El gobierno de Claudia Sheinbaum admitió este miércoles que exigió la salida inmediata de dos agentes de la CIA que permanecían en territorio nacional tras el escándalo del operativo clandestino en Chihuahua. La revelación confirma que cuatro elementos estadounidenses operaban en México sin la debida autorización para realizar labores de inteligencia.

"Se les pidió a los otros dos agentes de la CIA que se retiraran del país y se retiraron", declaró la mandataria durante su conferencia matutina, reconociendo implícitamente que la administración morenista permitió que personal de inteligencia extranjero actuara libremente en suelo mexicano sin supervisión federal.

Según la versión presidencial, los cuatro agentes ingresaron con pasaportes legales —diplomáticos o turísticos— pero nunca registraron que realizarían actividades de espionaje. La presidenta intentó justificar la situación señalando que "no tenían acreditación" para sus labores, aunque evitó explicar cómo lograron participar en operativos estatales sin que el gobierno federal lo detectara a tiempo.

El caso estalló cuando dos de los agentes murieron en un accidente carretero tras participar en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua. En ese mismo accidente falleció Pedro Román Oseguera, director de la Agencia Estatal de Investigación, quien según la Fiscalía estatal era el único que conocía la presencia y actividades de los elementos estadounidenses.

La Fiscalía General de la República citó a comparecer a la gobernadora panista Maru Campos como parte de las investigaciones sobre la presunta colaboración no autorizada con agentes extranjeros. El gobierno federal abrió procedimientos penales para determinar si hubo violaciones a la seguridad nacional, aunque la actuación tardía de la administración Sheinbaum levanta dudas sobre los controles migratorios y de inteligencia.

La mandataria aseguró que la solicitud de salida se hizo "a través de la embajada", pero los dos agentes sobrevivientes prefirieron abandonar México antes que registrarse formalmente. La decisión evidencia que operaban en una zona gris de colaboración bilateral nunca transparentada ante la opinión pública.

Más de 50 personas que participaron en el operativo han sido citadas por la FGR para esclarecer cómo fue posible que elementos de la CIA realizaran labores en territorio nacional sin conocimiento —o con complicidad— de las autoridades federales. El escándalo exhibe las fallas de coordinación y supervisión del gobierno morenista en materia de soberanía y seguridad nacional.