El Partido Acción Nacional (PAN) ha encendido la mecha de un conflicto diplomático y político de alto calibre al presentar una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La acusación, que señala presuntos crímenes de lesa humanidad y vínculos con el narcotráfico, ha provocado una airada respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha calificado al PAN de "hipócrita". Sin embargo, el líder nacional panista, Jorge Romero, ha respondido con firmeza, defendiendo la acción de su partido y cuestionando la postura del gobierno actual.

La denuncia del PAN no es un hecho aislado. Surge en un contexto de creciente preocupación internacional y nacional por la escalada de violencia y la presunta infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder. Recientes investigaciones y reportes de medios estadounidenses han señalado a gobernadores de Morena, como Rubén Rocha de Sinaloa, Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas, por supuestos nexos con actividades ilícitas. Ante este panorama, la acción del PAN busca llevar la rendición de cuentas a un nivel internacional, donde las influencias políticas internas tendrían menor peso.

Jorge Romero, en un video difundido para fijar postura, no se anduvo con rodeos. "En efecto, el PAN acaba de presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad aquí en México", afirmó, subrayando que el objetivo es "que haya justicia en nuestro país para las miles y miles de personas, víctimas y deudos, que existen a causa del crimen organizado y de sus fechorías permitidas". La inclusión de López Obrador en la denuncia se fundamenta, según el PAN, en que "fue en su sexenio cuando se dio la entrega al crimen organizado".

La respuesta de Sheinbaum, quien criticó al PAN por "no se puede ser más hipócrita", ha sido interpretada por el PAN como un intento de desviar la atención y de proteger al expresidente. Romero replicó que la denuncia no solo señala a López Obrador, sino "a todas las facciones del crimen organizado en México que es con las que el gobierno anterior se puso de acuerdo". La pregunta retórica de Romero, "¿Qué no se supone que al crimen organizado debemos de denunciarlo, separemos o no de oposición?", pone en entredicho la coherencia del discurso oficialista.

El líder panista también lanzó una pulla directa al gobierno, sugiriendo que su preocupación ante la denuncia internacional se debe a que la CPI "no está en el ámbito de control de Morena", al ser una institución independiente. Esta declaración apunta a la percepción de que el gobierno actual busca mantener un control férreo sobre las instituciones y los procesos de justicia, algo que, según el PAN, se vería amenazado por una investigación internacional.

La denuncia formal del PAN ante la CPI detalla presuntos delitos de lesa humanidad, citando cifras alarmantes: más de 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y amplias regiones del país bajo el control de los cárteles del narcotráfico. El partido opositor argumenta que la inseguridad en México es resultado de una "deliberada, calculada y sistematizada colaboración entre el Estado Mexicano y los grupos criminales", lo que ha permitido un "hiper empoderamiento" del crimen organizado.

El PAN hace hincapié en que entre 2018 y 2024, periodo que abarca el sexenio de López Obrador, se observó una "cesión de soberanía al crimen organizado". Los casos emblemáticos mencionados incluyen Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, estados que han sido focos rojos de violencia y disputa territorial entre grupos criminales.

La estrategia de seguridad implementada por el gobierno de López Obrador, conocida popularmente como "Abrazos, no balazos", es señalada por el PAN como un "narcopacto". Según la denuncia, esta política permitió que los grupos criminales expandieran su territorio y fortalecieran su poder político y económico, en detrimento de la seguridad y el Estado de derecho.

La reacción de Claudia Sheinbaum, quien aspira a mantener la continuidad del proyecto de la "Cuarta Transformación", pone de manifiesto la delicada posición en la que se encuentra el oficialismo. Criticar al PAN por denunciar a AMLO ante un tribunal internacional podría ser contraproducente, al dar la impresión de que se busca proteger al expresidente de una investigación legítima. La estrategia de Sheinbaum parece ser la de descalificar la denuncia como un acto de "hipocresía" y "guerra sucia" electoral, en lugar de abordar las graves acusaciones de fondo.

Por su parte, el PAN se posiciona como el principal defensor de la justicia y la legalidad frente a lo que considera un "narco Estado". La denuncia ante la CPI es una jugada audaz que busca capitalizar el descontento social por la inseguridad y la corrupción, y al mismo tiempo, presionar al gobierno actual para que rinda cuentas. La estrategia del partido blanquiazul parece ser la de elevar el debate público y forzar a sus adversarios a defender posturas cada vez más difíciles de justificar.

El futuro de esta denuncia es incierto. La CPI tiene sus propios procesos y tiempos, y la resolución podría tardar años. Sin embargo, el simple hecho de haberla presentado ya ha generado un impacto significativo en la opinión pública y en el debate político mexicano. El PAN ha logrado poner en el centro de la discusión nacional e internacional la presunta complicidad del Estado con el crimen organizado, un tema que el gobierno ha intentado minimizar o desviar.

La estrategia de "Abrazos, no balazos" ha sido uno de los puntos más criticados de la administración de López Obrador, y la denuncia del PAN ante la CPI busca darle un peso jurídico y moral a esas críticas. Al señalar directamente al expresidente y a su política de seguridad, el PAN no solo busca justicia para las víctimas, sino también debilitar la narrativa oficialista y erosionar la confianza en el proyecto de la "Cuarta Transformación".

La respuesta de Sheinbaum, aunque esperada, revela la incomodidad del oficialismo ante una acusación que trasciende las fronteras nacionales y que pone en tela de juicio la integridad del proyecto político que ella misma representa. La "hipocresía" que Sheinbaum atribuye al PAN podría ser vista, por muchos, como una defensa desesperada ante una acusación que, de prosperar, tendría consecuencias devastadoras para la imagen del obradorismo y para el futuro político de sus figuras.

En este tablero de ajedrez político, el PAN ha movido una pieza clave, forzando a sus adversarios a una posición defensiva. La pelota está ahora en la cancha de la Corte Penal Internacional, pero el impacto mediático y político de esta denuncia ya ha comenzado a sentirse con fuerza en México, reavivando el debate sobre la seguridad, la justicia y la presunta complicidad del Estado con el crimen organizado.