La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha dado un golpe de autoridad al desmantelar la pretensión de la Fiscalía General de la República (FGR) de utilizar un citatorio como pretexto para fabricarle delitos. En un movimiento audaz y legalmente fundamentado, Campos Galván no solo se presentó ante la FGR, sino que lo hizo para impugnar el citatorio, evidenciando la falta de sustento y la ambigüedad de la solicitud fiscal, que sus abogados califican como un intento burdo de persecución política.
El vocero de la FGR, Ulises Lara, intentó pintar un cuadro de desobediencia por parte de la mandataria, asegurando que solo entregó un escrito y no colaboró. Sin embargo, esta narrativa se desmorona ante la realidad expuesta por el equipo legal de Campos, encabezado por el reconocido jurista Roberto Gil Zuarth. La Gobernadora, lejos de evadir, acudió para señalar la ilegalidad del procedimiento y defenderse de lo que considera un ataque orquestado desde el poder federal.
El Oficio que Desnuda la Intención
El corazón de la defensa de Maru Campos reside en el oficio que ella misma entregó a la FGR. En él, de manera contundente, establece que no comparece en calidad de testigo ni para someterse a actos de investigación. Su presencia, aclara, es para responder a un citatorio que califica de "ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación". Esta precisión legal es crucial: no se trata de una negativa a colaborar, sino de un rechazo a ser arrastrada a un proceso viciado y con fines políticos.
Campos Galván, respaldada por el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, recuerda a la FGR que, como servidora pública y Gobernadora del estado, goza de excepciones que la eximen de comparecer bajo las condiciones impuestas. La ley, en este caso, se convierte en un escudo protector contra los embates de una fiscalía que parece haber perdido el rumbo y se dedica a la caza de brujas política en lugar de a la impartición de justicia.
La FGR, ¿Fiscalía o Instrumento Político?
La actuación de la FGR, bajo la batuta de Alejandro Gertz Manero, ha sido objeto de críticas recurrentes por su presunta politización. En este caso, la estrategia parece ser la misma que se ha visto contra otros opositores: generar un escándalo mediático, presionar y, si es posible, fabricar un delito. La mención de dos agentes de la CIA involucrados en un operativo en Chihuahua, sin notificación a las autoridades locales, y la posterior citación a la Gobernadora, levanta serias sospechas sobre la verdadera intención detrás de esta acción.
Roberto Gil Zuarth ha sido enfático al señalar que la FGR no ha sido clara sobre la información que realmente necesita de la Gobernadora. Esta imprecisión, lejos de ser un descuido, parece ser una táctica deliberada para mantener abierta la puerta a interpretaciones y acusaciones sin fundamento. La falta de claridad en la solicitud fiscal es, en sí misma, una prueba de la debilidad del caso que la FGR intenta construir.
El PAN Sale en Defensa de su Gobernadora
El Partido Acción Nacional (PAN) ha cerrado filas en torno a Maru Campos, denunciando la persecución política y el uso faccioso de las instituciones federales. La dirigencia del PAN ha calificado la acción de la FGR como un intento desesperado por desestabilizar a los gobiernos opositores y frenar el avance de la alternancia. La defensa de Campos Galván se convierte así en una bandera de lucha para el blanquiazul, que ve en este ataque una muestra más de la intolerancia del gobierno de la Cuarta Transformación hacia quienes piensan diferente.
La estrategia del PAN es clara: exhibir la debilidad legal de la FGR y denunciar la politización de la justicia. Cada movimiento de la fiscalía es escrutado y respondido con firmeza, buscando convertir un ataque en una oportunidad para fortalecer la imagen de la Gobernadora y del propio partido. La narrativa que se construye es la de una mandataria valiente que se enfrenta a un sistema que busca silenciarla.
Inseguridad: La Verdadera Urgencia Ignorada
Mientras la FGR se enfrasca en disputas políticas y citatorios ambiguos, la verdadera preocupación de los ciudadanos, la inseguridad, parece quedar relegada a un segundo plano. La estrategia de la fiscalía, al centrarse en perseguir a opositores, desvía recursos y atención de los problemas reales que aquejan al país. La falta de resultados tangibles en materia de seguridad, sumada a estos ataques políticos, genera un clima de desconfianza hacia las instituciones.
La Gobernadora Campos, a pesar de este embate, ha reiterado su compromiso con la seguridad de Chihuahua. Sin embargo, la constante presión y el desgaste al que es sometida por parte de la FGR dificultan su labor. La pregunta que queda en el aire es si la FGR, en lugar de ser un órgano de justicia, se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo y la gobernabilidad de los estados.
¿Qué Sigue en el Horizonte?
La batalla legal y política entre Maru Campos y la FGR apenas comienza. Se espera que la defensa de la Gobernadora continúe impugnando cualquier intento de la fiscalía por forzar su comparecencia bajo términos ilegales. La estrategia del PAN será mantener la presión mediática y política, denunciando cada acción de la FGR como un acto de persecución.
Por su parte, la FGR deberá decidir si insiste en un camino legalmente endeble o si recula ante la contundencia de la defensa de Campos. Lo cierto es que este episodio pone de manifiesto las tensiones entre el gobierno federal y las administraciones estatales opositoras, y la fragilidad de las instituciones cuando se ven cooptadas por intereses políticos. La Gobernadora de Chihuahua ha demostrado que no se doblegará ante la presión, y su caso se perfila como un referente de resistencia frente a los abusos del poder.