Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, lanzó un llamado directo al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, para que enfrente los cargos que pesan en su contra en territorio estadounidense. El empresario no se guardó nada: exigió que tanto Rocha como los demás ex funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado "den la cara" ante la justicia norteamericana.
La declaración de Rubin representa un golpe más a la ya deteriorada imagen del mandatario morenista, quien solicitó licencia en medio del escándalo que estalló cuando autoridades estadounidenses formalizaron acusaciones contra él y su círculo cercano. Las imputaciones apuntan a supuestas conexiones con estructuras criminales que operan en la entidad del noroeste mexicano.
Desde que se conocieron los señalamientos, Rocha Moya ha evitado pronunciarse con claridad sobre su disposición a comparecer ante instancias judiciales extranjeras. Su silencio contrasta con la presión creciente que ejercen voces del sector empresarial y de la sociedad civil, quienes reclaman transparencia en un caso que ha sacudido la credibilidad del gobierno estatal.
La American Society of Mexico agrupa a empresarios y profesionistas vinculados con intereses binacionales, por lo que la postura de su líder adquiere relevancia en el contexto de las relaciones México-Estados Unidos. Rubin dejó claro que la única vía para despejar dudas es que los acusados se presenten voluntariamente ante las autoridades correspondientes.
El caso de Rocha Moya se suma a una lista de funcionarios morenistas que han enfrentado señalamientos por corrupción o nexos ilícitos en los últimos años. La falta de respuestas contundentes alimenta la percepción de impunidad que rodea a figuras del oficialismo cuando son tocadas por escándalos de esta magnitud.
Mientras tanto, en Sinaloa la incertidumbre política persiste. La ausencia del gobernador titular ha dejado un vacío de liderazgo en momentos en que la entidad enfrenta graves problemas de inseguridad y violencia. La exigencia de Rubin refleja el hartazgo de sectores que demandan rendición de cuentas sin importar el color partidista.
Hasta el momento, ni Rocha Moya ni su equipo legal han respondido públicamente al emplazamiento del líder empresarial. La pregunta que flota en el ambiente es si el gobernador con licencia optará por defender su inocencia en las cortes estadounidenses o si continuará refugiándose en el silencio y las maniobras jurídicas para evadir el proceso.