El subsecretario del sistema penitenciario de Chihuahua, Ricardo Fernández Acosta, reconoció que fue accionista de Grupo Especial Mamba Negra, una empresa señalada por autoridades estadounidenses por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la compañía debido a su supuesta relación con la organización criminal. La medida forma parte de las acciones que Washington implementa contra estructuras financieras ligadas al narcotráfico.

Fernández Acosta ocupa actualmente un cargo estratégico en la administración estatal, responsable de supervisar el sistema carcelario de Chihuahua, una de las entidades con mayor presencia de grupos del crimen organizado en el país.

La revelación plantea interrogantes sobre los procesos de verificación de antecedentes en nombramientos de funcionarios que ocupan posiciones sensibles en materia de seguridad pública. El subsecretario no ha detallado el periodo en que mantuvo su participación accionaria ni las circunstancias de su salida de la empresa.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido pronunciamiento oficial sobre las implicaciones que este vínculo empresarial podría tener en la permanencia del funcionario en su cargo. La administración de Chihuahua enfrenta cuestionamientos sobre la idoneidad de mantener en funciones a un servidor público con ese historial corporativo.

La designación de Fernández Acosta al frente del sistema penitenciario cobra particular relevancia considerando que las cárceles chihuahuenses han sido escenario de disputas territoriales entre organizaciones criminales rivales.