LA SOMBRA DE LA VIOLENCIA SOBRE LOS REPARTIDORES

La alcaldía Benito Juárez, un bastión de la clase media en la Ciudad de México, se convirtió el pasado 10 de noviembre en el escenario de un nuevo y alarmante episodio de violencia contra los repartidores de aplicaciones. Un trabajador, que simplemente canceló un pedido por exceder el tiempo de espera, fue amenazado con un arma de fuego por la pareja de una clienta. El incidente, captado en video y difundido rápidamente en redes sociales, reavivó la indignación y el temor de un gremio que opera en la precariedad y la constante exposición al peligro.

Este hecho, lejos de ser un caso aislado, es la punta del iceberg de una problemática que lacera a miles de trabajadores de plataformas digitales en la capital. La agresión en la colonia Xoco, sobre Eje 8 Sur, es un reflejo del hartazgo acumulado por la inseguridad y la aparente inacción de las autoridades ante las reiteradas solicitudes de apoyo.

UN GRITO DE AUXILIO IGNORADO

Saúl Gómez Piña, fundador de Ni Un Repartidor Menos A.C., organización que agrupa a estos trabajadores, confirmó a Expansión que, si bien su colectivo no participó directamente en la movilización posterior al incidente, la reacción de los repartidores es un eco del descontento generalizado. "Nosotros no estamos participando", aclaró Gómez Piña, pero añadió que la manifestación es "un hartazgo de que las autoridades no apoyen. La violencia es un tema que simplemente es desastroso contra los repartidores en aplicaciones".

Las palabras de Gómez Piña resuenan con fuerza ante las cifras presentadas por su organización y la colectiva Ni Una Repartidora Menos. Un informe difundido en agosto de 2026 reveló un panorama desolador: desde 2017 hasta el 5 de agosto de ese mismo año, se contabilizaron la escalofriante cifra de 47,137 asaltos contra repartidores en la Ciudad de México. La estadística se agrava con la mención de 23 trabajadores asesinados, de los cuales 21 eran hombres y dos mujeres, evidenciando la brutalidad que enfrenta este sector.

LA IMPUNIDAD COMO NORMA

El informe también arrojó luz sobre la escasa denuncia de estos crímenes. De 297 agresiones registradas contra repartidoras, solo tres llegaron a formalizarse ante las autoridades. Esta alarmante cifra sugiere que apenas el 1.7% de los asaltos totales son denunciados, una consecuencia directa de la desconfianza en las instituciones y las barreras burocráticas que enfrentan las víctimas para iniciar y dar seguimiento a los procesos legales. La sensación de impunidad parece ser la norma, dejando a los repartidores a merced de la delincuencia.

La falta de respuesta por parte de las autoridades es una queja recurrente. Gómez Piña afirmó categóricamente: "Siempre nos ignoran". Esta indiferencia, según las agrupaciones, no solo proviene de la delincuencia común, sino que también se extiende a presuntos actos de hostigamiento por parte de elementos policiales durante operativos dirigidos a motociclistas. Se estima que el 90% de estas revisiones se concentran en trabajadores de plataformas digitales, una proporción que, de ser cierta, denota un ensañamiento injustificado.

EL CONTEXTO DE UN GREMIO OLVIDADO

Históricamente, los repartidores de aplicaciones han operado en un limbo laboral y de protección. Su condición de contratistas independientes, si bien les otorga flexibilidad, los deja desprovistos de los derechos y la seguridad social que tendrían otros trabajadores. Esta vulnerabilidad se ve exacerbada por la naturaleza de su labor: largas jornadas en la calle, exposición a horarios nocturnos y la necesidad de transitar por zonas de alta incidencia delictiva.

La violencia contra este gremio no es un fenómeno nuevo, pero la creciente digitalización de la economía y la proliferación de estas plataformas han puesto de manifiesto la urgencia de abordar esta problemática. La pandemia de COVID-19, si bien impulsó la demanda de servicios a domicilio, también incrementó la exposición de los repartidores a riesgos sanitarios y de seguridad.

¿QUÉ SIGUE PARA LOS REPARTIDORES?

