Carlos Slim, presidente honorario de América Móvil y Grupo Carso, solicitó a las autoridades mexicanas replantear el esquema de registro telefónico vigente, alertando sobre posibles afectaciones a millones de usuarios derivadas del plazo reducido establecido para la vinculación de líneas móviles con datos oficiales.
En conferencia de prensa, el magnate de las telecomunicaciones señaló que la política debería ser objeto de un nuevo análisis para evitar impactos negativos en la base de clientes, especialmente en el segmento de prepago, que concentra la mayor parte del mercado de telefonía celular en el país.
"El registro telefónico debe ser 'reestudiado' por las autoridades para evitar afectaciones a las personas ante el corto plazo de vinculación de líneas móviles que se contempló", expresó Slim, quien reconoció incertidumbre particular en el comportamiento del prepago, calificándolo como la vertical más compleja del proceso.
La preocupación del empresario cobra relevancia ante las cifras recientes de Telcel, operadora líder del grupo. Durante el primer trimestre de 2025, la compañía incorporó 91,000 usuarios de pospago, pero simultáneamente reportó la desconexión de 482,000 clientes de prepago, evidenciando el impacto inicial de la regulación.
El segmento de prepago representa aproximadamente 80% del total de líneas móviles en México, lo que amplifica el alcance potencial de cualquier distorsión en el mercado. Telcel mantiene la base de recarga más grande del país con 68.2 millones de clientes, consolidándose como el principal operador en esta categoría.
Según datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, hasta el 19 de mayo se habían registrado 49.5 millones de líneas telefónicas, equivalente a un avance de 30.7% respecto al universo total de números móviles en operación. La cifra implica que en apenas seis días se sumó un millón de líneas registradas adicionales, manteniendo un ritmo de aproximadamente 250,000 registros diarios.
La política de vinculación de líneas móviles entró en vigor el 9 de enero pasado, estableciendo plazos que, según Slim, resultaron insuficientes para garantizar una transición ordenada que proteja los intereses de los usuarios, particularmente aquellos en el segmento de menor ingreso que tradicionalmente utilizan servicios de prepago.