En un panorama que aún exige atención urgente, México enfrenta la persistente realidad del trabajo infantil en ocupaciones no permitidas. Durante el año 2025, se estima que 1.8 millones de niñas, niños y adolescentes se vieron inmersos en labores que contravienen la ley, ya sea por estar por debajo de la edad mínima establecida o por realizarse en entornos peligrosos para su salud, seguridad y desarrollo integral. Un dato alarmante es que más de un tercio de estos menores, específicamente el 36.2%, no recibió remuneración alguna por su esfuerzo, mientras que otro segmento significativo, el 52.9%, apenas percibió hasta un salario mínimo.

Descenso en Cifras, Persistencia del Problema

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), arroja luz sobre esta problemática, mostrando una ligera reducción en comparación con 2022, cuando la cifra ascendía a 2.1 millones de menores. La tasa general de participación en trabajos no permitidos para la población de 5 a 17 años ha disminuido del 7.5% al 6.6%. Sin embargo, esta aparente mejora no debe opacar la magnitud del desafío: uno de cada 15 menores en este rango de edad sigue laborando en condiciones que vulneran sus derechos fundamentales.

De los 1.8 millones de menores involucrados, aproximadamente 800,000 tenían menos de 15 años, una edad en la que la ley prohíbe la mayoría de las actividades económicas. El millón restante correspondía a adolescentes de 15 a 17 años que, si bien están en una etapa donde el trabajo es más factible, se encontraban desempeñando tareas consideradas peligrosas. La falta de ingresos fue particularmente acentuada entre las niñas, con un 41.6% sin recibir pago, frente al 34% de los niños, evidenciando una brecha de género en la explotación laboral.

El Entorno Familiar y las Motivaciones Detrás del Trabajo Infantil

El estudio del Inegi subraya la profunda conexión entre el trabajo infantil y el entorno familiar. Un abrumador 58% de los menores trabajaba o ayudaba a un familiar, y el 73.6% se desempeñaba en unidades económicas de pequeña escala, con dos a cinco personas. Las razones aducidas para trabajar son variadas y complejas. Un 30.6% afirmó hacerlo por gusto o para ayudar, mientras que un 22.4% buscaba financiar su educación o cubrir gastos personales. Un 14.9% deseaba aprender un oficio, y un preocupante 9.8% señaló que el hogar dependía de su trabajo, mientras que un 6.6% indicó que su aportación económica era necesaria.

Históricamente, el sector agrícola y las actividades primarias han sido un refugio para el trabajo infantil en México. En 2025, las labores de apoyo en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca concentraron el 27.9% de los menores en ocupaciones no permitidas. Le siguieron de cerca las actividades de apoyo en minería, construcción e industria, con un 25.2%. Juntos, estos sectores aglutinaron a más de la mitad de los niños y adolescentes en situación de explotación laboral. El comercio, en sus diversas modalidades como vendedores y agentes de ventas (16.4%) y venta ambulante (6.6%), también representa una fuente importante de empleo no regulado para menores.

Riesgos y Jornadas Extenuantes

La clasificación de "ocupación no permitida" abarca no solo la edad, sino también la naturaleza de las tareas y las condiciones laborales. El reporte del Inegi identifica una serie de riesgos inherentes a estos trabajos, que incluyen operar en alturas, manipular cargas pesadas, cumplir con jornadas nocturnas o laborar en entornos insalubres y peligrosos como bares, cantinas o basureros. Estos factores comprometen seriamente la salud física y mental de los menores, así como su potencial de desarrollo.

Las jornadas extensas son otra faceta preocupante de este fenómeno. El 32.1% de los menores en ocupaciones no permitidas dedicaba más de 28 horas semanales a trabajar, y un alarmante 12.2% superaba las 48 horas semanales, un umbral que excede la jornada laboral estándar para adultos. Entre los niños, la proporción que rebasó las 48 horas fue del 14.3%, casi el doble que entre las niñas (7.1%), lo que sugiere una mayor carga de trabajo para el género masculino en estas condiciones.

Brechas de Género, Étnicas y Geográficas

La incidencia del trabajo infantil no es uniforme. De los 1.8 millones de menores en ocupaciones no permitidas, 1.3 millones eran niños y alrededor de 500,000 eran niñas. Esto se traduce en tasas de participación distintas: el 9.2% de los niños de 5 a 17 años realizaba estas actividades, en contraste con el 3.9% de las niñas. Entre los adolescentes varones de 15 a 17 años, la proporción se disparaba hasta un preocupante 22.1%, es decir, más de uno de cada cinco. Esta disparidad de género en la participación laboral infantil es un reflejo de roles sociales y expectativas culturales arraigadas.

La población indígena enfrenta una vulnerabilidad aún mayor. Registró una tasa de ocupación no permitida del 14.2%, más del doble del promedio nacional. Entre los niños indígenas, esta cifra se elevaba a un alarmante 22.5%. Esta situación pone de manifiesto las barreras estructurales y la discriminación que enfrenta este sector de la población, exacerbando su exposición al trabajo infantil. Las diferencias también se observan según el grado de urbanización. En localidades con menos de 100,000 habitantes, la tasa fue del 8.8%, mientras que en las áreas más urbanizadas, la cifra descendió al 3.6%, sugiriendo que el trabajo infantil puede estar más arraigado en contextos rurales o semiurbanos.

Trabajo Infantil y Quehaceres Domésticos: Una Doble Carga

Es crucial distinguir entre las ocupaciones no permitidas y los quehaceres domésticos. El Inegi también contabilizó a 1.9 millones de menores que realizaban tareas domésticas en sus propios hogares bajo condiciones inadecuadas, ya sea por horarios prolongados o por exposición a peligros. Alrededor de 200,000 menores combinaban ambas modalidades, es decir, realizaban tanto ocupaciones no permitidas como quehaceres domésticos en condiciones perjudiciales. Al descontar esta duplicación, el trabajo infantil en sus diversas manifestaciones afectó a un total de 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes en 2025. Esto representa el 12.6% de la población de 5 a 17 años.

Si bien esta cifra representa una disminución respecto a los 3.7 millones registrados en 2022 (cuando la tasa fue del 13.1%), la incidencia de 2025 aún supera el 12.3% observado una década antes, en 2015. Esto indica que, a pesar de los esfuerzos y las políticas implementadas, el trabajo infantil sigue siendo un desafío persistente que requiere de estrategias más efectivas y un compromiso renovado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la infancia en México. La protección de los niños y adolescentes, especialmente aquellos en contextos de vulnerabilidad, debe ser una prioridad nacional ineludible.