La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha roto el silencio para explicar su notoria ausencia en el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, un evento al que asistieron la mayoría de los mandatarios estatales. Campos Galván, la única mandataria que no se presentó, ofreció una explicación que pinta un cuadro sombrío de las relaciones políticas actuales en México, sugiriendo que su presencia habría generado incomodidad y que la invitación carecía de una genuina consideración.
“Al respecto les digo que uno sabe bien cuándo la invitación es por compromiso y cuándo por consideración”, declaró la gobernadora, dejando entrever que la convocatoria presidencial no emanaba de un deseo sincero de incluirla, sino de una formalidad protocolaria. Esta sutil pero contundente afirmación sugiere una profunda fractura en la comunicación y la confianza entre el gobierno federal y algunas administraciones estatales, particularmente aquellas encabezadas por la oposición.
Campos Galván no eludió las circunstancias que, según ella, han marcado su relación con el gobierno federal. Hizo referencia explícita a las acusaciones y señalamientos que han surgido en su contra, particularmente en relación con la incursión de agentes de la CIA en Chihuahua y el posterior descubrimiento de un presunto narcolaboratorio. Estos eventos, ocurridos en meses previos, han sido un punto de fricción y han generado un ambiente de tensión que, a juicio de la gobernadora, hacía inviable su asistencia al informe.
“Agregó que, luego de esa ofensiva ‘por cumplir responsabilidades’, ella no se podía dar por invitada por consideración”, se lee en la nota original, subrayando la percepción de Campos de que las acciones del gobierno federal en su contra o en torno a su estado habían minado cualquier posibilidad de una relación cordial y de mutuo respeto. La mandataria panista enfatizó que su decisión de no asistir no fue un acto de rebeldía, sino de “prudencia y consideración” hacia la propia Presidenta Sheinbaum, buscando evitar una situación que pudiera resultar embarazosa o contraproducente.
“A muchos mi presencia iba a resultar incómoda”, confesó la gobernadora, reconociendo que las tensiones políticas y las controversias previas habrían hecho de su asistencia un foco de atención no deseado, eclipsando el propósito del informe presidencial. En lugar de acudir a un evento donde su presencia pudiera ser vista como una imposición o una fuente de fricción, Campos optó por atender su agenda en el estado, priorizando, según sus palabras, el bienestar de los chihuahuenses.
Sin embargo, a pesar de las evidentes fricciones, Maru Campos reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno Federal. Esta postura, aunque matizada por sus críticas, busca proyectar una imagen de responsabilidad institucional y de compromiso con los ciudadanos de Chihuahua. La gobernadora subrayó que su principal objetivo es el beneficio de su estado, y que está dispuesta a tender puentes de cooperación siempre que sea posible, independientemente de las diferencias políticas.
La mandataria panista aprovechó para lanzar una crítica más amplia al clima político que, según ella, se vive en el país. “Pienso que son tiempos de polarización sembrada desde el poder, así que ‘no podemos esperar actos auténticamente republicanos’”, afirmó, señalando directamente al gobierno federal como artífice de un ambiente de división. Para Campos, su rol trasciende su persona; “yo no me represento a mí, sino a los chihuahuenses”, sentenció, elevando su postura a una defensa de los intereses de su entidad federativa.
Este episodio se enmarca en una serie de desencuentros entre Maru Campos y el gobierno de Claudia Sheinbaum. A lo largo de los últimos meses, la gobernadora ha sido una voz crítica hacia Morena y la administración federal. Un ejemplo notable fue su exigencia de que el Gobierno Federal entregara a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, ante las acusaciones de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico. Esta petición fue desestimada por Sheinbaum, quien la calificó de “propaganda”.
Otro punto de discordia fue el retiro de la visa estadounidense a Andy López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador. Campos criticó esta acción, sugiriendo que desde la administración federal se había “jugado con fuego y se habían quemado”. Esta declaración sirvió para justificar, desde su perspectiva, el retiro de visas a funcionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado, y para recordar que la visa americana no es un derecho, sino un privilegio, un argumento que ha sido recurrente en el debate sobre la política migratoria y de seguridad.
El contexto de estas declaraciones es crucial para entender la postura de Maru Campos. La mandataria ha sido objeto de investigaciones y señalamientos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que ha generado un ambiente de confrontación. La FGR ha señalado que Campos no colaboró en un citatorio relacionado con los agentes de la CIA, entregando únicamente un escrito. Esta dinámica de acusaciones mutuas y defensas enérgicas subraya la profunda desconfianza y la polarización que caracterizan la relación entre el gobierno federal y algunas administraciones estatales opositoras.
Históricamente, la relación entre los gobiernos federales y las administraciones estatales en México ha sido compleja, marcada por la negociación, la cooperación y, en ocasiones, por la confrontación. Sin embargo, la intensidad de las acusaciones y la retórica empleada en los últimos años sugieren un deterioro significativo de las prácticas republicanas y un aumento de la politización de temas que deberían abordarse desde una perspectiva de Estado. La ausencia de Maru Campos en el informe de Sheinbaum es, en este sentido, un síntoma de un malestar más profundo que afecta la gobernabilidad del país.
Las implicaciones de esta tensión son diversas. Por un lado, puede dificultar la coordinación en materia de seguridad, desarrollo económico y otros rubros que requieren una colaboración estrecha entre los distintos niveles de gobierno. Por otro lado, la retórica de polarización puede erosionar la confianza ciudadana en las instituciones y exacerbar las divisiones sociales. La postura de Campos, al defender a los chihuahuenses y al señalar la falta de actos republicanos, busca posicionarse como una defensora de los intereses locales frente a lo que percibe como un gobierno centralista y partidista.
En el ámbito político, la decisión de Campos de ausentarse y de expresar públicamente sus razones puede ser interpretada como una jugada estratégica. Al marcar distancia y al criticar abiertamente al gobierno federal, busca fortalecer su imagen como una líder fuerte y autónoma, capaz de defender los intereses de su estado frente a las presiones del poder central. Esto podría ser particularmente relevante de cara a futuras contiendas electorales o a la consolidación de su liderazgo dentro del Partido Acción Nacional (PAN).
La Presidenta Sheinbaum, por su parte, enfrenta el desafío de mantener la unidad nacional y de fomentar un ambiente de colaboración, a pesar de las críticas y las diferencias políticas. La forma en que responda a estas tensiones, y si logra tender puentes de diálogo con las administraciones estatales opositoras, será un factor determinante en la percepción de su gobierno y en la estabilidad política del país. La ausencia de Campos es un recordatorio de que la reconciliación y la construcción de consensos siguen siendo tareas pendientes en la agenda nacional.
En conclusión, la explicación de Maru Campos sobre su ausencia en el informe de Sheinbaum revela una profunda grieta en el panorama político mexicano. Más allá de un simple desaire protocolario, la gobernadora de Chihuahua ha puesto de manifiesto las tensiones, las desconfianzas y la polarización que, según ella, emanan del poder federal. Su decisión de priorizar la prudencia y la representación de los chihuahuenses, en lugar de asistir a un evento donde se sentiría incómoda, es un reflejo de un país dividido, donde los gestos de unidad y los actos republicanos parecen cada vez más escasos.