Puebla se ha consolidado tristemente como el epicentro del robo de gas LP en México. Durante el primer trimestre de 2026, la entidad registró la escalofriante cifra de 157 tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), un aumento del 35.34 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estos datos, provenientes del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), pintan un panorama desolador sobre la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno.
El reporte de Igavim, que utiliza información oficial de Pemex, no deja lugar a dudas: Puebla no solo mantiene su posición como el estado con mayor incidencia en este delito, sino que agrava la situación con un crecimiento porcentual alarmante. Cada toma clandestina representa no solo una pérdida económica millonaria para el erario y la paraestatal, sino también un riesgo inminente para la seguridad de las familias poblanas y de las comunidades aledañas a la infraestructura de Pemex.
Este fenómeno delictivo, intrínsecamente ligado al crimen organizado, pone de manifiesto la profunda penetración de redes ilícitas en la región. El robo de gas LP no es una actividad menor; requiere de logística, conocimiento técnico y, sobre todo, de la complicidad o inacción de quienes deberían garantizar la seguridad pública. La pregunta que surge de inmediato es: ¿dónde están las autoridades federales, estatales y municipales en esta batalla perdida?
La escalada de tomas clandestinas en Puebla no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema estructural que aqueja a la seguridad en el país. Si bien el robo de hidrocarburos ha sido una constante, el gas LP presenta particularidades que lo hacen aún más peligroso. Su manejo inadecuado por parte de los delincuentes puede derivar en explosiones catastróficas, incendios de gran magnitud y, en el peor de los casos, pérdidas humanas irreparables.
El Igavim ha sido una voz constante de alerta ante esta problemática. Su análisis, basado en datos duros, contrasta fuertemente con los discursos oficiales que a menudo intentan minimizar la gravedad de la inseguridad. La cifra de 157 tomas clandestinas en solo tres meses es un golpe directo a la narrativa de "abrazos, no balazos" cuando se trata de combatir el crimen organizado que se lucra con recursos públicos.
Las implicaciones de esta situación van más allá de lo económico y lo inmediato. La proliferación de estas actividades ilícitas erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando la gente ve que ductos de Pemex son perforados impunemente, se genera la percepción de un Estado débil, incapaz de proteger su propia infraestructura y, por ende, a sus ciudadanos.
El gobierno estatal, encabezado por Sergio Salomón Céspedes, se encuentra bajo un escrutinio cada vez mayor. A pesar de los esfuerzos declarados, los números hablan por sí solos. La estrategia de seguridad actual parece ser insuficiente para disuadir a los grupos delictivos que operan con tal audacia. Es imperativo un replanteamiento profundo de las tácticas y una mayor coordinación interinstitucional.
La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, encargados de la vigilancia de los ductos, también deben rendir cuentas. ¿Qué acciones concretas se están tomando para prevenir y sancionar estos actos? ¿Se están aplicando las leyes con todo el rigor necesario? La opacidad en las respuestas solo alimenta la sospecha de que la lucha contra el robo de gas LP es, en el mejor de los casos, tibia.
El impacto en la economía local también es considerable. El robo de gas LP desestabiliza el mercado, genera competencia desleal para los negocios establecidos y puede incluso afectar el suministro para los consumidores legítimos. Además, los costos asociados a la reparación de los ductos y a la contención de fugas son una carga adicional para Pemex y, en última instancia, para los contribuyentes.
La sociedad civil organizada, a través de organismos como Igavim, cumple un rol fundamental al visibilizar estas problemáticas. Sin embargo, la responsabilidad última recae en quienes ostentan el poder público. Es hora de pasar de las declaraciones a las acciones contundentes.
Se requiere una estrategia integral que no solo se enfoque en la disuasión y el castigo, sino también en atacar las raíces del problema: la corrupción, la falta de oportunidades y la debilidad institucional que permite que el crimen organizado prospere.
Puebla no puede seguir siendo el referente nacional del robo de gas LP. Es urgente que las autoridades asuman la magnitud del desafío y demuestren con resultados tangibles que la seguridad y el Estado de derecho son prioridades innegociables. De lo contrario, las cifras seguirán aumentando y la confianza en el gobierno continuará desmoronándose.