La inminente revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC) en 2026 no es un mero trámite técnico; se vislumbra como un punto de inflexión crucial para la estructura de poder en México. A diferencia de Estados Unidos, donde la Ley de Comercio de 1974 establece un marco regulatorio detallado para las negociaciones, en México, la dinámica es marcadamente diferente. La falta de un marco legal robusto y la tendencia a la centralización del poder en la figura presidencial han creado un escenario donde las reglas del juego son dictadas por quien ostenta la silla principal.

Jorge Molina Larrondo, un consultor independiente con experiencia en las negociaciones del TLCAN, señala una debilidad inherente en el proceso mexicano: "El proceso de negociación en México no está tan definido como en EU". La ley, en su ambigüedad, otorga a la Secretaría de Economía la coordinación con Hacienda y Relaciones Exteriores, pero deja un amplio margen de maniobra al presidente para moldear la estrategia y el equipo negociador a su conveniencia, a menudo priorizando la lealtad política sobre la capacidad técnica.

Históricamente, el sector privado mexicano ha tenido un canal de influencia institucionalizado a través de organismos como el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) y el conocido "cuarto de junto". Sin embargo, la administración actual ha optado por desmantelar estas estructuras, concentrando el diálogo y la toma de decisiones en un círculo íntimo. Esta centralización ha generado preocupación entre los empresarios, quienes ven mermada su capacidad de incidir en un acuerdo que impacta directamente sus operaciones y el futuro económico del país.

La falta de obligación legal para que el gobierno escuche al sector privado es un punto crítico. Molina Larrondo enfatiza que figuras como Marcelo Ebrard, actual Secretario de Economía, no tienen un mandato legal para atender las demandas del sector empresarial, representado por líderes como José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Esta ausencia de compromiso legal abre la puerta a que las decisiones se tomen sin la consulta o el consenso del sector productivo.

El vacío dejado por la menguante influencia del COMCE no ha sido llenado por mecanismos formales, sino por una red de figuras cuya autoridad emana de su cercanía al poder presidencial, más que de sus cargos oficiales. Esta estructura paralela, aunque influyente, carece de la transparencia y la rendición de cuentas que caracterizan a las negociaciones formales, generando incertidumbre sobre los verdaderos intereses que se defienden.

Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), ha expresado abiertamente su inquietud ante la exclusión del "cuarto de junto" de las negociaciones. Esta exclusión significa que el peso técnico de la negociación recaerá enteramente en el gobierno, sin el aporte directo y la experiencia del sector privado, que conoce de primera mano las complejidades y desafíos de sus respectivas industrias.

Al frente del equipo negociador mexicano se encuentra Marcelo Ebrard, cuya trayectoria política lo posiciona como un actor clave para navegar las complejas relaciones bilaterales. Sin embargo, la operación diaria y la gestión de los equipos negociadores recaen en Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior. Según expertos, Gutiérrez es el verdadero "operador" que coordina las labores de los distintos grupos encargados de temas como reglas de origen, aranceles y solución de controversias.

Un punto de gran incógnita es la figura del director general de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional. En administraciones pasadas, este puesto era ocupado por técnicos de carrera con profundo conocimiento legal. Hoy, la falta de claridad sobre el expertise de quien ocupe esta posición genera dudas sobre la solidez jurídica del acuerdo que se negocie, un aspecto fundamental para su durabilidad.

Samantha Atayde, socia de RRH Consultores y exabogada jefe en las negociaciones del T-MEC, subraya la importancia del "blindaje jurídico" de los acuerdos comerciales. La coherencia con el Tratado y la protección de los intereses nacionales dependen de la solidez legal de los detalles, que a menudo son pasados por alto en aras de la viabilidad política a corto plazo. Un acuerdo jurídicamente débil es vulnerable a cambios de gobierno, presiones económicas y tensiones geopolíticas.

En este tablero de poder, Altagracia Gómez Sierra emerge como una figura influyente. Como coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), su rol es alinear al sector manufacturero con la estrategia gubernamental. A pesar de su influencia, su posición carece de un anclaje legal formal, lo que refuerza la idea de que su poder deriva de su cercanía al presidente y no de un nombramiento oficial con responsabilidades definidas.

José Medina Mora, presidente del CCE, intenta matizar la situación hablando de "coordinación" y "trabajo en equipo" con figuras como Gómez Sierra, Julio Berdegué y el embajador Roberto Lazzeri. Sin embargo, la realidad es que la relación del sector privado con la Secretaría de Economía sigue dependiendo, en gran medida, de la voluntad del titular, Marcelo Ebrard, y de la dinámica de poder interna del gobierno.

La revisión del T-MEC en 2026 se presenta, por tanto, no solo como una negociación comercial, sino como un reflejo de la arquitectura de poder en México. La centralización de las decisiones, la exclusión del sector privado y la priorización de la lealtad política sobre la experiencia técnica plantean serios interrogantes sobre la capacidad de México para defender sus intereses de manera efectiva en el escenario internacional.