La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó fuertes críticas hacia los partidos políticos que se opusieron a la reciente reforma constitucional que busca establecer la "nacionalidad única" como requisito indispensable para aspirar a la Presidencia de la República o a una gubernatura estatal. En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum cuestionó la lealtad de quienes votaron en contra de la iniciativa, preguntando retóricamente: "¿Cómo votas en contra de la reforma, cómo juras a dos banderas, a dos pueblos?".
La mandataria insistió en que la dualidad de nacionalidad es incompatible con el ejercicio de altos cargos públicos en México, particularmente aquellos que implican la defensa de la soberanía nacional. "Los partidos que votaron en contra dicen que estamos quitando derechos a los mexicanos que viven en el extranjero, pero es falso", afirmó, desestimando los argumentos de la oposición y subrayando la importancia de la aprobación de la iniciativa para la seguridad y la integridad del país.
Avance Legislativo y Debate en San Lázaro
La reforma, enviada por la propia Sheinbaum a finales de agosto, ha avanzado significativamente en la Cámara de Diputados. En una votación en lo general, la iniciativa obtuvo 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, demostrando una mayoría clara en la cámara baja. Sin embargo, el dictamen aún requiere la aprobación de la mayoría del Senado de la República en los próximos días antes de poder ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y entrar en vigor.
El dictamen en cuestión propone modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo central es "determinar la nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales", lo que implica que quienes aspiren a ser Presidente de México o gobernador de alguno de los 31 estados y la Ciudad de México, deberán renunciar formalmente a cualquier otra nacionalidad que posean.
Requisitos para los Aspirantes
La reforma establece que cualquier persona que aspire a ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura estatal o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y que posea doble nacionalidad, deberá renunciar a ella. La iniciativa es clara al señalar que "quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana". Este requisito busca, según sus promotores, asegurar una lealtad absoluta e indivisible hacia México.
Además de la renuncia a la doble nacionalidad, la reforma obliga a las legislaturas de los estados a armonizar sus propias constituciones y su legislación electoral. Este proceso de adecuación deberá completarse dentro de los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la reforma constitucional, garantizando así la uniformidad en todo el territorio nacional.
Argumentos de la Propuesta y Contexto Internacional
La propuesta original de la Presidenta Sheinbaum se fundamenta en la premisa de que un gobernante con doble nacionalidad podría enfrentar conflictos de interés o verse comprometido frente a "injerencias" de otras naciones. "Es indispensable que los gobernantes sean mexicanas o mexicanos", argumentó la mandataria al presentar la iniciativa, buscando fortalecer la soberanía y la exclusividad del compromiso con el país.
Este debate sobre la doble nacionalidad en la política no es exclusivo de México y se enmarca en un contexto internacional donde figuras públicas en otros países de América Latina también han enfrentado cuestionamientos similares. Ejemplos como el presidente Daniel Noboa en Ecuador o figuras políticas en Colombia, quienes poseen nacionalidad estadounidense, han generado discusiones sobre posibles conflictos de intereses derivados de su binacionalidad. La iniciativa mexicana se presenta además en un momento crucial, rumbo a las elecciones federales de 2027, donde la definición de los perfiles de los candidatos será determinante.
La oposición, por su parte, ha manifestado su desacuerdo, argumentando que la reforma podría limitar los derechos de los mexicanos que residen en el extranjero y que han adoptado otras nacionalidades. Sin embargo, la postura del gobierno es firme en que la medida es necesaria para salvaguardar la soberanía y asegurar que quienes lideren el país tengan un compromiso irrestricto con México. El debate legislativo continuará en el Senado, donde se definirá el futuro de esta controvertida reforma.