La jornada electoral en Coahuila, destinada a renovar 25 diputaciones locales, se vio empañada por graves acusaciones de Morena contra el gobierno estatal y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La dirigencia nacional y representantes locales del partido guinda han denunciado una operación de "elección de Estado", caracterizada por violencia institucional y un presunto sistema de compra de votos a través de métodos tecnológicos.
Desde los días previos a la elección y hasta el cierre de casillas, Morena reportó la detención y retención ilegal de aproximadamente 200 militantes y simpatizantes, tanto de Morena como del Partido del Trabajo (PT). Según Ariadna Montiel, funcionaria de Morena, corporaciones policiales estatales habrían llevado a cabo operativos de persecución contra sus bases, manteniendo a personas detenidas en diversas fiscalías, con un enfoque particular en Torreón, incluso durante el desarrollo de la votación.
La decisión de hacer públicas estas detenciones hasta el cierre de las urnas, según explicó Montiel, fue una medida de "responsabilidad política" para evitar desincentivar la participación ciudadana o generar pánico. Sin embargo, la magnitud de las detenciones subraya la tensión y las presuntas tácticas de intimidación empleadas.
Las denuncias de Morena no se limitaron a las detenciones. La noche previa a la elección, la dirigencia reportó un intimidante despliegue de 20 patrullas que rodearon y amedrentaron a dos diputadas federales de Morena que se encontraban en la entidad. Este acto, según la denuncia, tuvo como objetivo "cuidarle el mecanismo de votación al PRI" y disuadir a los cuadros opositores.
El "Modus Operandi" Tecnológico del Fraude
Uno de los señalamientos más graves de Morena concierne a un presunto "modus operandi" tecnológico para la compra de votos. La denuncia detalla el uso de códigos QR, mediante los cuales los votantes supuestamente comprobarían, a través de fotografías de sus boletas, haber votado por el PRI a cambio de pagos económicos. Este esquema, según Morena, se basa en información obtenida de "integrantes del propio PRI cansados del régimen actual", y ha sido comparado con escándalos históricos de fraude electoral como los casos "Amigos de Fox" y "Monex".
La dirigencia de Morena asegura contar con "pruebas contundentes" y bases de datos generadas por el propio sistema utilizado por los operadores priistas. Estas evidencias, de ser validadas, pintarían un panorama desolador sobre la integridad del proceso electoral en Coahuila.
Omisión de Autoridades y Ruta Jurídica
Morena criticó la aparente omisión de las autoridades electorales locales, tanto del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) como del INE, quienes inicialmente reportaron una jornada "sin novedades" o incidentes mayores. Las denuncias presentadas por Morena desde el mediodía de la jornada electoral, según el partido, no habrían sido atendidas de manera oportuna por las instancias locales.
El proceso legal que Morena emprenderá implica el seguimiento de las quejas presentadas ante el instituto local, las cuales deberán ser integradas al proceso de cómputo. Sin embargo, Morena ha dejado claro que no será el INE quien tenga la última palabra, sino el Tribunal Electoral, ya sea en su Sala Superior o Regional, el que determinará la validez de la elección y resolverá las quejas por las irregularidades documentadas.
La dirigencia de Morena ha anunciado que continuará recopilando denuncias ciudadanas y videos durante la próxima semana para fortalecer el expediente que busca demostrar que la operación de compra de votos fue "generalizada" en todo el estado. "Tenemos la obligación ética de denunciarlo; no han sido pocos votos", sentenciaron los representantes, reafirmando su compromiso de llevar el caso hasta las últimas instancias para buscar "justicia para el pueblo de Coahuila".
La gravedad de estas acusaciones pone en entredicho la legitimidad del proceso electoral en Coahuila y abre la puerta a una batalla legal que podría tener repercusiones significativas en el panorama político estatal y nacional. La respuesta de las autoridades electorales y del Tribunal Electoral será crucial para determinar el desenlace de este conflicto.
El PRI, por su parte, no ha emitido una respuesta oficial detallada a estas acusaciones específicas, pero históricamente ha defendido la limpieza de sus procesos electorales. La narrativa de "elección de Estado" y "compra de votos" es una táctica recurrente en la política mexicana, pero las denuncias de Morena, respaldadas por supuestas pruebas tecnológicas, parecen apuntar a un nivel de sofisticación sin precedentes.
La inseguridad en la entidad, aunque no directamente ligada a las denuncias de fraude, es un telón de fondo constante que puede ser explotado para generar un clima de desconfianza. La presencia de corporaciones policiales en operativos de detención, como los denunciados, puede ser interpretada de diversas maneras, pero Morena la enmarca dentro de una estrategia de coacción y amedrentamiento.
El PT, al ser mencionado como víctima de detenciones arbitrarias, se alinea con Morena en esta denuncia, fortaleciendo el frente opositor contra lo que consideran "prácticas antidemocráticas" del PRI y el gobierno estatal. La unidad de estos partidos en la denuncia subraya la percepción de un adversario común y una estrategia coordinada para influir en el resultado electoral.
La comparación con casos históricos como "Amigos de Fox" y "Monex" busca evocar memorias de escándalos de fraude que marcaron la política mexicana, sugiriendo que las prácticas del PRI en Coahuila no son nuevas, sino una evolución de viejas mañas electorales, ahora potenciadas por la tecnología.
La estrategia de Morena de documentar y presentar pruebas ante el Tribunal Electoral es la vía legal establecida para impugnar resultados. El éxito de esta estrategia dependerá de la solidez de sus evidencias y de la imparcialidad con la que actúen los magistrados electorales, quienes tendrán la última palabra sobre la legitimidad de la elección.
El "pueblo de Coahuila" es invocado como el principal afectado por estas presuntas irregularidades, buscando legitimar la lucha de Morena como una defensa de la voluntad popular frente a la manipulación y la coacción. La narrativa busca movilizar el apoyo ciudadano y presionar a las autoridades electorales para que actúen con contundencia.
La "justicia para el pueblo de Coahuila" se convierte así en el lema de la batalla legal y política que Morena promete dar, elevando la contienda electoral a un plano de defensa de los principios democráticos frente a lo que perciben como un intento de "robar" la voluntad popular.