La administración de Claudia Sheinbaum ha presentado una iniciativa de reforma electoral que, bajo el pretexto de combatir la infiltración del crimen organizado en las elecciones de 2027, parece más una estrategia de relaciones públicas que una solución efectiva. La propuesta, canalizada a través de la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, busca modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero deja serias dudas sobre su capacidad real para blindar los procesos democráticos.
Uno de los pilares de la reforma es la creación de una Comisión de Verificación de Integridad dentro del Instituto Nacional Electoral (INE). La idea es que este organismo coordine la investigación de perfiles de candidatos antes de su registro oficial. Sin embargo, esta facultad ha generado un choque de visiones. El INE, a través de su presidencia, ha advertido que involucrarse en la definición de riesgos y la validación de perfiles de seguridad vulneraría su neutralidad, convirtiéndolo en juez y parte de la contienda. Por otro lado, Sheinbaum insiste en que el INE solo actuaría como un conducto, una visión que, según críticos, reduce al instituto a una mera oficina de mensajería, sobrecargando sus funciones esenciales sin aportar un verdadero blindaje preventivo.
La falta de organización y claridad en la propuesta gubernamental es palpable. La iniciativa parece ignorar la complejidad de las tareas del INE, enfocándose en un rol de intermediación que diluye la responsabilidad y la capacidad de acción del organismo electoral. Esta visión simplista del problema de la seguridad en las elecciones revela una preocupante desconexión con la realidad operativa de las instituciones.
Otro componente clave es la Red Federal de Cooperación e Inteligencia, diseñada para evaluar a los aspirantes. El plan contempla la colaboración del INE con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Si bien la intención de cruzar información sobre antecedentes de seguridad, investigaciones penales, flujos financieros y estados de cuenta parece loable, el riesgo inherente es que estas poderosas herramientas de inteligencia se conviertan en instrumentos de presión política. La posibilidad de investigaciones exprés para bloquear o intimidar a candidatos incómodos es una sombra que planea sobre esta red.
La reforma también propone un Mecanismo de Alerta por “Riesgo Razonable”. Los partidos y aspirantes independientes deberían entregar sus listas de precandidatos al INE, que, tras cruzar datos con las dependencias de seguridad, emitiría un dictamen confidencial. Si se detecta un peligro, el INE notificaría al partido o al aspirante sobre el “riesgo razonable” de nexos con el crimen organizado. El problema fundamental aquí es que el INE no realizaría investigaciones de fondo, y la decisión final recaería en los partidos políticos. Esto abre la puerta a una simulación, donde los partidos podrían lavarse las manos y aparentar un blindaje que en la práctica no están obligados a respetar, eludiendo su responsabilidad.
La propuesta, aunque menciona el respeto a la presunción de inocencia y aclara que la alerta no es una acusación penal, genera desconfianza. La decisión final de mantener o retirar una candidatura recae en el partido, obligándolo a asumir la responsabilidad pública si postula a un perfil con alertas. Sin embargo, a la luz de decisiones recientes tomadas por el oficialismo, donde la presunción de inocencia parece ser un concepto maleable, esta salvaguarda se percibe como insuficiente y poco confiable.
El apresurado ritmo con el que se pretende debatir y aprobar esta reforma en el Congreso es otro motivo de seria preocupación. La historia reciente de reformas electorales en México está marcada por debates acelerados y acuerdos cupulares, lo que socava la legitimidad y la efectividad de las leyes aprobadas. Este modus operandi, lejos de generar confianza, alimenta la sospecha de que se buscan soluciones cosméticas y no transformaciones profundas.
En un plano estrictamente político, es innegable que esta propuesta responde a la presión ejercida por Washington. La insistencia de Estados Unidos para detener y extraditar a altos jerarcas del oficialismo, incluyendo a figuras como el gobernador de Sinaloa, parece haber sido el catalizador para que el gobierno mexicano reaccionara. Es lamentable que la iniciativa para proteger la integridad electoral surja no de una voluntad política interna proactiva, sino de una exigencia externa.
Muchos actores políticos y sociales han señalado desde hace tiempo, al menos desde 2021, la urgencia de implementar medidas efectivas para impedir la intervención del crimen organizado en las elecciones. La falta de respuesta a estos llamados previos subraya una inacción gubernamental que ahora se intenta maquillar con una reforma superficial. La oportunidad de actuar de manera preventiva y contundente se ha perdido, y ahora se recurre a medidas reactivas y, a todas luces, insuficientes.
En síntesis, la iniciativa de Claudia Sheinbaum, tal como está diseñada, no resolverá de fondo el problema de los “narcocandidatos”. Su enfoque en la intermediación, la falta de investigación profunda por parte del INE y el riesgo de instrumentalización política la convierten en una propuesta endeble. Por estas razones, el voto debe ser en contra de esta reforma que, en lugar de fortalecer nuestra democracia, corre el riesgo de debilitarla aún más bajo una fachada de legalidad y orden.