En un fallo que sacude los cimientos de la integridad electoral en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado un revés a los esfuerzos por blindar los procesos democráticos en Chihuahua. La gobernadora Maru Campos Galván denunció enérgicamente que la resolución de la Corte, a petición de Morena, anula una reforma clave que impedía que candidatos que ganaran elecciones con el apoyo del crimen organizado pudieran conservar sus candidaturas.
LA CORTE SE INCLINA ANTE MORENA
Campos Galván, visiblemente indignada, señaló que la decisión de la Corte beneficia directamente a aquellos que buscan manipular las elecciones a través de la violencia y el financiamiento ilícito. Según la mandataria, la reforma electoral de Chihuahua, aprobada previamente por la mayoría del Congreso local, buscaba precisamente evitar que el narco dictara quién se registra, quién compite y, sobre todo, quién gana en las urnas. Sin embargo, Morena, al votar en contra de esta salvaguarda, recurrió a la Suprema Corte para revertirla, logrando su objetivo.
“Sí: Morena votó en contra de blindar las elecciones contra el narco. Y como no le alcanzaron los votos, corrió a la Suprema Corte a pedir que se tumbara. Sí, a la Suprema Corte que no discute nada y que sólo acata”, afirmó la gobernadora, subrayando su percepción de una corte complaciente con los intereses del partido en el poder.
EL NARCO, SIN CONSECUENCIAS ELECTORALES
La implicación más grave de esta resolución, según la gobernadora, es que ahora un candidato que obtenga la victoria gracias al dinero, las amenazas o la fuerza del crimen organizado no enfrentará la pérdida de su candidatura. Esto, advirtió, abre la puerta a que el narco siga influyendo decisivamente en los resultados electorales, sin que existan mecanismos efectivos para sancionar dicha intervención. Chihuahua, que se había posicionado como pionero en cerrar esta brecha, ahora se encuentra, según Campos Galván, en la misma situación que otros estados donde la influencia criminal es palpable.
“A Chihuahua le quitaron lo que más le duele al narco: que el candidato que gana con su dinero, sus amenazas y sus armas pierda la candidatura. Hoy ese candidato se queda con ella, y si la elección se repite, vuelve a competir con las mismas armas. Éramos el primer estado que le había cerrado esa puerta al crimen. Hoy no la tiene cerrada ninguno”, lamentó la gobernadora.
MORENA, EL PRINCIPAL RESPONSABLE
Maru Campos no dudó en señalar a Morena como el principal responsable de esta situación. “El narco puede meter dinero en una campaña. Puede amenazar y matar candidatos. Puede decidir quién compite y quién no. Y para el candidato que gana con esa ayuda, no hay consecuencias”, advirtió. Atribuyó directamente a Morena la estrategia de permitir y facilitar la intervención del crimen en los comicios, basándose en las actas del Congreso y el expediente de la Corte.
“Hay que decirlo con nombre: el responsable es Morena, el partido que votó en contra de blindar las elecciones y después litigó para tumbar el blindaje. No lo digo yo: está en las actas del Congreso y en el expediente de la Corte”, sostuvo Campos Galván.
UNA LUCHA QUE CONTINÚA
A pesar de la resolución adversa, la gobernadora de Chihuahua aseguró que el Gobierno del Estado acatará lo dictado por la Corte, pero no renunciará a la lucha por la integridad electoral. “Una ley se puede tumbar en una sala de la Ciudad de México. Lo que no van a tumbar es la decisión de un pueblo que ya le plantó cara al miedo y que no va a dejar que el crimen elija a sus gobernantes”, afirmó con determinación.
Campos Galván anunció que buscarán vías alternas para reponer las protecciones que la Corte ha eliminado, utilizando los mecanismos legales y el apoyo ciudadano. “Si nos cerraron un camino, abriremos otro. Chihuahua no se entrega. Aquí seguimos, trabajando por el bien de todo Chihuahua”, concluyó, prometiendo una resistencia continua contra la influencia del crimen organizado en la política.
CONTEXTO DE LA REFORMA Y LA RESOLUCIÓN
Históricamente, la relación entre el crimen organizado y los procesos electorales en México ha sido una sombra persistente. Diversos informes y análisis han documentado cómo grupos delictivos han intentado influir en elecciones a nivel local y federal, ya sea mediante financiamiento ilícito, coacción de votantes o intimidación de candidatos y autoridades. La reforma de Chihuahua representaba un intento audaz por parte de un gobierno estatal de establecer un precedente claro contra esta injerencia, buscando desincentivar la participación del narco en la política.
La decisión de la Suprema Corte, en este contexto, es vista por muchos como un retroceso significativo. Al invalidar la sanción que implicaba la pérdida de candidatura para quienes se beneficiaran del apoyo criminal, se debilita la capacidad de los estados para proteger la autonomía de sus procesos electorales. Esto genera preocupación sobre la posibilidad de que otros estados repliquen la estrategia de Chihuahua y se encuentren con obstáculos similares en la Corte.
IMPLICACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES
La resolución tiene profundas implicaciones políticas. Por un lado, fortalece la narrativa de que el partido en el poder, Morena, está dispuesto a tolerar o incluso facilitar la intervención del crimen organizado para asegurar sus victorias electorales. Esto podría erosionar aún más la confianza pública en las instituciones democráticas y en la imparcialidad del sistema judicial.
Por otro lado, la postura firme de la gobernadora Maru Campos resalta la creciente polarización política en el país y la batalla por la narrativa. Mientras ella denuncia una conspiración para permitir el narco en las elecciones, Morena y sus aliados podrían argumentar que la reforma de Chihuahua era excesiva o inconstitucional, buscando proteger la soberanía de los estados y la presunción de inocencia.
LA VOZ DISIDENTE EN LA CORTE
Es relevante notar que, dentro de la propia Suprema Corte, hubo voces que discreparon con la mayoría. La mención de la ministra Yasmín Esquivel, quien votó a favor de mantener la reforma de Chihuahua, subraya que no existe un consenso absoluto en el máximo tribunal sobre este tema. Su argumento, en el sentido de que la intervención del crimen organizado en una elección invalida la gravedad y el grado de afectación al voto libre, resuena con la preocupación expresada por la gobernadora Campos.
Sin embargo, la decisión final de la mayoría prevalece, dejando a Chihuahua y potencialmente a otros estados en una posición más vulnerable frente a la influencia del crimen organizado en sus procesos electorales. La lucha por la pureza electoral parece haber sufrido un duro golpe, y la responsabilidad de defenderla recae ahora en la voluntad política y ciudadana.
EL FUTURO DE LA INTEGRIDAD ELECTORAL
El fallo de la Corte plantea interrogantes cruciales sobre el futuro de la integridad electoral en México. ¿Podrán los estados implementar medidas efectivas para contrarrestar la influencia del crimen organizado si la máxima autoridad judicial les cierra el paso? ¿Se verá incentivado el crimen a intensificar su participación en las elecciones ante la ausencia de consecuencias significativas?
La respuesta a estas preguntas dependerá de la capacidad de las fuerzas políticas y sociales para encontrar nuevas estrategias y defender los principios democráticos. La determinación de la gobernadora Campos de seguir luchando, a pesar de este revés, sugiere que la batalla por unas elecciones limpias y libres está lejos de terminar, aunque el camino se haya vuelto considerablemente más empinado.