresar al mercado estadounidense, según cifras de la Secretaría de Economía. Esto contrasta con el aproximado 29 por ciento que paga China y los niveles superiores de otros competidores. El T-MEC ha funcionado como un escudo protector, otorgando una ventaja competitiva crucial. La propuesta manufacturera mexicana sigue siendo diferenciada y atractiva en el contexto global.

El desafío reside en que esta ventaja competitiva se ve tamizada y potencialmente erosionada por la persistente incertidumbre sobre el futuro del propio tratado. La administración de esta incertidumbre se ha convertido en el principal reto para la estabilidad económica de la región.