En un evento en Coatzacoalcos, Veracruz, la aspirante presidencial de la autodenominada Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, ha vuelto a poner sobre la mesa una propuesta que, según ella, beneficiará a miles de servidores públicos: la creación de una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones.
Esta iniciativa, que Sheinbaum asegura haber presentado previamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE), se suma a un discurso recurrente de la 4T sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de retiro y garantizar un futuro digno para los trabajadores.
Sin embargo, la promesa de una aseguradora pública para pensiones no es nueva. Ha sido un tema recurrente en discusiones sobre el sistema de pensiones mexicano, y la propia administración federal ha explorado diversas vías para mejorar las condiciones de jubilación de los trabajadores al servicio del Estado.
La propuesta de Sheinbaum se centra en fortalecer el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste), argumentando que esto garantizará que los maestros y otros servidores públicos se retiren bajo un esquema de "mucho mayor beneficio". La idea es crear un ente público que gestione de manera más eficiente y transparente los recursos destinados a las pensiones.
El discurso oficialista insiste en que las administraciones anteriores, particularmente las de corte neoliberal, desmantelaron o debilitaron los sistemas de seguridad social, dejando a los trabajadores en una situación precaria. La 4T, en contraste, se presenta como la fuerza política que busca revertir ese supuesto daño y construir un sistema más justo y equitativo.
No obstante, las promesas de campaña y las iniciativas presentadas por el gobierno de la 4T a menudo se topan con la realidad de la ejecución y la falta de resultados tangibles. La historia reciente de México está plagada de proyectos ambiciosos que, por diversas razones –falta de presupuesto, corrupción, ineficiencia administrativa o simplemente falta de voluntad política–, no logran materializarse o no cumplen las expectativas generadas.
En el caso de las pensiones, la preocupación principal radica en la sostenibilidad financiera del sistema. México enfrenta un envejecimiento poblacional significativo, lo que ejerce una presión creciente sobre los fondos de pensiones. La creación de una nueva aseguradora pública, o el fortalecimiento de una existente, requiere de un análisis actuarial riguroso y de un compromiso presupuestario a largo plazo que, hasta ahora, no ha sido detallado por completo.
Además, la experiencia con otros fondos y fideicomisos públicos bajo la administración de Morena ha generado escepticismo. La desaparición de fideicomisos, la centralización de recursos y la opacidad en el manejo de ciertas partidas presupuestarias han alimentado las dudas sobre la capacidad del gobierno para gestionar de manera eficaz y transparente un sistema tan sensible como el de las pensiones.
Los críticos señalan que, más allá de la retórica, lo que se necesita es una reforma estructural profunda que aborde las causas de la insuficiencia de las pensiones, incluyendo la precariedad laboral, los bajos salarios y las lagunas en las cotizaciones. Una aseguradora pública, por sí sola, podría no ser suficiente si no se acompaña de políticas económicas y laborales que mejoren las condiciones generales de los trabajadores.
La propuesta de Sheinbaum, vista desde una perspectiva crítica, podría interpretarse como un intento de ganar el favor de un sector importante del electorado, como lo son los trabajadores del Estado y los maestros, quienes históricamente han sido bases de apoyo para movimientos políticos de izquierda. Sin embargo, la viabilidad y los beneficios reales de esta iniciativa quedan en entredicho ante la falta de detalles concretos y el historial de promesas incumplidas.
El "mucho mayor beneficio" que promete Sheinbaum para los maestros y servidores públicos suena atractivo, pero la pregunta fundamental es: ¿cómo se financiará este mayor beneficio? ¿Se traducirá en aportaciones mayores por parte del Estado, o implicará una carga adicional para los propios trabajadores? ¿Se garantizará que los fondos no sean desviados o mal administrados, como ha ocurrido en otros casos?
La historia de las pensiones en México es compleja y sensible. Las reformas implementadas en décadas pasadas, si bien buscaban la sostenibilidad, también generaron controversias por la reducción de las prestaciones. La 4T se ha comprometido a revertir algunos de esos efectos, pero las soluciones propuestas hasta ahora, como esta aseguradora pública, parecen más un eco de viejas promesas que una estrategia innovadora y financieramente sólida.
En definitiva, la propuesta de Claudia Sheinbaum sobre la aseguradora pública de pensiones debe ser analizada con cautela. Si bien la intención de beneficiar a los trabajadores es loable, la falta de transparencia, los antecedentes de la 4T en el manejo de fondos públicos y la complejidad inherente al sistema de pensiones obligan a mantener un sano escepticismo hasta que se presenten planes concretos y financieramente viables.
El desafío para Sheinbaum no es solo anunciar programas, sino demostrar que tiene la capacidad y la voluntad política para implementarlos de manera efectiva, transparente y sostenible, garantizando que las promesas de un "mucho mayor beneficio" no se queden, una vez más, en el aire.