La política implementada por el Gobierno federal para mantener artificialmente bajos los precios de la gasolina y el diésel está provocando un sangrado financiero considerable a Petróleos Mexicanos (Pemex). Según un análisis de la consultoría PETROIntelligence, la paraestatal está perdiendo la escalofriante suma de mil 756.9 millones de pesos cada mes, al verse obligada a absorber el impacto del encarecimiento internacional de los combustibles.

Esta estrategia, conocida como el Pacto Voluntario, ha orillado a Pemex a reducir y unificar los precios de mayoreo que ofrece en sus terminales, ignorando las disparidades logísticas y los costos inherentes a cada región del país. El objetivo es mantener la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro y el diésel por debajo de los 27 pesos, una meta que se persigue a costa de la salud financiera de la empresa petrolera del Estado.

El estudio detalla que los precios homogeneizados al mayoreo se fijaron en 21.68 pesos por litro para la gasolina regular y 25.24 pesos para el diésel. Esta uniformidad, según PETROIntelligence, distorsiona la lógica del mercado, pues el componente logístico deja de ser un factor determinante en la fijación de precios, haciendo que la distancia a las terminales ya no se traduzca en un mayor costo.

El Contexto de la Crisis Energética

La contención de precios se da en un momento crítico, con las referencias internacionales de los combustibles repuntando debido al conflicto en Medio Oriente. A diferencia de 2022, cuando el Gobierno recurrió principalmente a estímulos fiscales para mitigar el impacto del choque energético, en 2026 la estrategia se basa en una combinación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el mencionado Pacto Voluntario, otorgando a los precios de mayoreo de Pemex un rol protagónico.

PETROIntelligence ha advertido que esta política genera distorsiones significativas en el mercado. Los precios de Pemex, al no reflejar completamente los costos logísticos de las terminales más remotas, dificultan la competencia para los importadores privados. Esto crea un entorno artificial que beneficia a la empresa estatal en detrimento de la libre competencia.

Estímulos Fiscales Insuficientes

Un dato revelador del análisis es la drástica reducción de los estímulos fiscales aplicados en 2026 en comparación con la crisis energética de 2022. Para la gasolina regular, el apoyo acumulado fue de apenas 3.43 pesos por litro, una fracción del apoyo de 12.51 pesos otorgado cuatro años antes. En el caso del diésel, el estímulo ascendió a 6.68 pesos, muy por debajo de los 13.76 pesos de 2022.

Esta menor intervención fiscal, combinada con la política de precios de mayoreo, recae directamente sobre las finanzas de Pemex. La consultora sugiere que, para aliviar la carga financiera de la paraestatal, sería necesario liberar sus precios de mayoreo y priorizar nuevamente los estímulos al IEPS, llegando incluso a cubrir el 100 por ciento de la cuota cuando la situación lo amerite.

Implicaciones y Alternativas

La liberación de los precios de Pemex y la aplicación de estímulos fiscales más robustos no solo beneficiarían a la empresa, sino que también podrían ser una herramienta clave para combatir el comercio ilícito de combustibles. Según estimaciones, este mercado negro mueve alrededor de 177 mil 170 millones de pesos anuales, una cifra que podría ser recuperada para la economía formal.

La estrategia actual, si bien busca proteger el bolsillo de los consumidores a corto plazo, parece insostenible financieramente para Pemex. La dependencia de la paraestatal para subsidiar el consumo de combustibles, en lugar de recurrir a mecanismos fiscales más eficientes y transparentes, plantea serias dudas sobre la sostenibilidad económica del país y la viabilidad a largo plazo de la empresa petrolera.

El análisis de PETROIntelligence subraya la necesidad de un replanteamiento en la política de precios de los combustibles. La contención artificial, aunque políticamente atractiva, genera costos ocultos que terminan por mermar la capacidad operativa y financiera de Pemex, uno de los pilares de la economía mexicana. La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta así el desafío de equilibrar la estabilidad de precios con la salud financiera de su principal empresa energética.

Históricamente, la política energética mexicana ha oscilado entre la intervención estatal y la liberalización del mercado. Sin embargo, la actual estrategia de Pemex parece priorizar el control de precios por encima de la eficiencia operativa y la rentabilidad, una decisión que podría tener consecuencias a largo plazo para la industria y las finanzas públicas.