En un giro que levanta cejas y siembra dudas sobre la coherencia de su discurso, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha optado por el silencio ante una controvertida reforma judicial que permitiría a los magistrados electorales extender su tiempo en el cargo, e incluso participar en futuras elecciones.

La propuesta, impulsada por el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna, esposo de la legisladora Diana Karina Barreras, busca modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan ser reelegidos. Esto, en la práctica, podría significar que algunos de ellos permanezcan en sus puestos por periodos extraordinariamente largos, cercanos a los 17 años, y que además puedan competir nuevamente por el cargo en los comicios de 2028.

Lo que resulta particularmente llamativo es la postura de Sheinbaum, quien en el pasado ha sido una férrea defensora de la no reelección indefinida en cargos públicos. De hecho, ella misma impulsó una iniciativa para eliminar la reelección de diputados y senadores. Su actual reticencia a opinar sobre la reforma electoral contrasta fuertemente con su activismo previo en contra de la permanencia prolongada en el poder.

“No quisiera yo opinar al respecto”, fue la escueta respuesta de la mandataria capitalina cuando se le cuestionó sobre la reserva aprobada por la Cámara de Diputados. Acto seguido, intentó deslindarse de la decisión, atribuyéndola al Congreso: “Es una decisión del Congreso”.

Ante la insistencia de los reporteros sobre si esta medida no generaría una ventaja indebida para los magistrados en futuras contiendas electorales, Sheinbaum se limitó a señalar que el Congreso tendría la facultad de regular las condiciones. “La gente tomará su decisión”, sentenció, dejando en el aire la implicación de que el electorado será el único juez.

La minuta, que ya fue enviada al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación, ha generado un intenso debate. Críticos señalan que esta reforma podría sentar un peligroso precedente, erosionando los principios de alternancia y renovación en el servicio público, especialmente en un órgano tan sensible como el TEPJF, encargado de impartir justicia en materia electoral.

La composición actual de la Sala Superior del TEPJF incluye a figuras clave como Gilberto de G. Bátiz García (Magistrado presidente), Claudia Valle Aguilasocho, Mónica Aralí Soto Fregoso (quien validó la elección presidencial de 2024), Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón (quien propuso anular la elección judicial). La posibilidad de que estos magistrados extiendan su permanencia genera interrogantes sobre la independencia y la imparcialidad del tribunal en futuros procesos electorales.

La postura de Sheinbaum, quien se ha posicionado como una figura clave dentro de la 4T y aspirante a la sucesión presidencial, es vista por muchos como una maniobra política para evitar confrontaciones internas dentro de Morena o para no alienar a sectores del partido que podrían beneficiarse de esta reforma. Su silencio, en este contexto, es más elocuente que cualquier declaración.

La reforma judicial, en su conjunto, ha sido uno de los temas más polémicos de la agenda legislativa reciente. Si bien el objetivo declarado es agilizar la justicia y mejorar el desempeño de los tribunales, las disposiciones sobre la reelección de magistrados electorales han encendido las alarmas de organizaciones civiles y de la oposición política, quienes ven en ello un intento por perpetuar a ciertos actores en el poder y cooptar las instituciones.

El hecho de que la propuesta provenga de un diputado de Morena y que la Jefa de Gobierno, proveniente del mismo partido, evite emitir una crítica contundente, refuerza la percepción de que existe una línea oficialista, aunque sea tácita, de apoyo a esta medida, a pesar de las contradicciones con discursos previos.

La oposición, por su parte, ha criticado duramente la iniciativa. Argumentan que la reelección indefinida en el TEPJF podría comprometer la autonomía del órgano y su capacidad para actuar como contrapeso en procesos electorales futuros. Se teme que los magistrados, buscando asegurar su continuidad, puedan verse influenciados por consideraciones políticas en lugar de por la estricta aplicación de la ley.

El Senado de la República ahora tiene la palabra. La forma en que aborde esta reserva, y si decide mantenerla o desecharla, será un indicador importante de la dirección que tomará la justicia electoral en México y de la capacidad de las instituciones para resistir presiones que busquen perpetuar a ciertos actores en el poder.

La jugada de Sheinbaum, al mantenerse al margen, podría ser interpretada como una estrategia para no quemarse políticamente, dejando que el Congreso asuma la responsabilidad directa de una decisión impopular. Sin embargo, para muchos, su silencio es una clara señal de complicidad, un abandono de sus principios declarados en aras de la conveniencia política.

El debate sobre la reelección en México no es nuevo, pero su aplicación a magistrados electorales añade una capa de complejidad y riesgo. La decisión final sobre esta reserva tendrá repercusiones significativas en la confianza pública en el sistema electoral y en la percepción de la independencia judicial en el país.