La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García, ha negado categóricamente cualquier vínculo entre la empresa contratada durante su gestión al frente del organismo electoral de Puebla y José Alfredo Hernández Casillas, un empresario señalado por sus presuntas conexiones con proveedores del INE bajo la administración de Guadalupe Taddei.
En una entrevista concedida a la periodista Azucena Uresti, Cruz García abordó las recientes acusaciones relacionadas con la adjudicación de contratos millonarios para la adquisición de material electoral. La funcionaria defendió la legalidad y transparencia de los procedimientos de contratación que se llevaron a cabo, particularmente durante el proceso electoral de 2024.
La periodista recordó a la titular del INE los señalamientos que pesan sobre ella, derivados de la contratación de una empresa que, según reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), habría cobrado por servicios que presuntamente no fueron prestados. Específicamente, se mencionó un reporte de auditoría de abril de 2026 que alertaba sobre la compra de material electoral por un monto de 129 millones de pesos, sin que el organismo electoral hubiera proporcionado un oficio de autorización de suficiencia presupuestal.
Ante estas imputaciones, Blanca Cruz fue enfática al negar que la empresa en cuestión perteneciera al empresario José Alfredo Hernández Casillas. Aseguró que los representantes legales de dicha compañía son personas distintas al señalado contratista.
“Esa empresa no es del famoso señor Alfredo Hernández. Sus representantes legales son otros”, afirmó rotundamente la presidenta provisional del INE, buscando deslindar su gestión de las polémicas que han rodeado a figuras vinculadas con el instituto.
Cruz García detalló que, en el marco del proceso electoral de 2024, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Puebla llevó a cabo una licitación pública nacional para la impresión de boletas, actas y otros materiales electorales. En este proceso, según explicó, participaron diversas compañías, garantizando la competencia y la selección de la oferta más adecuada.
La funcionaria reiteró que la adjudicación del contrato se realizó tras cumplir con todas las etapas del procedimiento establecido, incluyendo la junta de aclaraciones y la emisión del fallo correspondiente. Este proceso, subrayó, se apegó a la normatividad vigente.
Respecto a las presuntas vinculaciones de la empresa contratada en Puebla con proveedores de Guadalupe Taddei en el INE, Cruz García las desestimó por completo. Insistió en que la compañía seleccionada en Puebla cuenta con representantes legales diferentes a los del empresario Alfredo Hernández, lo que demuestra la autonomía y la independencia de los procesos de contratación locales.
“Estas empresas se contratan como en cualquier OPLE cuando tenemos procesos electorales”, señaló, contextualizando la necesidad de estos servicios en periodos de alta demanda electoral.
Al ser cuestionada directamente por Uresti sobre si existía alguna relación con los proveedores de Taddei, Cruz García respondió con un contundente “Así es, exacto”, reafirmando su negativa.
En cuanto a las revisiones de auditoría, Blanca Cruz defendió la gestión del OPLE de Puebla, asegurando que la Auditoría Superior de la Federación no emitió observaciones a la cuenta pública de 2024 del organismo electoral. Explicó que los montos involucrados son considerables debido a la magnitud de los procesos electorales y al tamaño del padrón electoral y la lista nominal en Puebla, que es el quinto estado con mayor número de casillas instaladas y, por ende, con mayor producción de material y documentación electoral.
“Las cuentas están ahí, la información es pública, es transparente, siempre se han atendido las auditorías y así seguirá siendo”, agregó, enfatizando el compromiso del organismo con la rendición de cuentas.
En otro orden de ideas, la presidenta provisional del INE también compartió detalles sobre cómo se enteró de la renuncia de Guadalupe Taddei. Según su relato, tuvo conocimiento de la dimisión prácticamente al mismo tiempo en que el comunicado de prensa comenzó a circular. El boletín fue enviado inicialmente a un grupo de periodistas que cubren la fuente del instituto, y posteriormente apareció en el grupo de WhatsApp compartido por los integrantes del Consejo General del INE.
La renuncia de Taddei y las subsecuentes aclaraciones de Cruz García ponen de relieve la constante vigilancia y escrutinio a la que están sometidas las instituciones electorales del país, especialmente en lo referente a la transparencia en la asignación de recursos y la relación con proveedores.
El contexto de estas declaraciones se da en un momento crucial para el INE, que enfrenta la tarea de organizar futuros procesos electorales y mantener la confianza ciudadana en su imparcialidad y eficiencia. Las aclaraciones de la presidenta provisional buscan fortalecer la credibilidad del instituto ante las dudas surgidas.
La situación subraya la importancia de los mecanismos de fiscalización y auditoría, como los realizados por la ASF, para garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos y prevenir posibles actos de corrupción o irregularidades en los organismos autónomos del Estado.
La defensa de Blanca Cruz sobre la legalidad de los contratos en Puebla, así como su desvinculación de figuras polémicas, son pasos importantes para consolidar su liderazgo al frente del INE en un periodo de transición y escrutinio público intenso.
El INE, como máxima autoridad electoral, debe mantener una imagen de integridad y profesionalismo, y las declaraciones de su presidenta provisional buscan reforzar estos pilares fundamentales para el desarrollo democrático del país.