Movimiento Ciudadano (MC) ha lanzado un ultimátum a la Fiscalía General del Estado de Morelos, exigiendo celeridad y contundencia en la investigación contra el diputado federal de Morena y otrora gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco Bravo. El partido naranja, a través de la diputada federal Anayeli Muñoz Moreno, ha presentado un punto de acuerdo que insta a las autoridades estatales a dar carpetazo a las dilaciones y avanzar en la integración de la carpeta de investigación por presunta violación en grado de tentativa, garantizando siempre una perspectiva de género y el acceso a la justicia para la denunciante, Nidia Fabiola, media hermana del exfutbolista.
La legisladora de MC ha cuestionado abiertamente la lentitud del proceso, recordando que desde enero de 2026 la propia Fiscalía de Morelos había informado que la carpeta de investigación permanecía activa y con diligencias pendientes. Sin embargo, a la fecha, no existe una fecha estimada para la conclusión de estas indagatorias, lo que ha generado la indignación del partido.
"No estamos juzgando al legislador de Morena, estamos diciendo que una mujer que está presentando una denuncia y que además ha señalado que ha sido amenazada en diferentes ocasiones, debe tener derecho al acceso a la justicia", enfatizó Muñoz Moreno, subrayando la urgencia de proteger a la víctima y garantizar un proceso imparcial.
Perspectiva de Género y Protección a Víctimas
Las demandas de Movimiento Ciudadano van más allá de la simple reactivación de la investigación. El partido también ha solicitado que se actualice la evaluación de riesgo de la denunciante y se implementen medidas de protección efectivas para prevenir cualquier acto de intimidación o revictimización. Esta exigencia se enmarca en la creciente preocupación por la seguridad de las mujeres que denuncian agresiones, especialmente en casos donde los presuntos agresores ostentan cargos públicos.
Además, MC ha aprovechado la coyuntura para exhortar al gobierno de Morelos, encabezado por Margarita González Saravia, a fortalecer la coordinación institucional y priorizar las investigaciones sobre feminicidios, homicidios dolosos y delitos sexuales contra mujeres. La exigencia incluye el cumplimiento de las medidas establecidas en la Alerta de Violencia de Género, un mecanismo que busca atender la problemática de la violencia de género en la entidad.
El Fantasma del Desafuero
La presión de Movimiento Ciudadano también apunta a la posibilidad de solicitar nuevamente el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Según las peticiones del partido, si existen los elementos jurídicos necesarios y se atienden las observaciones previas de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la Fiscalía de Morelos debería presentar una nueva solicitud de declaración de procedencia contra el legislador.
Cabe recordar que en marzo de 2025, la Sección Instructora había desechado una solicitud similar para retirar el fuero constitucional al entonces diputado. La razón principal fue que el expediente presentado por la Fiscalía estatal presentaba deficiencias y carecía de una investigación técnica y profesional adecuada, lo que impidió el avance del procedimiento legislativo.
La Voz Ciudadana en Morelos
La coordinadora estatal de MC en Morelos, Jessica Ortega, ha sido una figura clave en esta movilización. El pasado 5 de noviembre, presentó una petición ciudadana formal ante la Fiscalía estatal para exigir avances concretos en el caso. Paralelamente, el partido interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, buscando dar seguimiento a las observaciones realizadas por la Sección Instructora y asegurar que el caso no quede en el olvido.
Ortega ha sido enfática al señalar que Cuauhtémoc Blanco debe enfrentar las investigaciones sin privilegios, sin recibir un trato distinto por su cargo como legislador federal. La exigencia es clara: que la justicia prevalezca sin importar la investidura del acusado.
Antecedentes de la Investigación
La denuncia contra el exgobernador de Morelos se hizo pública en octubre de 2024, cuando se dio a conocer la apertura de una carpeta de investigación por el presunto delito de violación en grado de tentativa, basada en la denuncia presentada por Nidia Fabiola. Desde entonces, el caso ha estado marcado por la lentitud de las autoridades y las preocupaciones por la seguridad de la denunciante.
En marzo de 2026, la propia denunciante reveló haber recibido amenazas y que, de manera inexplicable, le fue retirada la vigilancia policial que contaba como medida de protección. Este hecho exacerbó la preocupación de MC y de diversos colectivos feministas, quienes han insistido en que las autoridades deben garantizar la seguridad de las víctimas y concluir las diligencias necesarias para determinar lo conducente en la investigación.
El caso de Cuauhtémoc Blanco pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el sistema de justicia en México para atender denuncias de violencia sexual, especialmente cuando involucran a figuras públicas. La presión de Movimiento Ciudadano busca, en última instancia, sentar un precedente y asegurar que la impunidad no sea una opción, incluso para aquellos que gozan de fuero.
La insistencia de MC en este caso subraya su estrategia de posicionarse como un partido que defiende los derechos de las mujeres y exige rendición de cuentas a los políticos, particularmente a aquellos vinculados con Morena, el partido que ha sido su principal adversario político. La situación de Blanco se convierte así en un símbolo de la lucha por la justicia y la equidad de género en el estado y en el país.
En el contexto político actual, donde la seguridad y la justicia son temas centrales, la postura de Movimiento Ciudadano podría resonar con un sector del electorado que demanda mayor transparencia y eficacia por parte de las instituciones. La respuesta de la Fiscalía de Morelos y de la Cámara de Diputados a estas exigencias será crucial para determinar el curso de este polémico caso y la percepción pública sobre la impartición de justicia en México.