Perú se encuentra en una encrucijada crítica este domingo, cuando millones de ciudadanos acuden a las urnas para decidir quién ocupará la presidencia del país por los próximos cinco años. La elección se perfila como un reflejo de la profunda crisis política y social que ha azotado a la nación andina, resultando en un relevo de nueve presidentes en apenas una década. La contienda se libra entre Keiko Fujimori, representante de la derecha y figura polémica por su linaje político, y Roberto Sánchez, un izquierdista que ha logrado repuntar en las últimas semanas, empatando a su rival en las encuestas.
La jornada electoral está marcada por un palpable hartazgo ciudadano. Años de inestabilidad política, escándalos de corrupción y una creciente ola de criminalidad han erosionado la confianza en las instituciones. "Tenemos que escoger entre el 'mal menor', se repite la historia. Estamos en una crisis que lleva más de una década", expresó Renzo Masa, un estudiante de 23 años, tras emitir su voto, capturando el sentir de muchos peruanos que ven esta elección como una repetición de ciclos fallidos.
Keiko Fujimori, administradora de 51 años y aspirante presidencial por cuarta vez, se presenta como la opción de orden y estabilidad, apelando al legado de su padre, Alberto Fujimori. El exmandatario, quien gobernó con mano dura entre 1990 y 2000, es recordado por haber estabilizado la economía y combatido a los grupos subversivos, pero también por graves acusaciones de crímenes de lesa humanidad y autoritarismo. Fujimori busca capitalizar esta dualidad, presentándose como la garante de un futuro próspero y seguro.
Por otro lado, Roberto Sánchez, congresista y exministro de 57 años, emerge como la voz del cambio y la reivindicación de las bases populares. Su campaña se ha inspirado en la figura de Pedro Castillo, el expresidente rural que fue destituido tras un fallido autogolpe de Estado y que actualmente se encuentra preso. Sánchez, quien porta con orgullo el sombrero que le regaló Castillo, promete un giro hacia políticas sociales más inclusivas y un fortalecimiento del equilibrio de poderes, aunque ha moderado su discurso para atraer a un electorado más amplio.
La primera vuelta electoral, celebrada en abril, ya había puesto de manifiesto la fragmentación del electorado y la desconfianza generalizada. Ambos candidatos, Fujimori y Sánchez, sumados, no lograron superar el 30% de los votos, y la jornada estuvo empañada por fallos logísticos y denuncias de fraude. Estos incidentes solo sirvieron para agudizar la crisis de credibilidad de las instituciones electorales y políticas peruanas.
La campaña electoral ha estado cargada de retórica polarizante. Fujimori ha advertido sobre el peligro del "comunismo" y ha enmarcado la elección como una disyuntiva entre "orden o retroceso". Sus seguidores, como Luis Bernaola, un técnico electrónico de 44 años, ven en ella la única opción para recuperar la estabilidad perdida. "Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar", comenta, reflejando una esperanza cautelosa.
Sánchez, por su parte, ha intentado distanciarse de los sectores más radicales de la izquierda y ha buscado proyectar una imagen de moderación y apertura al diálogo, incluso con Estados Unidos. "Necesitamos un cambio. Es importante el equilibrio de poderes. Le tengo más temor a Keiko que a Sánchez", afirma Juan Salas, un comerciante de 32 años, quien teme que una victoria de Fujimori consolide un régimen autoritario.
La sombra del "comunismo" y la "dictadura" planean sobre el debate, pero la preocupación más apremiante para la mayoría de los peruanos es la creciente inseguridad. Las bandas criminales proliferan y las denuncias por extorsión se han multiplicado exponencialmente en los últimos cinco años, convirtiéndose en el problema más crítico del país. "Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia", clama Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, quien votó en el norte de Lima.
Ante la crisis de seguridad, Fujimori propone medidas drásticas: militarizar cárceles y zonas de alta criminalidad, y endurecer las políticas migratorias para combatir lo que ella denomina la "lacra social". Su discurso evoca la mano dura de su padre contra la insurgencia en los años 90. Sánchez, en contraste, enfoca sus propuestas en erradicar la corrupción dentro de la policía y el sistema judicial, señalando una presunta complicidad de las élites políticas con el crimen organizado.
La base de apoyo de Fujimori se concentra principalmente en Lima, la capital, que ha visto un alarmante incremento en su tasa de homicidios, triplicándose en los últimos cinco años. Sánchez, por su parte, tiene su fortaleza en las zonas rurales empobrecidas y olvidadas, donde la inseguridad, aunque presente, no alcanza los niveles de la urbe.
Económicamente, Perú presenta un panorama mixto. El país goza de estabilidad macroeconómica, con un crecimiento del PIB proyectado del 3.4% y una inflación controlada. Sin embargo, la informalidad laboral es rampante, afectando a siete de cada diez trabajadores. Fujimori defiende un modelo neoliberal, enfocado en la atracción de inversiones y el respeto a la propiedad privada.
Sánchez ha prometido aumentos salariales y ha buscado tranquilizar a los mercados financieros, asegurando que mantendrá la apertura económica y la independencia del Banco Central de Reserva. Su objetivo es lograr un crecimiento más inclusivo, que beneficie a los sectores más desfavorecidos de la población.
El futuro presidente deberá enfrentar un Congreso fragmentado y con escasa representación de su partido, lo que obligará a complejas negociaciones y alianzas para poder gobernar efectivamente. El analista Jeffey Radzinsky advierte que "quien gane deslegitimará el resultado si es apretado. Eso trae más inestabilidad", un escenario que Perú parece incapaz de evitar.
El mandatario electo asumirá el cargo el próximo 28 de julio, sucediendo al actual presidente interino, José María Balcázar. La expectativa es alta, pero las sombras de la inestabilidad y la violencia parecen ser compañeros ineludibles en el camino de Perú hacia un futuro más prometedor.