El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este miércoles que Rubén Rocha Moya permanece en Sinaloa, resguardado únicamente por policía estatal. La declaración llega en medio de crecientes especulaciones sobre el paradero del gobernador con licencia, quien enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, Harfuch fue enfático al deslindar al gobierno federal de cualquier esquema de protección para el mandatario morenista. "No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del gobierno de México. Tiene policía estatal, hasta donde tenemos entendido", declaró el funcionario, subrayando que la seguridad corre por cuenta del propio estado de Sinaloa.

La aclaración del titular de la SSPC resulta conveniente para la administración de Claudia Sheinbaum, que busca distanciarse de un caso que ha generado suspicacias sobre la infiltración del narcotráfico en gobiernos de Morena. Rocha Moya solicitó licencia tras las acusaciones de Estados Unidos contra políticos mexicanos por presuntos nexos con el narcotráfico, un escándalo que ha sacudido al partido guinda.

En el mismo evento, García Harfuch rechazó categóricamente la existencia de una "narcopolítica" en México, argumentando que el gobierno ha sido "muy claro y contundente con el combate a la delincuencia". Sin embargo, la realidad contradice el discurso oficial: la Operación Enjambre en Morelos acaba de desmantelar una red de seis funcionarios públicos vinculados al Cártel de Sinaloa, incluyendo alcaldes y exalcaldes.

Entre los detenidos figuran el alcalde de Atlatlahucan, Agustín 'N', y el exalcalde de Yecapixtla, Irving 'N', todos señalados por extorsión, delitos contra la salud y delincuencia organizada. Las autoridades mantienen la búsqueda del alcalde de Cuautla, Jesús 'N', presuntamente relacionado con una reunión donde participó Júpiter Araujo Benard, alias 'El Barbas', líder de plaza del Cártel de Sinaloa.

La insistencia de Harfuch en negar la narcopolítica suena hueca cuando los operativos federales siguen destapando la colusión entre funcionarios de Morena y el crimen organizado. Mientras tanto, Rocha Moya permanece en Sinaloa, protegido por las mismas instituciones estatales que deberían investigarlo, en un claro ejemplo de cómo el partido en el poder cierra filas para proteger a los suyos.

La pregunta que nadie en el gobierno quiere responder es simple: si no hay narcopolítica, ¿por qué tantos funcionarios de Morena terminan vinculados con cárteles? Los hechos hablan más fuerte que las conferencias de prensa.