CAOS EN SAN LÁZARO Y REFORMA
A dos años de que arrancó la actual legislatura, el panorama en el Congreso de la Unión es desolador en cuanto a la operatividad de sus órganos de control y fiscalización. De las seis comisiones bicamerales que deberían estar funcionando para supervisar al gobierno federal, solo una, la de Seguridad Nacional, ha logrado instalarse formalmente. Sin embargo, incluso esta única instancia se encuentra paralizada, sumida en la inacción desde su conformación.
La presidencia de la Comisión de Seguridad Nacional recae en el senador Eugenio Segura, miembro del partido oficialista Morena. Irónicamente, su presencia al frente del órgano es meramente nominal, ya que se encuentra gozando de una licencia temporal. Esta situación, más allá de ser un detalle administrativo, encapsula la profunda apatía y el desinterés que parecen permear en la clase política respecto a los mecanismos de contrapeso y vigilancia del poder.
LA INERCIA DE MORENA
El partido Morena, que ostenta la mayoría en ambas cámaras del Congreso, parece haber hecho de la inoperancia una estrategia. La falta de instalación y, por ende, de trabajo efectivo en las comisiones bicamerales, no es un accidente, sino una consecuencia directa de la dinámica política impuesta por la mayoría oficialista. Estas comisiones, concebidas como puentes de comunicación y control entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y compuestas por legisladores de ambas cámaras, son esenciales para el buen funcionamiento de la democracia.
Históricamente, las comisiones bicamerales han jugado un papel crucial en la revisión de políticas públicas, la aprobación de nombramientos clave y la supervisión de áreas sensibles como la seguridad nacional, la política exterior y las finanzas públicas. Su inactividad prolongada, como se observa en la presente legislatura, debilita significativamente la capacidad del Congreso para ejercer sus funciones de contrapeso y fiscalización, dejando al Poder Ejecutivo con un margen de maniobra casi ilimitado y sin la supervisión adecuada.
UN PANORAMA SOMBRÍO
La situación descrita por La Jornada pinta un cuadro sombrío para la rendición de cuentas en México. La parálisis de estas comisiones no solo afecta la transparencia y la eficiencia en la gestión pública, sino que también envía un mensaje preocupante a la ciudadanía sobre el compromiso de sus representantes con los principios democráticos. La ciudadanía espera que sus legisladores actúen como guardianes del interés público, no como meros espectadores o facilitadores de agendas gubernamentales sin escrutinio.
El hecho de que la única comisión instalada esté presidida por un legislador en licencia, y que las otras cinco ni siquiera hayan dado este primer paso, sugiere una falta de voluntad política o, peor aún, una estrategia deliberada para evitar la rendición de cuentas. En un país donde la vigilancia ciudadana y la exigencia de transparencia son cada vez mayores, este tipo de inoperancia legislativa resulta contraproducente y alimenta la desconfianza hacia las instituciones.
IMPLICACIONES PARA LA GOBERNABILIDAD
Las implicaciones de esta parálisis van más allá de la simple ineficiencia burocrática. Una legislatura que no ejerce sus funciones de control y fiscalización de manera efectiva corre el riesgo de convertirse en un apéndice del Ejecutivo, perdiendo su autonomía y su capacidad para representar genuinamente los intereses de la ciudadanía. Esto puede derivar en una concentración de poder y en la toma de decisiones que no necesariamente responden al bien común.
La falta de debate y supervisión en áreas críticas como la seguridad nacional, por ejemplo, puede tener consecuencias directas en la efectividad de las políticas implementadas y en la protección de los derechos de los ciudadanos. De igual forma, la ausencia de revisión en materia financiera o de política exterior puede abrir la puerta a decisiones poco transparentes o perjudiciales para el país.
LA RESPONSABILIDAD DE MORENA
Como partido mayoritario, Morena tiene la responsabilidad primordial de asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones legislativas. La inacción observada en la conformación y operación de las comisiones bicamerales sugiere un desprecio por los mecanismos de gobernanza democrática que requieren de un equilibrio de poderes y de una supervisión constante. Este patrón de comportamiento, si se mantiene, podría erosionar aún más la confianza pública en el sistema político.
Los analistas políticos señalan que la tendencia a concentrar el poder y a debilitar los contrapesos institucionales es una característica que se ha observado en gobiernos con mayorías legislativas sólidas. Sin embargo, la salud de una democracia radica precisamente en su capacidad para mantener y fortalecer estos contrapesos, incluso cuando una sola fuerza política domina el panorama.
¿QUÉ SIGUE?
La pregunta que queda en el aire es si esta situación de parálisis legislativa cambiará en lo que resta de la legislatura. La instalación de las comisiones restantes y el inicio de sus trabajos son urgentes para garantizar que el Congreso pueda cumplir con sus responsabilidades constitucionales. La ciudadanía tiene el derecho de exigir que sus representantes actúen con diligencia y compromiso, y que los mecanismos de control y fiscalización operen plenamente.
La inoperancia de las comisiones bicamerales es un síntoma preocupante de una enfermedad más profunda en el funcionamiento del Congreso. Es imperativo que se tomen medidas correctivas para revitalizar estos órganos y asegurar que cumplan su función esencial en la arquitectura democrática del país. De lo contrario, la percepción de un Congreso ineficaz y subordinado al Ejecutivo solo se afianzará, con graves consecuencias para la gobernabilidad y la confianza ciudadana.