La presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de las críticas emitidas por la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, respecto a la reforma electoral diseñada para detectar vínculos entre candidatos y el crimen organizado. Durante su conferencia matutina del martes, la mandataria aseguró que la titular del INE malinterpretó la propuesta.
"Yo creo que ella está entendiendo mal la propuesta que estamos haciendo", señaló Sheinbaum al refutar las advertencias de Taddei sobre una posible vulneración a la neutralidad del órgano electoral. La consejera había expresado el día anterior que el mecanismo podría convertir al INE en "juez y parte", comprometiendo su imparcialidad frente a las fuerzas políticas.
La presidenta aclaró que la iniciativa no otorga nuevas facultades al INE ni lo convierte en autoridad de procuración de justicia. El instituto únicamente recibiría solicitudes de verificación presentadas por los partidos políticos y las canalizaría a instancias especializadas como la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes informarían sobre posibles antecedentes de lavado de dinero u otros delitos.
Según la propuesta gubernamental, se crearía una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas integrada por cinco consejeros electorales del INE, elegidos para un periodo de tres años. Estos tendrían acceso a información proporcionada por instituciones de seguridad e inteligencia del Estado, incluyendo el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La información obtenida sería confidencial y serviría exclusivamente para que los partidos políticos determinen si mantienen o retiran determinadas postulaciones. "No se les está pidiendo que resuelvan", enfatizó Sheinbaum, subrayando que la decisión final sobre las candidaturas corresponde únicamente a los institutos políticos, no al INE.
La reforma será analizada durante el periodo extraordinario en el Congreso de la Unión, de cara a las elecciones intermedias de 2027. La iniciativa surgió tras operativos como la 'Operación Enjambre' en el Estado de México y Morelos, donde fueron detenidos alcaldes y exalcaldes señalados por presuntos nexos con organizaciones criminales.
Taddei había advertido que obligar al INE a juzgar la probidad de las personas colocaría a la institución "en el centro de la disputa política", vulnerando su papel como autoridad neutral. Sin embargo, la presidenta insistió en que el mecanismo propuesto mantiene al instituto como un simple canal de comunicación entre partidos y autoridades de seguridad.