Ricardo Monreal, figura clave en la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada de Morena, ha puesto un freno a las expectativas sobre modificaciones unilaterales a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El legislador enfatizó que cualquier cambio, ya sea de índole legal o constitucional, que afecte este esquema de continuación voluntaria en el régimen obligatorio, indefectiblemente deberá contar con la aprobación del Congreso de la Unión. Esta postura surge tras los recientes acuerdos anunciados por el propio IMSS para regularizar el salario de cotización y los pagos retroactivos dentro de esta modalidad, generando un debate sobre la autonomía del instituto frente al poder legislativo.
Monreal fue enfático al señalar que la normativa vigente es clara: "En cualquier caso de modificación constitucional o legal tiene que haber necesariamente una modificación o legal o constitucional del Congreso. De lo contrario se estaría incumpliendo una norma", sentenció el diputado. Esta declaración subraya la importancia del órgano legislativo como guardián de las leyes y contrapeso en las decisiones que impactan a millones de mexicanos, especialmente en temas tan sensibles como las pensiones y la seguridad social.
Si bien el coordinador parlamentario reconoció una "simpatía" generalizada hacia la propuesta y una disposición a respaldar los acuerdos alcanzados al interior del IMSS, reiteró que el respaldo legislativo es un paso ineludible. "Aunque estemos de acuerdo, aunque vemos con simpatía la propuesta de la negociación, sí tiene que necesariamente pasar por el Congreso", insistió Monreal, dejando claro que la voluntad política manifestada en otros ámbitos no sustituye el proceso democrático y deliberativo que exige la Cámara.
Las palabras de Monreal llegan en un momento crucial, justo después de que el Consejo Técnico del IMSS publicara un acuerdo con medidas temporales para la Modalidad 40. Estas medidas, que buscan regularizar el esquema de cotización, establecen cambios significativos para las nuevas incorporaciones y para quienes ya formaban parte de este programa. La intervención del legislador añade una capa de complejidad política a la implementación de estas nuevas reglas, al recordar que la última palabra en materia de ley reside en los representantes electos.
¿Qué es la Modalidad 40 y por qué genera debate?
La Modalidad 40, también conocida como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, es un esquema diseñado para aquellas personas que, habiendo dejado de cotizar al IMSS a través de un empleador, desean mantener su acceso al sistema de seguridad social. Su principal atractivo radica en la posibilidad de realizar aportaciones voluntarias, lo que permite incrementar las semanas cotizadas y, consecuentemente, mejorar el monto de la futura pensión. Este mecanismo ha sido fundamental para muchos trabajadores que buscan asegurar un retiro digno, especialmente aquellos bajo regímenes pensionarios más antiguos o con historiales laborales intermitentes.
El reciente acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación introduce cinco modificaciones clave que buscan, según el IMSS, dotar de mayor transparencia y control al esquema. Entre ellas, destaca la limitación del salario base para las nuevas cotizaciones, que no podrá exceder el último salario registrado al momento de la baja o un monto actualizado por la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, se eliminan las altas retroactivas, estableciendo que las nuevas inscripciones tendrán efecto a partir de la fecha de solicitud, y se priorizan los trámites digitales para una mayor eficiencia y trazabilidad.
Respeto a derechos adquiridos y el futuro de las pensiones
Una de las disposiciones más relevantes del acuerdo es la que garantiza la continuidad de las condiciones para quienes ya se encontraban inscritos en la Modalidad 40. Estas personas conservarán los términos bajo los cuales se incorporaron hasta la conclusión de su periodo contratado, y sus semanas cotizadas y salarios efectivamente pagados serán reconocidos para el cálculo de sus derechos pensionarios. Esta salvaguarda busca evitar la afectación de expectativas legítimas y proteger a quienes ya habían planificado su futuro financiero bajo las reglas previas.
Sin embargo, el acuerdo también contempla un periodo de análisis de seis meses para que el IMSS evalúe el impacto financiero de la modalidad y proponga posibles ajustes futuros. Este plazo sugiere que las medidas actuales podrían ser solo un paso intermedio hacia una reforma más profunda, cuyo alcance y contenido aún están por definirse. La intervención de Monreal, al exigir el paso por el Congreso, añade un elemento de incertidumbre sobre la celeridad y la forma en que se concretarán estos posibles ajustes.
La postura de Monreal resalta la compleja interrelación entre los órganos autónomos, el poder ejecutivo y el legislativo en México. Si bien el IMSS, como organismo descentralizado, tiene facultades para emitir acuerdos y regulaciones internas, las reformas que impliquen modificaciones a leyes o incluso a la Constitución requieren, por mandato expreso, la intervención del Congreso. Este principio democrático es fundamental para asegurar que las decisiones que afectan a la seguridad social de los ciudadanos sean tomadas tras un debate público y una deliberación legislativa adecuada.
El debate sobre la Modalidad 40 no es nuevo. Históricamente, ha sido un tema de discusión debido a su potencial para generar pensiones elevadas, lo que ha llevado a preocupaciones sobre su sostenibilidad financiera a largo plazo. Las medidas implementadas por el IMSS buscan equilibrar el derecho de los trabajadores a una pensión digna con la necesidad de mantener la solidez del sistema de seguridad social. La intervención del Congreso, como ahora exige Monreal, podría significar una mayor escrutinio público y un debate más amplio sobre el futuro de las pensiones en México.
En el contexto político actual, donde la mayoría de Morena en el Congreso ha sido fundamental para la aprobación de diversas iniciativas del gobierno, la insistencia de Monreal en la necesidad de un proceso legislativo formal para la Modalidad 40 podría interpretarse de diversas maneras. Podría ser una señal de prudencia institucional, un reconocimiento de los límites de la autonomía administrativa, o incluso una estrategia para asegurar que cualquier cambio cuente con un respaldo político más amplio y legítimo, más allá de los acuerdos internos del propio instituto.
La fecha de publicación de estas medidas, 21 de octubre de 2026, y la declaración de Monreal, subrayan la dinámica constante de ajuste y debate en torno a las políticas públicas en México. La Modalidad 40, al ser un componente vital para la planificación del retiro de muchos mexicanos, continuará siendo un foco de atención y, previsiblemente, de intensos debates legislativos en los próximos meses, ahora con la advertencia clara de que el Congreso tiene la última palabra.