Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos del Senado de la República han dado un paso decisivo al aprobar, en un proceso acelerado, los dictámenes que conforman el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027. Estos acuerdos, que abarcan la Ley Federal de Derechos (LFD), la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), fueron votados mayoritariamente a favor, sentando las bases para la política hacendaria del próximo año.

La Deuda Pública, Segunda Fuente de Ingresos

Uno de los puntos más relevantes de la Ley de Ingresos de la Federación para 2027 es la consolidación de la deuda pública como la segunda fuente de financiamiento para el erario. Se proyecta que los ingresos derivados del endeudamiento asciendan a 1.47 billones de pesos, lo que representará el 13.9% del total de los ingresos estimados, que suman 10.63 billones de pesos. Esta cifra subraya la creciente dependencia del gobierno federal de los recursos provenientes de la deuda para financiar sus operaciones y programas.

En contraste, los ingresos tributarios seguirán siendo el pilar fundamental, aportando 6.26 billones de pesos, equivalentes al 58.9% del total. Los ingresos por la venta de bienes, como el petróleo, y la prestación de servicios, se estiman en 1.45 billones de pesos, constituyendo el 13.7% del ingreso público. La aprobación de estos dictámenes en la Comisión de Hacienda se dio con 10 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones, mientras que en la Comisión de Estudios Legislativos, primera, el resultado fue de ocho a favor, seis en contra y cero abstenciones.

Miguel Ángel Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, detalló que los Criterios Generales de Política Económica para 2027 contemplan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 1.5% y 2.5%. Asimismo, se prevé un tipo de cambio promedio de 17.9 pesos por dólar y un precio de la mezcla mexicana de exportación de 61.8 dólares por barril. La recaudación federal participable para estados y municipios se proyecta en 5.7 billones de pesos, e incluye mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para su seguimiento ante el Congreso de la Unión.

Nuevos Límites a las Deducciones Empresariales

La reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) introduce cambios significativos para las empresas, particularmente aquellas con ingresos superiores a los 50 millones de pesos anuales. El dictamen aprobado establece que estas compañías no podrán solicitar deducciones que superen el 96.7% de sus ingresos acumulables, si estas exceden dicho límite. Para las empresas cuyos gastos deducibles sean menores a este porcentaje, el límite se fijará en el 99%.

Este mecanismo, según se argumenta, busca evitar la reducción artificial de la base gravable sin eliminar por completo las deducciones. Adicionalmente, se limita la amortización de pérdidas fiscales acumuladas al 50% de la utilidad fiscal en cada ejercicio. Sin embargo, para mitigar el impacto y evitar la pérdida de este derecho, el plazo legal para deducir dichas pérdidas se amplía de 10 a 20 años. También se establecen montos definidos para el cálculo de los pagos provisionales del ISR.

Abogados y representantes empresariales han expresado su preocupación ante estas disposiciones, señalando que podrían afectar el flujo de efectivo de las compañías, especialmente al sumarse a otras reformas como la jornada laboral de 40 horas, la reciente modificación a la Ley Aduanera y una fiscalización más estricta por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en su lucha contra las empresas factureras. Ante este panorama, algunos despachos de abogados ya analizan la viabilidad de interponer amparos, argumentando que estas medidas podrían contravenir derechos humanos en materia tributaria.

La reforma a la LISR fue aprobada en la Comisión de Hacienda con 10 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones, y en la Comisión de Estudios Legislativos, primera, con ocho a favor, seis en contra y cero abstenciones.

Mayores Cobros a Turistas y Condonación de Multas

En lo que respecta a la Ley Federal de Derechos (LFD), se aprobó un incremento del 17.8% en la cuota de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, conocida como Derecho de No Residente (DNR). El costo actual de 983 pesos aumentará a 1,158 pesos, marcando el segundo incremento anual consecutivo. Cabe recordar que entre 2025 y 2026, esta cuota ya había pasado de 860.56 pesos a 983 pesos.

La Cámara de Diputados había propuesto originalmente un monto de 1,334.80 pesos, pero la cifra fue ajustada en el Senado. Además, se aprobó la homologación de los costos de las visas para extranjeros en oficinas consulares y embajadas, fijándolos en 1,639.80 pesos. Esto representa un aumento del 66% para las visas ordinarias (actualmente 990 pesos) y del 153% para las visas de visitante sin permiso de actividades remuneradas de larga duración (actualmente 648 pesos).

El dictamen de la LFD 2027 fue avalado en la Comisión de Hacienda con 10 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones, y en la Comisión de Estudios Legislativos, primera, con ocho a favor, seis en contra y cero abstenciones. Adicionalmente, se dio luz verde a la eliminación del límite de ingresos para que contribuyentes con créditos fiscales puedan inscribirse al programa de Regularización Fiscal del SAT, una medida que busca facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Contexto y Análisis de las Medidas

Históricamente, el Paquete Económico es el documento que define la estrategia de ingresos y gastos del gobierno federal para el siguiente año. Las decisiones tomadas en el Senado reflejan una tendencia hacia la consolidación de fuentes de financiamiento, donde la deuda juega un papel cada vez más importante, y una búsqueda por optimizar la recaudación fiscal a través de ajustes en las reglas de deducción y el incremento de tarifas por servicios y derechos.

La restricción a las deducciones empresariales, aunque presentada como una medida para evitar la elusión fiscal, genera inquietud en el sector privado, que ya enfrenta otros desafíos regulatorios y laborales. La ampliación del plazo para amortizar pérdidas fiscales podría ser un paliativo, pero el impacto en el flujo de caja inmediato es una preocupación latente.

El aumento en la cuota de visitante extranjero es una estrategia común para generar ingresos adicionales, especialmente en un contexto donde el turismo es un motor económico importante. Sin embargo, es crucial evaluar el impacto que estos incrementos puedan tener en la competitividad del país como destino turístico.

La posibilidad de que las empresas y contribuyentes se amparen contra las nuevas disposiciones fiscales abre un frente legal que podría generar incertidumbre y retrasos en la implementación de las medidas. La interpretación de los derechos humanos en materia tributaria será un elemento clave en estos posibles litigios.

En el ámbito macroeconómico, las proyecciones de crecimiento del PIB, tipo de cambio y precio del petróleo son fundamentales para determinar la viabilidad de los ingresos estimados. Cualquier desviación significativa en estos indicadores podría obligar a ajustes posteriores en el gasto público o a una mayor dependencia de la deuda.

La aprobación en comisiones es solo el primer paso; los dictámenes deberán ser discutidos y votados en el pleno del Senado para su posterior envío a la Cámara de Diputados. El proceso legislativo aún está en marcha, y las negociaciones y debates continuarán definiendo el rumbo final del Paquete Económico 2027.