El gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado un nuevo y sonoro tropezón en su afán por presentar proyectos innovadores que, en la práctica, resultan ser meras ocurrencias sin sustento legal. El más reciente ejemplo es el llamado Olinia, un miniauto eléctrico que, lejos de ser una solución de movilidad, se ha convertido en un dolor de cabeza regulatorio para la administración.

Presentado con bombo y platillo, el Olinia prometía revolucionar el transporte urbano con un precio estimado de 150,000 pesos y capacidad para seis pasajeros. Sin embargo, tras el brillo inicial, emerge la cruda realidad: este vehículo, diseñado para alcanzar apenas 50 kilómetros por hora, no cumple con ninguna normativa vigente para circular en México. La 4T, en su afán por la propaganda, parece haber olvidado lo más básico: la ley.

Un Vacío Legal Monumental

El problema central radica en la Norma Oficial Mexicana (NOM-194-SE-2021), que establece los requisitos de seguridad para vehículos ligeros nuevos. Esta norma, diseñada para automóviles convencionales que circulan en carreteras y autopistas, clasifica a los vehículos por su peso bruto vehicular, sin contemplar categorías específicas para microautos urbanos o vehículos de baja velocidad como el Olinia.

Bajo esta regulación, el Olinia, a pesar de ser eléctrico y limitado en velocidad, cae en la misma categoría que sedanes, SUVs y camionetas. Esto significa que, teóricamente, debería cumplir con los mismos estándares de seguridad que un vehículo diseñado para velocidades mucho mayores, un absurdo que pone en evidencia la falta de visión del gobierno.

Requisitos Imposibles de Cumplir

La NOM-194-SE-2021 exige elementos como frenos ABS, Control Electrónico de Estabilidad (ESC), monitoreo de presión de llantas (TPMS), recordatorios de uso de cinturón (SBR), y lo más crítico: pruebas de impacto frontal, lateral y de poste. Estas últimas implican la destrucción de vehículos durante los procesos de certificación, un costo prohibitivo para un proyecto que busca ser accesible.

Además de la instalación de componentes, se requieren validaciones de ingeniería, sistemas electrónicos y procesos de homologación que elevan drásticamente los costos de desarrollo. Para un vehículo que se pretende vender en 150,000 pesos, cumplir con estas exigencias es, sencillamente, una misión imposible.

La Futilidad de la Propaganda Oficial

El gobierno de Sheinbaum, en lugar de abordar el problema de raíz y planificar adecuadamente, optó por la estrategia de presentar un producto inviable. La información oficial del proyecto menciona características como cinturones para seis pasajeros, llanta de refacción, faros LED, cámara de reversa y frenos de disco delanteros. Sin embargo, omite deliberadamente los elementos de seguridad cruciales que la norma exige y que el Olinia evidentemente no posee.

Esta omisión es un reflejo de la superficialidad con la que la 4T aborda los proyectos de movilidad. Se prioriza el anuncio y la foto, sin considerar las implicaciones técnicas, legales y económicas reales. El Olinia se suma así a la larga lista de iniciativas fallidas de este gobierno, que prometen mucho y entregan poco o nada.

¿Una Ley a la Medida? La Solución del Fracaso

Ante el panorama desolador, la única salida que vislumbra el gobierno es la creación de una nueva categoría vehicular que se ajuste a las características del Olinia. Esto implicaría modificar o crear una nueva norma que establezca estándares de seguridad específicos para vehículos urbanos de baja velocidad.

Sin embargo, esta solución no es más que un parche que evidencia la improvisación y la falta de previsión. En lugar de diseñar políticas públicas sólidas y con visión a futuro, la 4T se ve forzada a crear leyes a modo para justificar sus proyectos fallidos, gastando recursos públicos en soluciones que debieron ser consideradas desde la concepción misma del proyecto.

El Futuro Incierto del Olinia

El futuro comercial del Olinia es, por decir lo menos, incierto. Su viabilidad no depende solo de su batería, autonomía o precio, sino de la voluntad política y la capacidad técnica del gobierno para crear un marco regulatorio que, hasta ahora, no existe.

Mientras tanto, los ciudadanos quedan a la espera de soluciones de movilidad reales y seguras, en lugar de fantasías tecnológicas que solo sirven para la propaganda oficial y que, al final, no pueden ni siquiera circular legalmente por las calles de México. La 4T, una vez más, demuestra su incapacidad para gobernar con seriedad y responsabilidad.

La presentación del Olinia es un claro ejemplo de cómo la administración actual prioriza la imagen sobre la sustancia. Se busca generar titulares y aparentar avances tecnológicos, pero se ignora la complejidad de la implementación y el cumplimiento normativo. Este miniauto eléctrico, concebido en la opacidad y lanzado sin un plan claro, se perfila como otro monumento a la ineficiencia de la Cuarta Transformación.

La falta de una categoría específica para vehículos de baja velocidad en la normativa mexicana no es un detalle menor; es un obstáculo fundamental que pone en entredicho la viabilidad de proyectos como el Olinia. La NOM-194-SE-2021 fue diseñada pensando en la seguridad de los automovilistas en un contexto de circulación general, no en la movilidad urbana de vehículos con limitaciones intrínsecas.

El gobierno de Sheinbaum se enfrenta ahora al dilema de cómo validar un proyecto que, en su estado actual, es ilegal. La opción de crear una nueva ley a medida, si bien podría permitir la circulación del Olinia, abre la puerta a futuras inconsistencias regulatorias y podría sentar un precedente peligroso para la seguridad vial en el país.

En definitiva, el Olinia no es solo un miniauto eléctrico; es un símbolo de la improvisación y la falta de rigor que caracterizan a la 4T. Un proyecto que, lejos de ser un avance, se revela como un costoso error de cálculo que exige soluciones legislativas ad hoc, evidenciando una vez más la desconexión entre las promesas de campaña y la realidad de la gobernanza.