La estrategia del gobierno mexicano para erradicar el uso de vapeadores ha resultado en un rotundo fracaso, beneficiando directamente a las redes del crimen organizado. Lejos de proteger a la población, la prohibición ha incentivado un floreciente mercado negro, convirtiendo a México en un terreno fértil para actividades ilícitas y, paradójicamente, aumentando el consumo de tabaco tradicional.
Cerca de tres millones de mexicanos continúan vapeando, según advierte la organización civil “México y el Mundo Vapeando”. Esta cifra, lejos de disminuir, se mantiene a pesar de las severas restricciones impuestas. La prohibición, en lugar de ser una solución, se ha transformado en la "tormenta perfecta" que las organizaciones criminales esperaban, consolidando su control sobre la venta de estos productos.
Juan José Cirión, presidente de “México y el Mundo Vapeando” y maestro en Derecho por la UNAM, ha sido uno de los críticos más vocales de esta política. Según Cirión, la prohibición de los vapeadores no solo ha fallado en su objetivo principal, sino que ha generado una serie de consecuencias negativas colaterales, siendo el repunte del tabaquismo una de las más alarmantes.
Antes de que las autoridades declararan la guerra a los dispositivos de vapeo, una mayoría significativa de usuarios, aproximadamente seis de cada diez, los utilizaban como una herramienta para dejar de fumar cigarros tradicionales. Esta alternativa, que ofrecía una vía de escape para muchos fumadores empedernidos, ahora se ha vuelto inaccesible y peligrosa.
La dificultad y el riesgo inherentes a la adquisición de dispositivos y líquidos para vapear han empujado a muchos de estos ex-fumadores de vuelta al cigarro convencional. Cirión estima que al menos la mitad de quienes habían logrado transitar del tabaco al vapeo han regresado a sus viejos hábitos, exacerbando los problemas de salud pública asociados al tabaquismo.
Este panorama sombrío hace que las celebraciones del Día Mundial del Vapeo (30 de mayo) y del Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo) carezcan de motivos para el optimismo en México. La política prohibicionista ha creado una situación donde ambas fechas se convierten en recordatorios de un fracaso gubernamental.
El impacto más directo y preocupante de la prohibición ha sido el auge del mercado negro. La venta de vapeadores y sus insumos, antes realizada en negocios establecidos que operaban bajo amparos y cumpliendo con normativas de calidad, ahora se traslada a la clandestinidad. Este vacío ha sido llenado de manera eficiente por el crimen organizado.
La organización civil señala que el crimen organizado ha encontrado en los vapeadores un nicho de mercado sumamente lucrativo. El contrabando y la distribución de estos productos se han convertido en una fuente de ingresos considerable para los cárteles, quienes operan sin ningún tipo de regulación o control sanitario.
"Fue un jugoso regalo que le otorgó el gobierno mexicano", sentenció Cirión, al describir cómo la prohibición, en lugar de desincentivar el consumo, ha fortalecido las estructuras criminales. La falta de regulación y la demanda persistente aseguran un flujo constante de ganancias para quienes operan al margen de la ley.
La situación actual contrasta drásticamente con el escenario previo a la prohibición. Existían negocios formales que, amparados por la ley, importaban y vendían dispositivos que cumplían con estándares de calidad. Estos establecimientos ofrecían una alternativa segura y regulada para los consumidores.
Ahora, la compra de cualquier sustancia o dispositivo relacionado con el vapeo se realiza exclusivamente a través de canales informales. Esto no solo expone a los consumidores a productos de dudosa procedencia y potencialmente dañinos, sino que también elimina cualquier posibilidad de control fiscal o sanitario por parte del Estado.
El gobierno, al optar por la prohibición total en lugar de una regulación inteligente, ha cometido un error estratégico de graves consecuencias. La evidencia sugiere que una regulación adecuada, similar a la que existe en otros países, podría haber canalizado el mercado hacia la formalidad, generado ingresos fiscales y garantizado la seguridad de los productos.
En cambio, la política actual ha creado un escenario donde la salud pública se ve comprometida por el aumento del tabaquismo y la seguridad nacional se ve amenazada por el fortalecimiento del crimen organizado. La guerra contra los vapeadores se ha convertido, irónicamente, en una victoria para la delincuencia.
La pregunta que queda en el aire es si las autoridades mexicanas reconsiderarán su estrategia ante la evidencia de que sus acciones han fortalecido a los grupos criminales y perjudicado la salud de los ciudadanos. La urgencia de un cambio de rumbo es palpable, antes de que las consecuencias se vuelvan aún más graves.