Organizaciones no gubernamentales encendieron las alarmas sobre una posible persecución penal contra comunicadores en San Luis Potosí, luego de que el Congreso local aprobara reformas que criminalizan la difusión de contenidos generados con inteligencia artificial.
Las ONG acusaron que las modificaciones al código penal estatal representan un uso expansivo del derecho penal que podría utilizarse para silenciar voces críticas y limitar el ejercicio periodístico en la entidad.
Las reformas establecen sanciones para quienes difundan "deepfakes" y otros materiales creados mediante herramientas de inteligencia artificial, sin especificar con claridad los límites entre el uso legítimo de estas tecnologías y conductas punibles.
Defensores de la libertad de expresión advirtieron que la ambigüedad en la redacción de las normas abre la puerta a interpretaciones discrecionales que podrían afectar el trabajo de periodistas, activistas y ciudadanos que utilizan plataformas digitales para informar.
San Luis Potosí se suma así a otras entidades del país donde se han documentado intentos de regular contenidos digitales mediante legislación penal, generando preocupación entre organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Las organizaciones civiles exigieron a las autoridades estatales garantizar que la aplicación de estas reformas no derive en actos de censura o intimidación contra quienes ejercen su derecho a informar y ser informados.
Hasta el momento, el gobierno estatal no ha emitido pronunciamiento oficial sobre las críticas formuladas por los colectivos defensores de la libertad de prensa en la entidad.