El pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) ha decidido dar marcha atrás a su Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, una medida que buscaba regular la evaluación del desempeño del personal de carrera del Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta decisión, anunciada este lunes, representa una victoria para los empleados del PJF que, desde el fin de semana pasado, mantuvieron un paro nacional en protesta por lo que consideraban un atentado a sus derechos laborales y una amenaza directa a su estabilidad en el empleo.

La abrogación del acuerdo se produce como cumplimiento de los compromisos alcanzados el pasado sábado 7 de noviembre, en una mesa de negociación entre representantes del OAJ y los tres sindicatos que agrupan a los trabajadores del PJF. En dicha reunión, encabezada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, y el titular del OAJ, Néstor Vargas, se buscó desactivar el conflicto y garantizar la continuidad de los servicios.

Uno de los puntos clave de la negociación fue el establecimiento claro y categórico de que la evaluación del desempeño tendría como objetivo primordial el fortalecimiento de la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia. El OAJ se comprometió a eliminar de manera definitiva cualquier referencia que pudiera interpretarse como una medida sancionatoria o que implicara la separación del cargo de los empleados.

Además, se acordó suprimir la posibilidad de realizar evaluaciones extraordinarias a solicitud de los titulares de las áreas. Asimismo, se modificaron los porcentajes de los aspectos que introducían un factor de subjetividad, como la opinión de compañeros de trabajo, en la determinación del buen o mal desempeño de los empleados en sus funciones.

El OAJ también se comprometió a publicar a la brevedad las modificaciones sustantivas al Acuerdo General en el Diario Oficial de la Federación, asegurando así la transparencia y formalidad del proceso. Este compromiso buscaba disipar las dudas y temores de los trabajadores respecto a la aplicación de la normativa.

Sin embargo, el OAJ expresó su reproche ante la persistencia del paro. A pesar del compromiso adquirido por las dirigencias sindicales de normalizar labores en todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial este lunes 9 de noviembre, las instalaciones de al menos 50 juzgados y tribunales federales permanecieron cerradas. Esta situación, según el OAJ, repercute negativamente en el derecho fundamental de acceso a la justicia para la sociedad mexicana.

Ante este escenario, el Pleno del Órgano de Administración Judicial resolvió abrogar el acuerdo en cuestión, argumentando que esta medida se toma "en aras de cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita". La institución reiteró su compromiso con el fortalecimiento del sistema de justicia y la continuidad de los servicios en beneficio de la ciudadanía.

Este desenlace subraya la compleja relación entre la administración del Poder Judicial y sus trabajadores, quienes han demostrado una capacidad de movilización significativa para defender sus derechos. El paro nacional, aunque afectó la operatividad de diversos órganos de justicia, logró forzar una reconsideración de las políticas internas, evidenciando la importancia de la negociación y el diálogo en la resolución de conflictos laborales dentro de instituciones clave del Estado.

La situación pone de manifiesto la necesidad de mecanismos de evaluación que sean percibidos como justos y transparentes por el personal, y que no generen incertidumbre sobre su permanencia. La imparcialidad y la objetividad deben ser los pilares de cualquier sistema de evaluación, especialmente en un ámbito tan sensible como el judicial, donde la estabilidad del personal puede influir en la calidad y continuidad de la impartición de justicia.

En el contexto de la administración de justicia en México, la carrera judicial es un pilar fundamental. Los acuerdos que rigen la evaluación del desempeño de los servidores públicos en este ámbito son cruciales para mantener altos estándares de profesionalismo y eficiencia. La presión ejercida por los sindicatos del PJF ha puesto sobre la mesa la discusión sobre cómo equilibrar la necesidad de supervisión y mejora continua con la protección de los derechos laborales de los trabajadores.

Históricamente, los trabajadores del Poder Judicial han sido activos en la defensa de sus condiciones laborales. Los paros y movilizaciones han sido herramientas utilizadas en diversas ocasiones para expresar inconformidad y negociar mejoras. Este último evento no es una excepción y se inscribe en una larga tradición de activismo sindical dentro de la judicatura federal.

Las implicaciones de esta decisión van más allá del ámbito interno del OAJ. Refuerza la idea de que la concertación y el consenso son esenciales para la gobernanza de las instituciones públicas. La capacidad de las autoridades para escuchar y responder a las demandas legítimas de sus empleados es un indicador de madurez institucional y un factor clave para la estabilidad y el buen funcionamiento del servicio público.

El desafío ahora para el OAJ y la SCJN será implementar un sistema de evaluación que cumpla con los objetivos de mejora de la justicia, al tiempo que garantice la tranquilidad y el respeto a los derechos de los trabajadores. La confianza mutua y un diálogo constante serán fundamentales para evitar futuras crisis y asegurar que la impartición de justicia no se vea comprometida por conflictos laborales internos.

La sociedad mexicana, en última instancia, es la principal beneficiaria de un Poder Judicial eficiente y estable. Cualquier medida que afecte la continuidad de sus servicios o la moral de sus trabajadores tiene un impacto directo en la percepción pública de la justicia y en la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones constitucionales. La resolución de este conflicto es, por tanto, un paso importante hacia la normalización y el fortalecimiento de la impartición de justicia en el país.