El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha dado otro golpe a los principios democráticos que tanto pregonaba. En una jugada que exhibe su desprecio por la alternancia y la renovación, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que abre la puerta a la reelección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), permitiendo que algunos puedan extender su permanencia hasta por 17 años.

La iniciativa, impulsada por el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna, no solo contradice el discurso anti-reelección que Morena ha enarbolado desde su fundación, sino que también genera un conflicto de interés sin precedentes. Los magistrados que hoy resuelven impugnaciones podrían, en un futuro cercano, ser los mismos contendientes en procesos electorales, convirtiéndose en "juez y parte" de su propia contienda.

Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, fue uno de los primeros en alzar la voz contra esta "despropósito". Con una claridad meridiana, cuestionó la incoherencia del partido en el poder: "¿No estaban en contra de la reelección?". Su señalamiento pone al descubierto la doble moral de un partido que, cuando le conviene, invoca los ideales democráticos, pero que cuando busca perpetuar su influencia, los desecha sin miramientos.

La reforma, que ya fue turnada al Senado para su discusión, permite que los magistrados electorales no solo extiendan su cargo un año adicional, sino que también compitan por una reelección de seis años más. Esto significa que figuras clave en la impartición de justicia electoral podrían permanecer en sus puestos hasta 2034, consolidando un poder que debería ser temporal y sujeto a escrutinio constante.

Colosio Riojas no se detuvo en la mera crítica a la reelección. Subrayó la gravedad del conflicto de interés inherente a la medida. "Nadie puede ser árbitro de la contienda en la que también es contendiente", enfatizó, recordando que esta situación vulnera de manera frontal los principios de equidad, imparcialidad y el deber de excusa que rigen a cualquier juzgador.

La aprobación en la Cámara de Diputados, con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, evidenció las fisuras dentro del propio bloque oficialista. Legisladores de Morena, como Alfonso Ramírez Cuéllar, reconocieron que la reserva estaba "llena de trampas" y que contradecía la filosofía de los cambios impulsados para "acabar con las castas que se perpetúan en los tribunales".

Sin embargo, la fuerza de la mayoría morenista logró imponer la reforma, demostrando una vez más que la disciplina partidista está por encima de la coherencia ideológica y los principios democráticos. La decisión de aplazar la elección de jueces y magistrados hasta 2028, sumada a la posibilidad de reelección en el TEPJF, configura un panorama preocupante para la autonomía y la imparcialidad del sistema de justicia electoral.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por el silencio, o más bien, por una evasiva calculada. Al ser cuestionada sobre la reforma, declaró que se trataba de una "decisión del Poder Legislativo" y que no "quisiera opinar al respecto". Esta postura, lejos de aclarar el panorama, sugiere una aquiescencia tácita a las decisiones de su partido, incluso cuando estas atentan contra los cimientos de la democracia.

Sheinbaum intentó matizar la situación al afirmar que no se trata de una permanencia automática, sino de la posibilidad de que los magistrados "participen de nuevo en la elección". Sin embargo, la propia naturaleza de la reforma, impulsada por un diputado de Morena y aprobada por la mayoría del partido, deja pocas dudas sobre la intención real: asegurar la continuidad de cuadros afines en posiciones clave del poder electoral.

Este episodio no es un hecho aislado. Se suma a una serie de acciones impulsadas por Morena que buscan concentrar poder y debilitar los contrapesos institucionales. La reforma electoral, en este contexto, se presenta como una herramienta más para moldear el sistema a conveniencia del partido en el poder, sacrificando la independencia judicial en el altar de la permanencia política.

La crítica de Colosio Riojas resuena como un llamado de alerta para la sociedad civil y la oposición. La defensa de la democracia no es una tarea exclusiva de los partidos políticos, sino un esfuerzo colectivo para evitar que las instituciones se conviertan en feudos personales o partidistas.

El TEPJF, pilar fundamental de la gobernabilidad democrática en México, se encuentra ahora en una encrucijada. La posibilidad de que sus magistrados se perpetúen en el cargo, bajo la sombra de un conflicto de interés evidente, pone en riesgo su credibilidad y su capacidad para garantizar elecciones justas y equitativas.

El "Regalito de Morena a los magistrados", como ya se le empieza a llamar, es una muestra clara de cómo un partido que llegó al poder con un discurso de cambio y regeneración, puede terminar replicando y superando las prácticas de los "viejos regímenes" que tanto criticó. La historia juzgará si esta jugada fue un acierto político o un grave error que erosionó aún más la confianza en las instituciones.

La pelota está ahora en el Senado. Será crucial observar si los legisladores, incluso dentro de las filas de Morena, tienen la entereza para corregir el rumbo y defender los principios democráticos, o si se subordinan a la voluntad de una cúpula que parece dispuesta a todo con tal de no soltar el poder.