En un giro estratégico que evoca políticas industriales del pasado, la Secretaría de Economía de México ha lanzado una iniciativa para revitalizar la atracción de inversiones en el sector automotriz. La medida, publicada el pasado 13 de octubre, consiste en una exención temporal de aranceles del 10% a la importación de kits de componentes bajo los esquemas Semi Knocked Down (SKD) y Completely Knocked Down (CKD). El objetivo es claro: incentivar la instalación de nuevas líneas de producción de vehículos ligeros en el país, un segmento que no ha visto anuncios de nuevas plantas desde 2015.

Esta política representa un retorno a prácticas que fueron restringidas en 1962 por el entonces presidente Adolfo López Mateos, quien buscaba fomentar la industria nacional de autopartes. El Primer Decreto Automotriz de México exigía que al menos el 60% del costo directo de un vehículo fabricado en el país proviniera de componentes nacionales, prohibiendo la importación de kits para ensamble. La decisión de revivir estos esquemas, aunque con un enfoque temporal y adaptado a las realidades actuales, subraya la urgencia del gobierno por mantener la competitividad de México como destino de inversión en un panorama global de restricciones comerciales.

La Secretaría de Economía argumenta que estas operaciones de ensamble final, que permitirán importar componentes incluso desde países sin acuerdos de libre comercio como China, tienen el potencial de evolucionar hacia procesos de manufactura más complejos, incrementando gradualmente el valor agregado nacional. La medida, que tendrá una vigencia de cinco años, busca dar tiempo a las armadoras para ajustar sus procesos productivos y transitar hacia esquemas de ensamble más sofisticados.

Eric Ramírez, director de la consultora Urban Science, contextualiza la medida al recordar que México ya utilizó los esquemas SKD y CKD en la primera mitad del siglo XX. La política de López Mateos marcó un punto de inflexión, impulsando la creación de una robusta industria local de autopartes. Posteriormente, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) reorientó el enfoque hacia el contenido regional, fomentando una red de proveedores interconectados entre México, Estados Unidos y Canadá.

Este modelo de integración regional dio lugar a una compleja cadena de suministro, con proveedores Tier 3, Tier 2 y Tier 1, que ha permitido a las empresas desarrollar capacidades avanzadas en manufactura, ingeniería y diseño en México. Actualmente, el país cuenta con más de 2,000 plantas de autopartes que generan cerca de 880,000 empleos, representando el 41% del empleo total en el sector automotor, una cifra significativamente mayor a la de las plantas armadoras.

La diferencia entre los esquemas SKD y CKD radica en el grado de desensamblaje de los vehículos al momento de su importación. En el SKD, los vehículos llegan parcialmente desarmados o en subconjuntos preensamblados, requiriendo operaciones de integración en la planta local. El CKD, por otro lado, implica recibir los vehículos completamente desmantelados, con todas las piezas listas para ser ensambladas en el país de destino. En ambos casos, el objetivo es que el ensamble y la posterior comercialización se realicen en México.

La medida está dirigida exclusivamente a los 11 fabricantes de vehículos ligeros que ya cuentan con instalaciones productivas en México. Entre ellos se encuentran gigantes como BMW, Stellantis, Honda, Mazda, Nissan, Toyota, Kia, Ford, General Motors, Volkswagen y Giant Motors Latinoamérica. La intención es que estas empresas aprovechen la exención arancelaria para expandir sus operaciones o establecer nuevas líneas de producción, aprovechando la infraestructura existente y la mano de obra calificada.

El reto principal para el éxito de esta política reside en la capacidad de las armadoras para integrar progresivamente componentes de manufactura nacional en sus procesos de ensamble. La Secretaría de Economía ha establecido un plazo de cinco años para que estas empresas demuestren un incremento en el uso de partes producidas en México, buscando así no solo atraer inversión sino también fortalecer la cadena de valor local y generar empleos de mayor calidad.

Históricamente, la industria automotriz ha sido un pilar fundamental de la economía mexicana, contribuyendo significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) y a las exportaciones. La capacidad del país para atraer y retener inversiones en este sector es crucial para mantener su posición como un centro de manufactura global. La actual administración busca capitalizar las tendencias de relocalización (nearshoring) y las disrupciones en las cadenas de suministro globales para consolidar la presencia de México en la industria.

Analistas del sector señalan que, si bien la exención arancelaria puede ser un incentivo atractivo a corto plazo, la sostenibilidad de la inversión dependerá de la capacidad del país para ofrecer un entorno de negocios estable, mano de obra calificada y, sobre todo, una cadena de proveeduría local cada vez más robusta y competitiva. La integración de componentes mexicanos será el verdadero termómetro del éxito a largo plazo de esta estrategia.

La política de López Mateos, aunque prohibicionista en su momento, sentó las bases para una industria de autopartes que hoy es un referente mundial. La actual administración parece buscar un equilibrio, utilizando incentivos temporales para atraer nuevas líneas de producción, pero con la mira puesta en que estas se integren gradualmente a la economía local, generando un mayor valor agregado y fortaleciendo el ecosistema automotriz mexicano.

El éxito de esta iniciativa también dependerá de la coordinación entre la Secretaría de Economía, las armadoras y los proveedores nacionales. La creación de sinergias y la facilitación de la transferencia de tecnología y conocimiento serán clave para asegurar que la inversión extranjera se traduzca en un desarrollo industrial sostenible y en la consolidación de México como un líder en la manufactura automotriz global.

En el contexto actual, donde la competencia por atraer inversiones es feroz, la medida representa un esfuerzo audaz por parte del gobierno mexicano para asegurar su lugar en la reconfiguración de la industria automotriz mundial. La clave estará en la ejecución y en la capacidad de cumplir con el objetivo de integrar componentes nacionales, transformando el ensamble temporal en una manufactura de valor agregado.

La industria automotriz mexicana, con su sólida base de manufactura y su acceso a mercados clave, tiene el potencial de beneficiarse enormemente de esta nueva estrategia. Sin embargo, el desafío de equilibrar la atracción de inversión con el desarrollo de la cadena de valor local es significativo y requerirá un esfuerzo concertado de todos los actores involucrados para asegurar un futuro próspero para el sector.

La decisión de revivir esquemas de ensamble con exenciones arancelarias, aunque controvertida por sus antecedentes, responde a una necesidad pragmática de la industria. El gobierno apuesta a que, con el tiempo, estas operaciones se conviertan en un motor de crecimiento para la manufactura nacional, fortaleciendo la competitividad y el empleo en el sector automotriz mexicano.