Guadalajara, la joya de Jalisco, se prepara para ser anfitriona de la Copa del Mundo 2026, un evento que promete ser un escaparate global y una inyección económica vital. Sin embargo, bajo el brillo de las pantallas gigantes y el césped recién instalado en el Estadio Akron, se esconde una realidad sombría: la creciente ola de violencia y la alarmante crisis de personas desaparecidas que amenazan con empañar la fiesta deportiva.
La FIFA y los organizadores han invertido miles de millones de dólares en infraestructura y logística para asegurar que los 13 partidos que se celebrarán en México, incluyendo los de Guadalajara, sean un éxito rotundo. Se habla de pantallas gigantes en plazas públicas, de áreas VIP exclusivas con precios exorbitantes y de la modernización de estadios. Todo un despliegue para recibir a aficionados de todo el mundo, quienes, se espera, dejarán una derrama económica significativa. Pero, ¿a qué costo?
La sombra del crimen organizado se cierne sobre Jalisco. Tras la abatimiento de un importante líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en febrero, la región experimentó un repunte de violencia que afectó directamente al sector turístico. Negocios incendiados, vehículos destrozados y una caída drástica en la afluencia de visitantes a destinos como Puerto Vallarta son solo algunas de las secuelas. La recuperación económica, que el Mundial supuestamente aceleraría, se ve amenazada por esta inseguridad endémica.
La estadística es demoledora: nueve de cada diez habitantes de Guadalajara se sienten inseguros, según una encuesta oficial. Esta percepción no es infundada. Familias enteras viven con el temor constante de que sus seres queridos desaparezcan. El caso de Hilda Villalobos Tinoco, cuyo hijo desapareció en marzo, es solo uno de los miles que evidencian la urgencia de la crisis. "¿Pero a los desaparecidos? ¿Cuánto tardan en hacerte caso?", cuestiona con amargura, contrastando la atención mediática del Mundial con la indiferencia hacia las víctimas de la violencia.
La crítica hacia la organización del evento deportivo se intensifica al considerar quiénes son los más afectados. Los detractores argumentan que la inversión millonaria en estadios y adornos urbanos podría destinarse a atender la crisis social y de seguridad que golpea principalmente a las clases trabajadoras, quienes, irónicamente, difícilmente podrán costear un boleto para los partidos.
La historia se repite. Brasil en 2014 y Sudáfrica en 2010 fueron testigos de protestas masivas contra el gasto excesivo en los Mundiales, denunciando la corrupción y la falta de atención a problemas sociales apremiantes. Guadalajara y México no son la excepción; la indignación popular resuena ante la aparente priorización del espectáculo sobre la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.
Las autoridades, por su parte, intentan disipar los temores. La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que no existe "ningún riesgo" para los visitantes, y se ha implementado un operativo de seguridad sin precedentes con casi 100 mil efectivos desplegados en las ciudades sede. Se habla de videovigilancia avanzada y de perímetros de seguridad reforzados alrededor de los estadios. La libertad de expresión está garantizada, según la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aunque la experiencia de protestas pasadas sugiere cautela.
Sin embargo, la efectividad de estas medidas para erradicar la violencia y encontrar a los desaparecidos es cuestionable. Mientras los aficionados extranjeros disfrutan de un entorno supuestamente seguro, los residentes locales continúan viviendo bajo la amenaza constante. La "última milla" de seguridad alrededor de los estadios no resuelve el problema de fondo: la inseguridad que permea la vida cotidiana de los jaliscienses.
La narrativa oficial busca proyectar una imagen de normalidad y seguridad, pero la realidad sobre el terreno es tozuda. La violencia no se detiene por la llegada de un evento deportivo. Las desapariciones continúan, y las familias de las víctimas exigen justicia y respuestas, no solo promesas vacías o medidas cosméticas.
El Mundial de 2026 en Guadalajara se perfila como un espejo de las contradicciones de México: un país capaz de organizar eventos de talla mundial, pero incapaz de garantizar la seguridad básica de sus propios ciudadanos. La fiesta futbolística corre el riesgo de convertirse en un recordatorio doloroso de las fallas del Estado y la impunidad del crimen organizado.
La pregunta que queda en el aire es si la inversión en seguridad para el Mundial es genuina o simplemente una fachada para ocultar una crisis que se niega a ser resuelta. La comunidad internacional observará, pero serán los habitantes de Jalisco quienes vivirán la verdadera cara de esta celebración, entre el fervor deportivo y el miedo latente.
La urgencia de abordar la crisis de seguridad y las desapariciones en Jalisco no puede ser postergada. El Mundial es una oportunidad, sí, pero no debe ser la excusa para ignorar las demandas de justicia y paz de quienes sufren las consecuencias directas de la violencia criminal. La verdadera victoria sería garantizar la seguridad de todos, no solo de quienes vienen a disfrutar de un partido.