México se posiciona de manera destacada en el panorama de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en cuanto a la confianza ciudadana en sus instituciones gubernamentales. Un 53 por ciento de los mexicanos encuestados reporta tener una confianza alta o moderadamente alta en su gobierno nacional, cifra que, si bien representa un leve descenso respecto a mediciones anteriores, lo sitúa por encima del promedio general de la OCDE, que se ubica en 40 por ciento.
Este nivel de confianza coloca a México entre los cinco países miembros de la OCDE con mayor aprobación ciudadana, solo por debajo de naciones como Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo. La encuesta, que en su tercera edición abarcó a 33 países miembros y 5 candidatos, revela particularidades interesantes en la percepción mexicana.
Un dato relevante que arroja el estudio es la correlación entre el nivel educativo y la confianza en el gobierno. Según el informe, la confianza en el gobierno nacional tiende a ser mayor entre aquellos encuestados con menor nivel de educación en México. Este hallazgo sugiere que la percepción de la efectividad y la legitimidad de las acciones gubernamentales puede variar significativamente entre distintos estratos sociales y educativos.
En contraste con la tendencia general en la OCDE, donde la confianza en los gobiernos locales suele ser superior a la de los gobiernos nacionales (46 por ciento frente a un promedio no especificado para el nacional en ese contexto), en México la situación es inversa. La confianza en el gobierno nacional (53 por ciento) supera a la manifestada hacia las administraciones locales, que se sitúa en 47 por ciento.
Este fenómeno podría atribuirse a diversos factores, incluyendo la centralización de ciertas políticas públicas, la visibilidad de las acciones del gobierno federal o la percepción de mayor impacto de las decisiones tomadas a nivel nacional en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Sin embargo, no todas las instituciones gozan de la misma percepción. La credibilidad sobre las Cortes y el Sistema Judicial en México experimentó un ligero retroceso, pasando del 53 por ciento en la encuesta de 2023 a un 51 por ciento en la medición más reciente. Aunque esta disminución es mínima, señala un área de atención para el fortalecimiento de la confianza en el sistema de justicia del país.
El informe de la OCDE subraya la importancia fundamental de la confianza en las instituciones públicas. "Una porción saludable de confianza en las instituciones públicas es crítica para implementar reformas que alcancen las expectativas y necesidades de los ciudadanos, haciendo de la confianza un objetivo de política en sí mismo", se lee en el documento.
En el contexto mexicano, esta alta confianza en el gobierno nacional, a pesar de los desafíos y las fluctuaciones, representa un capital político significativo. Históricamente, la relación entre la ciudadanía y el gobierno en México ha estado marcada por periodos de escepticismo y desconfianza, pero también por momentos de fuerte identificación y apoyo.
La encuesta de la OCDE proporciona una instantánea valiosa de la percepción actual, pero las implicaciones a largo plazo dependerán de la capacidad del gobierno para mantener y fortalecer esta confianza a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la efectividad en la implementación de políticas públicas que respondan a las demandas ciudadanas.
El análisis de la OCDE también pone de relieve que la confianza no es un fenómeno estático. Factores como el desempeño económico, la seguridad pública, la eficacia de los servicios sociales y la percepción de justicia pueden influir en la evolución de la opinión pública.
Para México, mantener y, si es posible, incrementar estos niveles de confianza será crucial para la gobernabilidad y la implementación de agendas de reforma. La ligera caída en la confianza judicial, por ejemplo, podría ser un llamado a revisar los mecanismos de acceso a la justicia y la percepción de imparcialidad del sistema.
En resumen, mientras la confianza en el gobierno nacional se mantiene robusta y por encima del promedio de la OCDE, la credibilidad del sistema judicial presenta un área de oportunidad. Estos datos son esenciales para que las autoridades mexicanas comprendan el pulso de la opinión pública y ajusten sus estrategias para servir mejor a la ciudadanía.