La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa un dato que, de ser cierto en su totalidad, representaría un hito en la seguridad pública del país: una reducción del 46% en los homicidios dolosos desde que asumió el cargo. Según cifras oficiales, se pasó de un promedio diario de 86.9 asesinatos en septiembre de 2024, último mes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a 47.3 en el mes de junio de 2026. "Treinta y nueve homicidios menos diarios que en septiembre de 2024, son 39 vidas diarias. 39 mexicanas y mexicanos que no fallecieron por acciones violentas; 39 vidas salvadas cada día. Es una cifra histórica", declaró la mandataria en su conferencia matutina, desafiando al mundo a mostrar un logro similar.

Sin embargo, esta aparente victoria en materia de seguridad no ha estado exenta de polémica y escepticismo. La magnitud de la baja ha generado suspicacias entre analistas y la opinión pública, quienes exigen mayor transparencia y rigor en la presentación de las estadísticas. Si bien el gobierno federal, y en particular el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, atribuyen esta disminución a una estrategia exitosa que incluye la captura de "generadores de violencia", la explicación oficial de la presidenta Sheinbaum se centra en un enfoque más social y preventivo.

La estrategia, según la presidenta, se basa en "atender a los jóvenes", expandiendo programas como "Jóvenes Construyendo el Futuro", y realizando un trabajo de "casa por casa" en zonas de alta incidencia delictiva. Este enfoque, que implica identificar necesidades familiares, canalizar a jóvenes a la escuela o al programa de empleo, y fomentar actividades comunitarias, es presentado como un esfuerzo discreto pero fundamental que "se ve poco, que no es las ocho columnas de un periódico". La mandataria insiste en que esta labor de proximidad y atención a las causas profundas de la violencia es la clave del éxito.

No obstante, la propia Sheinbaum reconoce implícitamente la necesidad de validación externa. "Quizá. Es decir, tan prometedora tendencia se tiene que consolidar en el tiempo, y estudios externos e independientes han de validar lo que la presidenta da como explicación", señala la nota original. La pregunta que queda en el aire es si esta tendencia se mantendrá y si podrá ser corroborada por fuentes ajenas al gobierno, lo cual, de ser así, sin duda merecería la atención mediática que la propia mandataria anhela.

Pero la narrativa oficial sobre la baja de homicidios se complica al contrastarla con otra realidad preocupante: el uso extensivo de la prisión preventiva oficiosa. Un reporte reciente del periodista Arturo Ángel, citado en la fuente original, revela que entre abril de 2025 y abril de 2026, la población carcelaria en México aumentó en 21,000 personas. Lo más alarmante es que el 90% de estos nuevos reclusos se encuentran en prisión preventiva, es decir, están encarcelados sin haber sido condenados por un juez y sin que se les haya probado un crimen.

Esta práctica ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, quienes la consideran una violación flagrante a las garantías individuales y al debido proceso. La comparación con El Salvador del presidente Nayib Bukele, quien también ha presumido una drástica reducción de homicidios a costa de medidas de seguridad extremas y un estado de excepción que suspende garantías, se vuelve inevitable. El gobierno salvadoreño reportó una baja de casi 70% en asesinatos en 2023.

La pregunta que surge es si México, bajo la administración de Sheinbaum, está replicando, de manera velada o no, algunas de las tácticas que han sido criticadas en El Salvador. "¿Eso no es violatorio de sus derechos humanos? ¿No es, así no se construyan cárceles para tal efecto, lo que hace Bukele?", cuestiona la fuente. La respuesta, para muchos, parece ser afirmativa, al menos en lo que respecta a la privación de libertad de miles de personas sin un proceso judicial concluyente.

La discrepancia entre la celebración de una baja en homicidios y el aumento de personas en prisión preventiva sin juicio crea una imagen contradictoria del gobierno. Por un lado, se presenta un éxito en la pacificación del país; por otro, se observa un sistema de justicia que parece recurrir a medidas coercitivas extremas, similares a las implementadas en regímenes autoritarios, para alcanzar sus objetivos de seguridad.

La presidenta Sheinbaum pide que le muestren otro país con una reducción de homicidios comparable. Sin embargo, la crítica se centra en si esa reducción se está logrando a costa de los derechos fundamentales de miles de ciudadanos. La falta de procesos judiciales claros para una gran mayoría de los detenidos plantea serias dudas sobre la sostenibilidad y la legitimidad de las cifras de seguridad presentadas.

El gobierno federal insiste en que la estrategia de seguridad es integral y abarca desde la atención a las causas hasta la disuasión y la captura de delincuentes. Sin embargo, la opacidad y las posibles irregularidades en el uso de la prisión preventiva amenazan con empañar cualquier logro en materia de seguridad. La exigencia de transparencia y respeto a los derechos humanos se vuelve crucial en este contexto.

La comparación con El Salvador, aunque incómoda, pone de manifiesto los riesgos de priorizar las estadísticas de seguridad por encima del Estado de derecho. La pregunta no es solo si se están salvando vidas, sino cómo se están salvando y a qué costo para la sociedad y para los principios democráticos.

En última instancia, la credibilidad de las cifras de seguridad del gobierno de Sheinbaum dependerá de su capacidad para demostrar que los avances se logran dentro del marco legal y con pleno respeto a los derechos humanos. La opacidad en el sistema penitenciario y el uso masivo de la prisión preventiva son obstáculos significativos para alcanzar esa credibilidad.

La mandataria ha lanzado un reto al mundo para que le muestren un país con resultados similares. La respuesta, sin embargo, podría venir no solo de otros países, sino de la propia sociedad mexicana, que exige respuestas claras y un compromiso inquebrantable con la justicia y los derechos fundamentales.