El Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfrenta un desafío monumental: 3.1 billones de pesos en créditos fiscales pendientes, de los cuales una alarmante cifra de 2 billones, es decir, el 63% del total, se encuentra enfrascada en disputas legales. Esta montaña de deuda, que representa 1.3 veces el déficit fiscal proyectado para el año, pone en evidencia las dificultades del fisco para recaudar y la creciente audacia de los contribuyentes para defender sus intereses ante la autoridad.
La suma en litigio es tan colosal que podría cubrir 3.8 veces el presupuesto destinado a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, o equivaldría a la totalidad de los ingresos por ISR, IVA e IEPS recaudados entre enero y abril de este año. Estos créditos fiscales, generados a partir de auditorías, revisiones electrónicas y de contabilidad, se acumulan con intereses y recargos si no son liquidados a tiempo.
Luis Pérez de Acha, socio fundador del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, explica que estos litigios pueden extenderse de año y medio a tres años, un lapso durante el cual la deuda sigue creciendo, incluso si el fisco eventualmente gana el caso. La cifra total de créditos fiscales al cierre del primer trimestre de este año marcó un máximo histórico desde 2018, reflejando una intensificación en las facultades de comprobación del SAT, impulsada por la digitalización y la mejora de sus procesos desde 2019.
Sin embargo, la efectividad de estas medidas se ve mermada por el incremento en los medios de defensa que los contribuyentes interponen. Entre enero y abril de este año, el número de créditos fiscales controvertidos escaló a 200,441, la cifra más alta para este periodo desde 2018. Paralelamente, el monto promedio de cada adeudo en disputa se disparó a 10 millones de pesos, casi cuadruplicando los 2.5 millones reportados en 2018.
Las estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revelan una tendencia preocupante para el SAT: aunque mantiene un porcentaje de 79% de juicios ganados en última instancia, el porcentaje de juicios perdidos ha aumentado del 17.5% al 19.6% entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de este año. Esto sugiere que, si bien el SAT sigue siendo un litigante fuerte, los contribuyentes están logrando revertir un número creciente de determinaciones fiscales.
Este escenario plantea serias interrogantes sobre la capacidad del SAT para gestionar eficazmente su cartera de créditos fiscales y la efectividad de sus estrategias de fiscalización. La creciente complejidad de las disputas y el aumento en los montos en litigio podrían tener un impacto significativo en las finanzas públicas, especialmente si la tendencia de juicios perdidos continúa al alza.
Expertos señalan que la situación podría derivar de una combinación de factores, incluyendo la sofisticación de las estrategias de defensa fiscal por parte de los contribuyentes y, potencialmente, de áreas de oportunidad en los propios procesos de auditoría y determinación de créditos fiscales del SAT.
La autoridad fiscal se encuentra en una encrucijada: debe equilibrar la necesidad de recaudar fondos para el erario con la realidad de que una porción cada vez mayor de esa recaudación potencial está atrapada en un laberinto legal. La eficiencia en la resolución de estos litigios y la revisión de sus propios métodos de fiscalización serán cruciales para revertir esta tendencia.
El aumento en los créditos fiscales y su litigio no es un fenómeno aislado, sino que refleja una dinámica económica y legal compleja. La capacidad del gobierno para asegurar el cumplimiento fiscal y mantener la salud de las finanzas públicas depende en gran medida de su habilidad para navegar este intrincado panorama.
La pregunta clave es si el SAT podrá adaptarse a estas nuevas realidades, fortaleciendo sus capacidades de litigio y auditoría, o si continuará viendo cómo miles de millones de pesos se desvanecen en disputas judiciales, afectando la recaudación y, en última instancia, la capacidad del Estado para financiar sus programas y obligaciones.
Este panorama subraya la importancia de un sistema tributario eficiente y justo, donde tanto la autoridad como los contribuyentes operen bajo reglas claras y procesos transparentes. La resolución de estos litigios no solo impacta las arcas públicas, sino también la confianza en el sistema fiscal.
La batalla legal por los 2 billones de pesos en adeudos fiscales es un reflejo de las tensiones inherentes al sistema tributario, donde la fiscalización rigurosa choca con el derecho de los contribuyentes a defenderse, generando un complejo entramado de desafíos para la administración pública.