La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo optó por la vía de la devolución voluntaria en lugar del desafuero para el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, quien enfrenta señalamientos por presunta apropiación irregular de inmuebles en Campeche durante su gestión como gobernador.
En declaraciones públicas, la mandataria federal dejó claro que considera más conveniente que el político priista "regrese lo robado" a iniciar un proceso penal que implicaría quitarle el fuero como legislador federal.
La postura presidencial genera interrogantes sobre la aplicación de la ley en casos de presunta corrupción de alto perfil. Mientras el discurso oficial ha enfatizado el combate a la impunidad, la propuesta de Sheinbaum sugiere una salida negociada para uno de los principales aliados legislativos de su gobierno.
Moreno Cárdenas, conocido como "Alito", ha sido señalado en múltiples ocasiones por presuntos actos de corrupción durante su paso por la gubernatura campechana. Las acusaciones incluyen el despojo de propiedades mediante mecanismos irregulares que habrían beneficiado a su círculo cercano.
La declaración presidencial contrasta con el tratamiento que otros casos de corrupción han recibido en administraciones anteriores, donde se privilegiaba la acción penal sobre acuerdos extrajudiciales.
Críticos de la postura señalan que la devolución de bienes sin consecuencias penales establece un precedente peligroso: funcionarios podrían apropiarse de recursos públicos sabiendo que, en el peor escenario, solo tendrían que devolverlos.
El PRI, partido que Moreno Cárdenas preside, ha mantenido una relación de colaboración estratégica con el gobierno de la Cuarta Transformación en el Congreso de la Unión, votando a favor de iniciativas clave del oficialismo.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la República ni autoridades campechanas han anunciado acciones legales concretas contra el dirigente priista por los hechos denunciados.