Una coalición de más de veinte organizaciones campesinas e indígenas de distintas regiones de México ha dado un paso histórico al conformar la Coordinación Nacional de Unidad Patriótica, un organismo que busca trazar la ruta hacia una nueva reforma agraria en el país.
La iniciativa surge como respuesta a los múltiples desafíos que enfrentan las comunidades rurales: la creciente privatización de tierras ejidales y comunales, la ausencia de tecnificación agrícola, los alarmantes índices de pobreza y desnutrición en zonas rurales, y el desplazamiento forzado de familias enteras de sus territorios ancestrales.
Los representantes de estas organizaciones coinciden en que el modelo agrario actual ha dejado en el abandono a millones de campesinos e indígenas, quienes siguen siendo el pilar de la producción alimentaria nacional pero carecen de las herramientas y el respaldo institucional necesarios para prosperar.
La Coordinación Nacional de Unidad Patriótica plantea como objetivo central la defensa irrestricta de los derechos humanos de las comunidades rurales, incluyendo el derecho a la tierra, al agua, a la alimentación y a la autodeterminación de los pueblos originarios.
Aunque los dirigentes reconocen que la transformación del campo mexicano será un proceso de largo aliento, la articulación de este frente nacional representa un mensaje contundente: las comunidades campesinas e indígenas están organizadas y decididas a recuperar el protagonismo que les corresponde en la construcción del país.
La nueva coordinadora agrupa a ejidatarios, comuneros y pueblos originarios de norte a sur del territorio nacional, lo que le confiere una representatividad inédita y la capacidad de incidir en las políticas públicas del sector rural con una voz unificada y legítima.