La amenaza en Benito Juárez es un llamado de atención que no puede ser ignorado. Las organizaciones de repartidores han insistido en la necesidad de mecanismos de protección más efectivos, incluyendo protocolos de seguridad claros, capacitación para identificar y reportar riesgos, y una respuesta policial más ágil y sensible a sus necesidades. Asimismo, se requiere una revisión del marco legal que rige a las plataformas digitales para garantizar condiciones laborales más justas y seguras.

La falta de acción por parte de las autoridades no solo perpetúa la inseguridad, sino que también mina la confianza en el sistema de justicia. La sociedad civil, a través de colectivos como Ni Un Repartidor Menos, ha alzado la voz, pero el eco parece desvanecerse en los pasillos del poder. Es imperativo que las autoridades capitalinas, encabezadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum, volteen la mirada hacia este sector y ofrezcan soluciones tangibles, antes de que la violencia cobre más vidas y el hartazgo se convierta en una explosión social.

LA RESPONSABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS

Más allá de la responsabilidad gubernamental, las propias empresas de reparto también tienen un papel crucial que desempeñar. Si bien argumentan que sus repartidores son contratistas independientes, la realidad es que ejercen un control significativo sobre sus operaciones, desde la asignación de pedidos hasta la evaluación de su desempeño. Por ello, se les debe exigir una mayor implicación en la seguridad de sus trabajadores, implementando medidas como seguros de vida, apoyo legal en caso de incidentes y sistemas de alerta temprana.

La discusión sobre la seguridad de los repartidores trasciende la anécdota del incidente en Benito Juárez. Se trata de reconocer la importancia de este gremio en la economía urbana y de garantizar que su labor no se realice a costa de su integridad física y su vida. La omisión de las autoridades y la indiferencia ante sus demandas solo profundizan la crisis de inseguridad que vive la Ciudad de México, afectando a uno de sus sectores más vulnerables.

UN LLAMADO A LA ACCIÓN

El video de la amenaza se ha convertido en un símbolo de la precariedad y el peligro que enfrentan los repartidores. La movilización de los trabajadores es una señal clara de que ya no están dispuestos a aceptar la violencia y la indiferencia como parte de su jornada laboral. Es hora de que las autoridades, tanto a nivel local como federal, escuchen este llamado y actúen con la urgencia que la situación amerita. La seguridad de los repartidores es un reflejo de la seguridad de toda la ciudad.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha hecho de la seguridad una de sus prioridades, debe atender esta problemática con la seriedad que merece. La implementación de políticas públicas efectivas y la coordinación con las organizaciones de repartidores son pasos fundamentales para revertir esta tendencia alarmante y garantizar un entorno de trabajo más seguro para miles de mexicanos que día a día salen a las calles a ganarse la vida.

EL ROL DE LOS EJIDATARIOS Y CAMPESINOS

En un contexto donde la seguridad en las ciudades se ve amenazada, es importante recordar la importancia de otros sectores productivos que, aunque distintos, comparten la necesidad de un entorno seguro para su labor. Los ejidatarios y campesinos, pilares de la producción de alimentos en México, también enfrentan sus propios desafíos en materia de seguridad, desde el robo de cosechas hasta la invasión de tierras. Su labor, fundamental para la soberanía alimentaria del país, requiere del mismo nivel de atención y protección por parte de las autoridades.

El apoyo a estos sectores, al igual que a los repartidores, debe traducirse en políticas públicas concretas que garanticen su bienestar y les permitan continuar con su trabajo en condiciones dignas. La fortaleza del campo mexicano y la seguridad de quienes lo trabajan son esenciales para el desarrollo y la estabilidad de la nación. La Presidenta Sheinbaum tiene la oportunidad de demostrar su compromiso con todos los sectores productivos del país, asegurando que nadie se quede atrás en la búsqueda de un México más seguro y próspero.

LA NECESIDAD DE UN ENFOQUE INTEGRAL

La violencia contra los repartidores y los desafíos que enfrentan los ejidatarios y campesinos son dos caras de la misma moneda: la necesidad de un Estado que garantice la seguridad y el bienestar de todos sus ciudadanos. Un enfoque integral que aborde las causas profundas de la inseguridad, fortalezca las instituciones y promueva la justicia social es fundamental para construir un país donde todos puedan prosperar sin temor. La Presidenta Sheinbaum tiene la encomienda de liderar este esfuerzo, asegurando que la seguridad sea una realidad para todos los mexicanos, sin importar su ocupación o lugar de residencia.