El senador de Morena, Enrique Inzunza, ha vuelto a ser centro de atención, no por su labor legislativa, sino por su habilidad para evadir las cámaras y las preguntas incómodas. Este jueves, Inzunza fue captado asistiendo a la ceremonia de graduación de preparatoria de su hija en el Tecnológico de Monterrey, un evento familiar que, según testigos, se convirtió en su refugio ante la prensa.

La presencia de Inzunza en dicho evento, ocurrido el mismo día en que supuestamente se encontraba en el Senado para solicitar licencia, levanta serias dudas sobre su paradero y su compromiso con sus responsabilidades públicas. Fuentes indican que el senador llegó acompañado de su esposa, la magistrada Claudia Meza, y se mantuvo discreto, evitando cualquier contacto con los medios que cubrían la graduación.

Este incidente se suma a la creciente polémica que rodea al legislador, quien ha estado en el ojo del huracán desde que Estados Unidos lo señalara por presuntos nexos con "Los Chapitos". Desde el pasado 29 de abril, Inzunza había mantenido un perfil bajo, apareciendo esporádicamente en redes sociales con reflexiones y fotografías de libros, mientras supuestamente se defendía de una "embestida mediática de la derecha".

La estrategia de Inzunza parece ser la de un "apagón mediático", apareciendo solo cuando es estrictamente necesario y evadiendo cualquier declaración que pueda comprometerlo. Su reaparición en un evento social, mientras enfrenta acusaciones graves, subraya la percepción de que su prioridad es proteger su imagen y su libertad, antes que aclarar su situación.

La licencia que solicitó al Senado, supuestamente para evitar participar en sesiones extraordinarias sobre reformas judiciales, duró poco más de 10 horas. La notificación para poner fin a dicha licencia llegó una vez concluidas las discusiones, lo que sugiere una maniobra política para estar presente en momentos clave sin asumir la responsabilidad de sus votos.

El senador morenista acudió el pasado 26 de mayo a la Fiscalía General de la República (FGR) para rendir su declaración, tras ser citado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, su comparecencia también estuvo marcada por la opacidad, llegando en un convoy de camionetas Suburban y negándose a dar entrevistas, afirmando que asumiría su propia defensa legal.

La FGR ha confirmado que, hasta el 28 de mayo, cinco de los diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos han atendido el citatorio. La situación de Inzunza, sin embargo, sigue siendo delicada, y su evasión ante la prensa solo alimenta las especulaciones y la desconfianza.

La presencia de Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, en la misma ceremonia, aunque ubicada a varias filas de distancia, añade un matiz político al evento. La hija del gobernador, quien también es presidenta del DIF Estatal, se graduó en la misma institución, evidenciando las conexiones entre las élites políticas de Sinaloa.

Este episodio pone de manifiesto la compleja red de relaciones y las estrategias de defensa que están empleando los funcionarios sinaloenses señalados por autoridades estadounidenses. La evasión de Inzunza ante los medios, mientras celebra un logro familiar, contrasta fuertemente con la gravedad de las acusaciones que enfrenta.

La postura de Morena ante estas acusaciones sigue siendo un tema de debate. Mientras algunos miembros del partido han defendido a Inzunza, otros han optado por el silencio, reflejando la división interna y la preocupación por el impacto de estos señalamientos en la imagen del partido.

El caso de Enrique Inzunza es un reflejo de los desafíos que enfrenta el gobierno actual en su lucha contra la corrupción y el crimen organizado. La opacidad y la evasión de responsabilidades por parte de funcionarios públicos solo erosionan la confianza ciudadana y debilitan las instituciones democráticas.

La estrategia de Inzunza de mantenerse oculto y evitar la confrontación directa con los medios podría ser efectiva a corto plazo, pero a largo plazo, la verdad tiende a salir a la luz. La presión mediática y judicial continuará, y el senador morenista deberá eventualmente enfrentar las acusaciones en su contra.

El "apagón" de Inzunza no solo afecta su propia carrera política, sino que también proyecta una sombra sobre el gobierno de Rubén Rocha Moya y sobre la propia imagen de Morena, un partido que prometió transparencia y honestidad.

La pregunta que queda en el aire es hasta cuándo podrá el senador mantener esta estrategia de ocultamiento y evasión, y qué consecuencias tendrá para él y para su partido cuando las presiones externas e internas se vuelvan insostenibles.