La pregunta que resuena en los pasillos del poder y en las redacciones es clara y contundente: ¿dónde está Rubén Rocha Moya? Desde que la justicia de Estados Unidos lo señaló directamente por presunta colusión con el Cártel de Sinaloa para asegurar su gubernatura en 2021, el mandatario sinaloense ha optado por un hermetismo casi absoluto. Su paradero se ha convertido en un enigma, y su figura pública, antes omnipresente, se ha desvanecido, refugiándose en la aparente seguridad de un rancho.

Este retiro estratégico no es casual. Las acusaciones provenientes de la Corte de Nueva York pintan un cuadro sombrío, sugiriendo un binomio político-criminal que involucra no solo a Rocha Moya, sino también al senador Enrique Inzunza, otra figura clave en este entramado. Las investigaciones, tanto en México como en Estados Unidos, apuntan a una red de complicidades que ahora tiene a ambos bajo el escrutinio de las autoridades federales.

La estrategia de Rocha Moya parece ser la de la invisibilidad. Se ha reportado que reside en un rancho ubicado a unos 110 kilómetros al norte de Culiacán, un aislamiento autoimpuesto que comenzó casi de inmediato tras las imputaciones del 29 de abril. Mientras tanto, Inzunza, aunque más visible que el exgobernador, también mantiene un perfil bajo, limitando sus apariciones públicas y aferrándose a su fuero como senador.

La situación se complica con las revelaciones sobre otros implicados. El general Gerardo Mérida, quien logró viajar a Estados Unidos y ofrecerse como testigo cooperante, ha generado una mayor presión sobre los llamados "los 10 de Sinaloa". Su testimonio, que presuntamente incluye documentación física y un USB con información sensible, ha reforzado la seguridad en torno a los imputados y ha puesto en jaque la narrativa oficial.

Otro personaje clave, Enrique Díaz, exsecretario de Administración y Finanzas, también se encuentra en negociaciones con las autoridades estadounidenses desde Irlanda. Su objetivo es obtener impunidad a cambio de información, aunque hasta ahora, lo que ha compartido se limita a detalles públicos sobre la corrupción familiar de Rocha Moya, sin aportar aún datos cruciales sobre la transferencia de recursos del cártel a campañas políticas, incluida la presidencial de Adán Augusto López Hernández.

El caso de Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de la fiscalía de Sinaloa, añade un tinte dramático. Su intento de entregarse a las autoridades estadounidenses se vio frustrado por una llamada telefónica que, según reportes, contenía amenazas a su familia, obligándolo a regresar a Culiacán. Este incidente subraya el clima de intimidación y las complejas redes de poder que operan en la región.

La protección oficial hacia Rocha Moya y otros servidores públicos imputados parece obedecer a una estrategia de "contención" por parte del gobierno mexicano. Dos líneas de pensamiento guían esta postura: el temor a que Estados Unidos solicite la extradición de otros altos funcionarios si se entrega a Rocha Moya, y la preocupación de que su caída abra la puerta a investigaciones que alcancen al expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la cruzada estadounidense contra la narcopolítica.

Sin embargo, esta estrategia de "esperar y ver" podría ser un grave error. La presión de Washington no está supeditada a los ciclos electorales estadounidenses, y la idea de que mantener una "muralla" de defensa para los sinaloenses frenará las investigaciones es, cuanto menos, optimista. Los intereses de Estados Unidos se extienden a figuras políticas de alto perfil, incluyendo a senadores, gobernadores y exlíderes de Morena.

La retórica hostil desde Estados Unidos no cesa. Donald Trump, en el reciente G-7, reiteró su visión de un México controlado por cárteles y un gobierno "asustado". La designación de Jay Clayton, ex fiscal del Distrito Sur de Nueva York (donde se ventila el caso de los sinaloenses), como director nacional de Inteligencia, refuerza la determinación de Washington en su lucha contra la narcopolítica.

La corte de Nueva York, a la que Claudia Sheinbaum ha intentado minimizar llamándola una "oficina", es en realidad el "Sovereign District", un nombre que evoca su poder y autonomía en la persecución de delitos transnacionales. La implicación de esta corte en el caso sinaloense y su historial en juicios de alto perfil, como el de Nicolás Maduro, demuestran la seriedad con la que se toman estas acusaciones.

La situación de Rocha Moya y los demás implicados en Sinaloa es un reflejo de la profunda crisis de seguridad e institucionalidad que atraviesa el país. Las acusaciones de colusión entre el poder político y el crimen organizado no solo erosionan la confianza pública, sino que también ponen en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos y la estabilidad regional.

El hermetismo del gobernador de Sinaloa, su aparente refugio en un rancho, lejos del escrutinio público y de las responsabilidades de su cargo, es una imagen desoladora. Mientras la justicia estadounidense avanza, la pregunta sobre su paradero se convierte en un símbolo de la opacidad y las presuntas complicidades que, según las acusaciones, han permeado las estructuras de poder en uno de los estados más golpeados por el crimen organizado.

La estrategia del gobierno mexicano de proteger a Rocha Moya y a otros funcionarios imputados, basada en el temor a represalias y a la escalada de investigaciones, podría ser contraproducente. La presión internacional y la determinación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos sugieren que el cerco se estrecha, y que la evasión y el silencio no son estrategias sostenibles a largo plazo.

El futuro de Rocha Moya y de los demás implicados pende de un hilo. Las negociaciones con testigos cooperantes, la documentación incautada y la voluntad política de Estados Unidos para perseguir la narcopolítica a todos los niveles, plantean un escenario incierto pero con una clara tendencia hacia la rendición de cuentas. La pregunta "¿dónde está Rocha Moya?" podría tener pronto una respuesta mucho más definitiva y menos cómoda para el gobernador y sus protectores.