Colombia celebrará la primera vuelta de sus elecciones presidenciales este domingo 31 de mayo, en una jornada que definirá si la izquierda se mantiene en el poder o si el país gira hacia la derecha. El presidente Gustavo Petro, quien no puede reelegirse, cierra su mandato con resultados económicos contrastantes.
En el lado favorable, el gobierno logró reducir la tasa de desempleo y aumentar los salarios. La pobreza multidimensional alcanzó 9.9% en 2025, rompiendo por primera vez el piso del 10%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esto representa que 793,000 personas salieron de esa condición durante el último año, marcando el quinto año consecutivo de descenso desde 2020.
Sin embargo, el panorama fiscal presenta serias complicaciones. Petro entrega un déficit fiscal cercano al 7% del PIB y una deuda pública que supera el 64% del PIB. Remi Jean Emile Stellian, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, advierte que este deterioro "podría terminar perjudicando la implementación de nuevos proyectos" en áreas como educación y salud. El problema central, según el economista, es que la deuda se destinó principalmente a gasto corriente en lugar de inversión en infraestructura.
El crecimiento económico durante la administración Petro no superó el 2% anual, una cifra débil para el potencial colombiano. Stellian señala que el país cayó en la trampa del estancamiento económico, caracterizada por baja productividad, alta informalidad y debilitamiento institucional. El especialista critica que el gobierno priorizó reformas laborales y de salud sobre inversiones en infraestructura o educación.
La informalidad laboral sigue siendo un lastre: más de la mitad de los trabajadores colombianos carecen de empleo formal y acceso pleno al sistema de protección social. Aunque las cifras de desempleo lucen favorables, muchos de los nuevos empleos públicos son contratos temporales sin estabilidad.
De cara a las elecciones, los tres principales candidatos presentan visiones divergentes. Iván Cepeda, del Pacto Histórico, propone una redistribución estructural de la riqueza mediante una revolución agraria. Abelardo de la Espriella plantea un ajuste fiscal drástico y desregulación para alcanzar un crecimiento del 7% anual. Paloma Valencia, del Centro Democrático, apuesta por recuperar la confianza inversionista y la disciplina fiscal para crecer al 5% anual.
La cuarta economía latinoamericana enfrenta así una encrucijada: consolidar los avances sociales sin comprometer la sostenibilidad fiscal, o priorizar el ajuste económico con el riesgo de revertir las mejoras en pobreza y empleo.