La Secretaría de Gobernación salió al paso para aclarar que ni Rubén Rocha Moya ni Maru Campos enfrentan detención tras los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República. Ambos mandatarios estatales comparecerán únicamente en calidad de testigos, según precisó la dependencia federal.

El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 360, establece que toda persona citada tiene la obligación de acudir y declarar sobre los hechos que conozca. Sin embargo, el mismo ordenamiento protege al testigo de declarar sobre asuntos que pudieran generarle responsabilidad penal directa. Gobernación subrayó que las acciones de la Fiscalía se apegan estrictamente a derecho y carecen de motivación política.

Rocha Moya, señalado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y Los Chapitos —facción responsable de la ola de violencia que sacude Sinaloa desde septiembre de 2024—, confirmó que atenderá el llamado "con la frente en alto". El gobernador sinaloense se declaró "hombre probo" y aseguró que la verdad prevalecerá. Junto a él, otros nueve funcionarios estatales, incluidos el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez y el senador morenista Enrique Inzunza, también recibieron citatorios.

Por su parte, Maru Campos denunció "persecución política" tras ser llamada a comparecer por la entrada de agentes de la CIA a territorio chihuahuense. El operativo contra narcolaboratorios en la localidad de Morelos terminó en tragedia cuando los agentes estadounidenses murieron en un accidente automovilístico. "Protegen a los delincuentes y persiguen a los que tratamos de cumplir con nuestro deber", escribió la gobernadora panista en redes sociales.

La FGR ya había citado previamente a 50 funcionarios de Chihuahua para deslindar responsabilidades en el caso de la CIA. Campos insistió en que seguirá "dando la cara" y defendiendo su actuación, mientras el caso avanza en medio de acusaciones cruzadas sobre soberanía nacional y combate al narcotráfico.

La comparecencia de ambos gobernadores ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre la relación entre autoridades locales y el crimen organizado. Rocha Moya enfrenta acusaciones internacionales que vinculan su administración con la facción de Los Chapitos, mientras Campos lidia con el escándalo de haber permitido —o al menos no impedido— la operación de inteligencia extranjera en suelo mexicano.

Aunque Gobernación descartó arrestos inmediatos, la situación de ambos mandatarios permanece bajo la lupa. Las declaraciones que rindan ante el Ministerio Público podrían definir el rumbo de investigaciones que ya han sacudido la política nacional y expuesto las fracturas en la estrategia de seguridad del país.