La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha lanzado una ofensiva para desterrar el uso del efectivo en México, proponiendo al Congreso una ambiciosa Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. La iniciativa, que busca impulsar herramientas como CoDi y DiMo, parte de la premisa de que el país ya cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria, pero su adopción por parte de ciudadanos y comercios sigue rezagada.
El diagnóstico oficial es claro: aunque el uso frecuente del efectivo para compras menores ha disminuido ligeramente entre 2021 y 2024 (pasando de 90.1% a 85.2%), las transacciones digitales, incluyendo transferencias y pagos vía móvil, apenas han escalado del 1.6% al 4.4%. Esta brecha subraya la necesidad de un impulso decidido para modernizar el sistema de pagos.
El Reto de un País Cash-Dependiente
México se encuentra en una posición peculiar a nivel global. Según la Asociación de Bancos de México (ABM) y el Forex Cash Index 2025, el país ocupa el sexto lugar mundial en dependencia del efectivo, con un 80% de las transacciones diarias realizadas a través de billetes y monedas. Solo naciones como Etiopía (95%), Pakistán (90%), Irak y Cuba (85% cada uno), y Jamaica (80%) presentan una penetración aún mayor del dinero físico.
Esta realidad contrasta con la visión gubernamental de una economía más digitalizada. La propuesta no se limita a fomentar el uso de las herramientas existentes, sino que faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar sectores estratégicos y actividades económicas donde los pagos digitales podrían convertirse en la única modalidad aceptada. La iniciativa, sin embargo, no especifica cuáles serán estos sectores de antemano, dejando esa definición a futuras regulaciones.
Sectores Estratégicos Bajo la Lupa Digital
Uno de los aspectos más trascendentales de la iniciativa es la posibilidad de que Hacienda defina, mediante acuerdos específicos, aquellos rubros económicos donde el efectivo sea paulatinamente sustituido por medios digitales. Las autoridades correspondientes tendrán un plazo de 15 días hábiles, una vez aprobada la ley, para emitir las reglas de operación y establecer las condiciones y plazos para esta transición.
Como primer experimento de esta política, se ha señalado el impulso para digitalizar los pagos en gasolineras y casetas de peaje. La Presidenta Sheinbaum ya había anunciado este objetivo en marzo pasado, y aunque se han logrado avances y acuerdos con el sector bancario, persisten desafíos en cuanto a infraestructura y cobertura que aún se están abordando.
Emilio Romano, presidente de la ABM, ha asegurado el compromiso de la banca para estar lista con la terminalización necesaria que permita recibir cualquier pago digital en las fechas requeridas, evidenciando una colaboración activa entre el sector público y privado.
CoDi y DiMo: El Corazón de la Estrategia Digital
La Ley de Economía Digital busca revitalizar y dar un impulso definitivo a plataformas como CoDi (Código de Barras Digital) y DiMo (Dinero Móvil). CoDi, que permite realizar pagos y cobros mediante códigos QR desde aplicaciones bancarias, y DiMo, que facilita transferencias utilizando únicamente el número telefónico del usuario, son pilares de la infraestructura de pagos digitales de México.
Sin embargo, su adopción masiva se ha visto limitada, en parte, por una promoción insuficiente por parte del propio sector financiero. La iniciativa busca revertir esta tendencia, integrando estas herramientas como ejes centrales de la nueva política de pagos.
Desde su lanzamiento en octubre de 2019 hasta julio de 2026, CoDi ha registrado 21.5 millones de operaciones, una cifra que, si bien significativa, dista de reflejar el potencial de la plataforma. Los datos más recientes sobre DiMo no están disponibles públicamente por parte del Banco de México.
Alertan Especialistas: Riesgos de Lavado y Complejidad Regulatoria
La propuesta no ha estado exenta de críticas y advertencias por parte de especialistas. Un análisis de la firma Asimetrics Abogados señala que el proyecto podría interferir significativamente con la actual Ley Antilavado. La facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda para prohibir el uso de efectivo en sectores económicos completos, sin considerar los umbrales tradicionales de materialidad y riesgo, genera preocupación.
Si bien la eliminación del efectivo aumenta la trazabilidad y la capacidad de observación del Estado sobre las transacciones, los expertos advierten que no erradica por completo el lavado de dinero. Simplemente, podría desplazar el riesgo hacia canales digitales, que, si bien son más fáciles de rastrear, también pueden ser objeto de mayor sofisticación por parte de la criminalidad organizada.
La iniciativa también contempla la integración de la CURP Digital como un mecanismo de confianza para la contratación de servicios financieros y otorga nuevas atribuciones al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en lo referente a la infraestructura de aceptación de pagos. El debate en el Congreso promete ser intenso, sopesando los beneficios de la digitalización contra los potenciales riesgos y la complejidad de su implementación.
La transición hacia una economía predominantemente digital es un objetivo global, pero en México, la forma en que se gestione esta transformación, especialmente en lo referente a la exclusión del efectivo, será crucial para asegurar la inclusión financiera y prevenir la materialización de nuevos riesgos.
El camino hacia la plena adopción de pagos digitales es complejo y requiere no solo de infraestructura y regulación, sino también de una estrategia robusta de educación financiera y de confianza por parte de los usuarios. La Ley de Economía Digital es un paso audaz en esta dirección, pero su éxito dependerá de la habilidad del gobierno para navegar los desafíos inherentes y asegurar que la digitalización beneficie a todos los sectores de la sociedad mexicana.