La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, reveló este martes que recibió durante la madrugada un nuevo citatorio para comparecer ante autoridades capitalinas, derivado de una denuncia presentada por el senador morenista Javier Corral, quien la acusa de presunto secuestro.
En un video difundido en redes sociales, Campos denunció abiertamente persecución política y aseguró que "se ha levantado contra mí todo el aparato del poder". La mandataria estatal señaló que las autoridades federales intentan reabrir un caso que ya había sido cerrado, en medio de la controversia por el operativo en Chihuahua donde participaron agentes de la CIA.
La acusación de Corral se remonta a agosto de 2024, cuando elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra el entonces exgobernador en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma. Aquella noche, el fiscal capitalino Ulises Lara intervino para evitar la detención de Corral, quien enfrentaba señalamientos por desvío de 98 millones de pesos durante su gestión.
Corral argumentó en su momento que el intento de detención constituyó una privación ilegal de la libertad, al realizarse fuera de todo cauce legal y sin autorización de las autoridades de la Ciudad de México. Ahora, esa denuncia resurge justo cuando Campos enfrenta el escrutinio federal por el cuestionado operativo donde murieron dos agentes.
La gobernadora panista confirmó que acudirá tanto a la comparecencia ante la FGR en Ciudad Juárez este miércoles 27 de mayo por el caso de la CIA, como al nuevo citatorio derivado de la acusación de Corral. "Es lamentablemente increíble y terrible", expresó Campos al referirse a lo que califica como un acoso institucional.
El senador morenista ha mantenido una postura crítica contra la administración de Campos, acusándola de un "tobogán de mentiras" tras la muerte de los agentes en el operativo de Chihuahua. Corral cuestionó que en lugar de reconocer errores, el gobierno estatal optara por responsabilizar a elementos del Ejército mexicano.
La escalada de acusaciones cruzadas entre la gobernadora panista y el senador oficialista evidencia la profundización del conflicto político, en un momento donde Campos enfrenta también una solicitud de juicio político presentada por diputados locales. El caso se suma a la creciente tensión entre gobiernos estatales de oposición y el poder federal.