La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha aprobado una nueva prórroga para el registro de líneas telefónicas, una medida que, si bien se reconoce como necesaria ante el bajo nivel de vinculación de usuarios, especialmente en prepago, ha desatado serias dudas legales y de implementación.

Calendario Escalado: ¿Un Salto a la Inseguridad Jurídica?

La extensión del plazo, que se aplicará mediante un calendario escalonado de agosto a diciembre, busca dar más tiempo a los mexicanos para registrar sus líneas telefónicas con datos de identificación. El gobierno federal ha defendido esta iniciativa como una herramienta clave para combatir delitos y extorsiones cometidas a través de teléfonos móviles. Sin embargo, el método elegido por la CRT ha generado un fuerte debate entre expertos en telecomunicaciones.

Adolfo Cuevas, excomisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ha señalado que el calendario propuesto contraviene directamente la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Según Cuevas, la ley establece un periodo de gracia de 120 días hábiles antes de restringir los servicios a llamadas de emergencia, un plazo que el nuevo esquema escalonado, supeditado a fechas específicas según el último dígito del número, parece ignorar.

Esta diferenciación en los plazos, argumenta Cuevas, crea un trato desigual entre los usuarios, otorgando tiempos distintos para cumplir con la regulación. El riesgo, advierte, es que muchos usuarios, particularmente aquellos con líneas que terminan en el dígito 0, no logren completar el registro antes de la primera fecha límite, el 15 de agosto, debido a la falta de información y la incertidumbre generalizada.

“Este nuevo criterio no es realista. Queda claro que falta información, incentivos, mecanismos para generar confianza en los usuarios, antes que simplemente amenazarlos con perder un derecho constitucional a la expresión, comunicación y acceso a información”, sentenció Cuevas, subrayando la urgencia de generar confianza en lugar de imponer medidas coercitivas.

Falta de Transparencia y Dudas sobre la Aprobación

La CRT, hasta el momento de la publicación de esta nota, no ha ofrecido argumentos claros que sustenten la decisión de implementar una prórroga mediante un calendario escalonado. Expansión solicitó a la autoridad regulatoria detalles sobre los criterios jurídicos y operativos que respaldan esta medida, pero no obtuvo respuesta.

Fuentes cercanas al proceso, sin embargo, han indicado a Expansión que la prórroga anunciada aún no ha sido discutida ni aprobada formalmente por el Pleno de la CRT, un paso indispensable para que la medida tenga validez legal. Se anticipa que la aprobación ocurra en breve, seguida de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Un Reto Persistente: La Baja Participación y la Confianza del Usuario

Al 25 de junio, solo 63 millones de personas, un 39.1% del universo estimado, habían completado el registro de sus líneas telefónicas. De estas, 40.2 millones corresponden a líneas de prepago y 22.8 millones a pospago, dejando pendientes a 98 millones de líneas.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), calificó la ampliación del plazo como una decisión positiva. No obstante, enfatizó que la efectividad de la medida dependerá crucialmente de la estrategia de comunicación que la CRT implemente para informar a los usuarios sobre el proceso y las nuevas fechas.

Bravo también destacó la necesidad de una coordinación estrecha con los operadores de telecomunicaciones para reforzar la difusión del calendario, enviando alertas a las líneas que se acercan a su fecha límite. De lo contrario, advirtió, los niveles de adopción podrían estancarse.

La incertidumbre entre los usuarios se ve alimentada por criterios dispares entre operadores para la toma de datos biométricos y cuestionamientos sobre la validación de líneas sin consentimiento explícito, factores que erosionan la confianza en el proceso.

Contexto y Análisis: La Lucha contra el Crimen y los Derechos Ciudadanos

La iniciativa de registrar las líneas telefónicas nació con la promesa de ser un arma poderosa contra la delincuencia. La vinculación de cada línea a la identidad de su titular busca dificultar el uso anónimo de teléfonos para cometer ilícitos, desde extorsiones hasta secuestros y fraudes.

Sin embargo, la implementación de esta política ha estado plagada de desafíos. La baja participación inicial sugiere una falta de claridad en los beneficios para el usuario, una comunicación deficiente por parte de las autoridades y, posiblemente, desconfianza en la protección de sus datos personales.

La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, promulgada en 2014, ya contemplaba la necesidad de identificar a los usuarios de telefonía móvil. La reforma de 2021, que introdujo el registro obligatorio en la base de datos de la Red Nacional de Información (RNI), buscó endurecer esta medida ante la persistencia de delitos.

El debate actual se centra en si el método elegido por la CRT para extender el plazo es el más adecuado y si realmente cumple con el espíritu de la ley. La crítica de Adolfo Cuevas apunta a una posible contradicción legal que podría ser explotada por los usuarios o, peor aún, generar un caos administrativo y legal.

La falta de respuesta de la CRT a las solicitudes de información agrava la percepción de opacidad. En un tema tan sensible como la seguridad y los derechos de los ciudadanos, la transparencia y la claridad en la comunicación son fundamentales para generar la confianza necesaria que impulse la participación ciudadana.

El reto para la CRT y el gobierno federal es doble: por un lado, asegurar que la medida sea legalmente sólida y no genere desigualdades; por otro, convencer a millones de usuarios de la importancia y los beneficios del registro, superando la desconfianza y la falta de información que han marcado hasta ahora este proceso.

La efectividad de esta prórroga y el calendario escalonado, por tanto, no solo dependerá de su aprobación formal, sino de la capacidad de las autoridades para comunicar de manera efectiva, coordinarse con los operadores y, sobre todo, garantizar que el proceso se apegue a la ley y respete los derechos de todos los mexicanos.