La Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados aprobó este martes la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un nuevo órgano dentro del INE que revisará los antecedentes de aspirantes a cargos de elección popular con apoyo de instituciones de seguridad nacional.
Con 28 votos a favor de Morena y sus aliados, nueve en contra y ninguna abstención, el dictamen pasó al pleno de San Lázaro para su discusión final. La propuesta busca blindar las elecciones intermedias de 2027 contra la infiltración del crimen organizado mediante un sistema de alertas clasificadas sobre candidatos con posibles nexos criminales.
El mecanismo funcionará como enlace entre partidos políticos y dependencias como el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria. Estas instituciones notificarán si existe "riesgo razonable" de vínculos delictivos, sin revelar detalles de investigaciones. Cada partido decidirá entonces si registra o no al candidato señalado.
Durante el debate, el diputado priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla lanzó una acusación directa contra el oficialismo: "Quieren ganar en la mesa lo que van a perder en las urnas". El legislador advirtió que el gobierno pretende decidir quién puede competir en las elecciones y denunció un doble rasero: "Al aliado lo protegen; al opositor lo intentan destruir".
El morenista Ernesto Alejandro Prieto Gallardo defendió la reforma argumentando que busca acabar con la injerencia del crimen organizado en los comicios y que cada partido debe asumir la responsabilidad de sostener candidaturas de riesgo. Insistió en que el objetivo es mejorar el sistema electoral mexicano.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ya había advertido sobre el "campo minado" que representa esta nueva facultad para la autoridad electoral. Taddei exigió un diseño estrictamente institucional para garantizar procedimientos imparciales y subrayó que el órgano electoral debe operar "sin intervenir en la definición de riesgos".
El principal temor institucional radica en la politización del mecanismo o en el entorpecimiento de la labor organizativa del INE. La Comisión de Verificación estaría conformada por cinco consejeros elegidos por el Consejo General del INE para periodos de tres años, pero las reglas operativas concretas aún generan incertidumbre.
La iniciativa llega en un contexto donde la violencia electoral ha marcado procesos recientes en México, pero también en medio de acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición sobre el uso político de las instituciones de seguridad y justicia.